La petición impulsada por Declassified UK e International Centre of Justice for Palestinians (ICJP) exhorta a los ministros del Interior y de Asuntos Exteriores británicos que se inicien investigaciones y procedimientos judiciales para determinar la implicación en los crímenes de guerra cometidos en Gaza de unos 2.000 ciudadanos británicos que son militares en servicio activo del ejército israelí.
Declassified UK, un medio independiente especializado en investigar violaciones de derechos humanos y los impactos ambientales asociados a las actividades de las fuerzas armadas, los servicios de inteligencia británicos y las grandes multinacionales, publicó en febrero de 2025 unos datos desclasificados que ponen de manifiesto el elevado número de personas de distintas nacionalidades con doble o múltiple ciudadanía —entre ellas, la israelí— que sirven en las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF). Entre los cerca de 50.000 militares incluidos en la relación figuran también 928 ciudadanos italianos.
En particular, a partir de la documentación examinada por los analistas del Public Interest Law Centre (PILC) y por sus propios reporteros, la investigación de Declassified UK demostró que, en el período posterior al 7 de octubre de 2023, de los más de 2.000 británicos con ciudadanía israelí, muchos viajaron a Israel y algunos acudieron a Gaza. Por ejemplo, el londinense Sam Sank, que entre diciembre de 2023 y enero de 2024 se grabó a sí mismo mientras era sargento mayor operativo «en el frente», declaró al Times que en su unidad de las Fuerzas de Defensa de Israel había un escocés y que, al igual que ellos, intervenían «cientos, si no miles, de otros británicos que combaten en Israel».
El texto de la carta abierta dirigida a las ministras británicas Shabana Mahmood y Yvette Cooper (titulares de Interior y Exteriores, respectivamente), ha sido elaborado por los abogados del International Centre of Justice for Palestinians (ICJP) y por los redactores de Declassified UK. El documento, respaldado ya por más de 24.000 abogados, jueces, profesores de Derecho, periodistas y ciudadanos británicos, forma parte de la campaña «Nadie quiere vivir al lado de un criminal de guerra» y sostiene lo siguiente:
En interés del derecho internacional y nacional, de la transparencia y de la seguridad pública, pedimos al gobierno del Reino Unido que:
- a) implemente una obligación de divulgación de informaciónrelativa a haber servido en el ejército israelí, sometiendo a los viajeros que posean documentos de viaje israelíes o que procedan de un aeropuerto de Tel Aviv a posibles inspecciones complementarias, en los puntos de entrada, conforme a las normas nacionales sobre inadmisibilidad por crímenes de guerray/o a políticas de visados modificadas;
- b) lleve a cabo investigaciones y procedimientos judiciales rigurosos, imparciales e independientes, a nivel nacional o internacional, en cumplimiento de la obligación degarantizar la determinación de responsabilidades por los crímenes más graves según el derecho internacional, para garantizar justiciaa todas las víctimas y prevenir futuros crímenes.
El hecho de que el gobierno británico no recopile datos sobre los desplazamientos de potenciales criminales de guerra israelíes suscita serias preocupaciones. Individuos que han regresado de los combates en Gaza podrían vivir ahora a nuestro lado y trabajar en instituciones públicas, como hospitales, cuerpos de policía y escuelas.
Nadie quiere vivir al lado de un potencial criminal de guerra, y menos aún los miembros de la comunidad palestina en el Reino Unido, que tienen familiares o amigos víctimas de crímenes de guerra.
En noviembre de 2024, la Corte Penal Internacional (CPI) emitió órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y contra el exministro de Defensa, Yoav Gallant, quien supervisaba las operaciones de las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) en Gaza.
Mientras tanto, en enero de 2024, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) constató la existencia de pruebas «plausibles» de que en Gaza se había producido un genocidio, y la Comisión de Investigación de las Naciones Unidas (UN COI) concluyó que «Israel ha cometido un genocidio en la Franja de Gaza» y que «las autoridades israelíes han cometido el crimen contra la humanidad de exterminio en la Franja de Gaza».
A la luz de los dictámenes de la Corte Penal Internacional, de la Corte Internacional de Justicia y de la Comisión de Investigación de la ONU, en interés del derecho internacional y nacional, de la transparencia y de la seguridad pública, el gobierno del Reino Unido debe aplicar inmediatamente las medidas anteriores con el fin de garantizar un control adecuado sobre los soldados de las Fuerzas de Defensa israelíes que regresan al Reino Unido.
