La República Democrática del Congo (RDC) presentó una demanda ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) contra Ruanda, acusando a su vecino de haber cometido graves violaciones de derechos humanos y actos que podrían constituir crímenes internacionales desde 1996. La denuncia, presentada ante el tribunal con sede en La Haya, sostiene que Ruanda habría participado en una campaña de violencia en el este del territorio congoleño, una región marcada por conflictos armados, desplazamientos masivos y disputas por el control de recursos naturales.
Según la RDC, las acciones denunciadas ocurrieron después del genocidio de 1994 contra los tutsis en Ruanda y estuvieron dirigidas principalmente contra comunidades hutus que se refugiaron en el entonces Zaire, así como contra varios pueblos congoleños, entre ellos los nyindu, bembe, lega, nande, hunde y bashi. Kinshasa afirma que Ruanda intervino mediante sus propias fuerzas militares y a través de grupos armados aliados, entre ellos el movimiento rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23), al que acusa de recibir apoyo externo y de haber participado en nuevas ofensivas en los últimos años.
La demanda llega en un momento de alta tensión regional, después de que el M23 recuperara fuerza desde finales de 2021 y tomara importantes zonas del este congoleño, incluyendo las ciudades de Goma y Bukavu a comienzos de 2025. Aunque la RDC y Ruanda habían firmado un acuerdo de paz con mediación internacional en diciembre, los combates continuaron. Hasta el momento, el Gobierno ruandés no ha emitido una respuesta oficial a la demanda presentada ante la CIJ.
