Por Marco Díaz Soza*

El embargo de cuentas corrientes a los deudores del CAE (Crédito con Aval del Estado) no es un simple cobro administrativo. Es el último eslabón de una cadena de violencia económica que comenzó hace décadas con la privatización de la educación. Cuando el Estado embarga el sueldo de un joven profesor, de una enfermera o de un técnico,cuyos salarios son altamente precarizados, no está cobrando una deuda: está cobrando las consecuencias de haber convertido un derecho en un negocio.

La tragedia comienza en 1981, cuando la dictadura privatizó la educación superior. El Estado se retiró de su deber de formar ciudadanos y abrió la puerta a decenas de universidades privadas de cuestionada excelencia. Nacieron casas de estudio cuyo principal indicador de calidad no era la investigación ni el aporte al país, sino la capacidad de vender matrículas y endeudar estudiantes. El CAE, creado el 2005 bajo el discurso de “igualar oportunidades”, fue en realidad el salvavidas de ese modelo. El Estado garantizaba el crédito, la banca ganaba los intereses, y el joven de 18 años firmaba una hipoteca sobre su futuro sin entender el peso de 15 o 20 años de deuda.

Hoy, el despojo se hace concreto. El embargo de cuentas corrientes representa la culminación de esa lógica: los grupos económicos que lucran con la educación a través de universidades, bancos y fondos de inversión, ahora ejecutan judicialmente a quienes quedaron atrapados. Le quitan al deudor lo mínimo para vivir, mientras las instituciones que recibieron millones por esos mismos créditos no responden por la calidad entregada. Se privatizaron las ganancias y se socializaron las pérdidas, pero a costa y sufrimiento de miles de estudiantes.

Esto es lo terrible, porque destruye proyectos de vida. Un embargo no solo quita dinero del suyo insuficiente, impide arrendar, pedir un crédito hipotecario, emprender. Condena a una generación a la precariedad por haber querido estudiar. Y es despojo porque la educación pública, que formó a Chile por décadas de forma gratuita y de excelencia, fue desmantelada para dar paso a un mercado. Mientras el Estado gasta recursos en cobrarle al deudor, las universidades de cuestionada excelencia que lucraban con el CAE siguen operando, muchas sin devolver nada a la sociedad.

El embargo del CAE no cobra una deuda. Cobra el precio de haber privatizado el derecho a educarse. Y ese precio lo pagan los mismos a quienes se les prometió un futuro mejor.

Como profesor de filosofía, en un colegio municipal, soy testigo de como esto, ha generado un profundo desánimo en los jóvenes, que ven en el estudio superior un proyecto sin horizonte ni recompensa.

Las aulas se ven colmadas, de frustración y desesperanzas, generando tierra fértil para la deserción y atraídos por el dinero fácil que ofrece el narcotráfico y la delincuencia, llevando la violencia de la sin razón y valores trastocados a las aulas de los colegios públicos con las consecuencias que cada cierto tiempo explota en los medios de comunicación, pero que los y las docentes vivimos diariamente en nuestro ejercicio.

El embargo del CAE, es la derrota de una educación pública, es la evidencia sufriente de lo que ocurre, cuando el derecho a un futuro se hace negocio, lucro y despojo.

 

* Profesor, SLEP Los Libertadores.