Mientras que, el cuestionado gobierno de Dina Boluarte y Alberto Otárola aseguran que tienen bajo control las protestas en el país, varios colectivos, organizaciones y sindicatos a nivel nacional se preparan para reiniciar las marchas con el objetivo de lograr la renuncia de la presidenta y forzar así el adelanto de las elecciones generales. En tanto, para la prensa internacional y para el gobierno de los Estados Unidos ha quedado claro que se cometieron crímenes y abusos durante la represión policial y del Ejército peruano.
Por: Salvador Pariona.
En una entrevista para la televisión local, el premier Alberto Otárola afirmó que “tenemos un país pacificado”, dando a entender que el gobierno se había impuesto ante las protestas y que tenían controlada la crisis social que vive el país desde el intento de golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo, en diciembre del 2022.
Efectivamente, las múltiples marchas contra el gobierno a nivel nacional, que se realizaron entre finales del año pasado y febrero, menguaron en este mes. Lo más lógico es pensar que esto se debe a los problemas climáticos que atraviesa el Perú por las lluvias, huaycos e inundaciones provocadas por el fenómeno de El Niño y el ciclón Yaku, y no a un logro del gobierno, que ha priorizado la represión policial en lugar de atender las demandas de los manifestantes.
Sin embargo, eso no quiere decir que las protestas hayan terminado ni que el gobierno tenga respaldo de la población. La región Puno sigue paralizada, y militarizada, mientras que varias organizaciones sociales se están preparando para reiniciar las protestas en el mes de abril.
La lucha continúa
El pasado sábado 18 de marzo, diversas delegaciones de Lima y las regiones realizaron movilizaciones en varios puntos de la capital, finalizando con una concentración en el parque Kennedy del distrito de Miraflores. Aunque no tuvo la convocatoria de meses anteriores, su idea era dejar claro que la lucha contra el gobierno de Boluarte no había terminado.
Es más, para este 5 abril se viene organizando una “protesta internacional sincronizada” en contra de “la dictadura de Dina Boluarte” y contra el fujimorismo, el principal aliado político del gobierno.
Esta fecha es emblemática, pues hace 31 años el dictador Alberto Fujimori cerró el Congreso mediante un autogolpe de Estado para consolidar su régimen autoritario. Una situación similar a la que vive nuestro país desde que Boluarte asumió la presidencia, según los opositores que salen a las calles a protestar. Para ellos, el Perú está bajo un régimen autoritario “cívico-militar”, sostenido por la derecha mayoritaria en el Congreso, las Fuerzas Armadas y los grandes medios de comunicación.
En Lima, participarán de esta movilización organizaciones sociales de varias regiones del país, sindicatos como el Sutep y la CGTP, grupos antifujimoristas como No a Keiko, movimientos políticos de izquierda, entre otros. Mientras que, en el extranjero, se ha confirmado la participación de delegaciones de peruanos en Bolivia, Reino Unido y los Estados Unidos, quienes se encuentran preocupados por la situación crítica que vive el Perú.
Este evento servirá como termómetro de la crisis social y permitirá saber si realmente el país se ha “pacificado” como dice el gobierno o si se reiniciarán las protestas que en términos generales piden la renuncia de Boluarte, cierre del Congreso, justicia para las víctimas de la represión policial y el adelanto de elecciones.
Puno paralizado
De lo que no queda dudas es que la región Puno no ha cesado en su lucha contra el gobierno. Actualmente, la frontera con Bolivia prácticamente está bajo control de los manifestantes aimaras, quienes en la ciudad de Desaguadero han bloqueado el puente internacional de transporte de carga pesada, dando breves treguas para el pase de vehículos y personas. Las fuerzas del orden no han podido desalojarlos y los dirigentes locales anunciaron que continuarán con la medida de fuerza hasta que renuncie Dina Boluarte.
Además, los días 21 y 22 de marzo trece provincias de la región acataron un “paro seco” de 48 horas en las que se suspendieron el transporte y el comercio, así como las clases en los colegios. Para no afectar completamente a los escolares, el Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep) en Puno anunció que solo dictarán clases los días lunes, jueves y viernes, y que el resto de días se plegarán a la paralización.
Al respecto, los manifestantes puneños se reafirmaron en su intención de protestar contra el gobierno. “Vamos a mantenernos en pie de lucha. El fondo de las cosas no va a cambiar. Solo habrá cambios en cuanto a estrategias, pero la protesta va seguir”, aseguró José Chino, dirigente de Juliaca. Mientras que, René Quispe Torres de Ilave dijo al diario La República que “Acá no necesitamos militares ni policías. Estamos en huelga, y nosotros sabemos que tenemos que abastecernos. Pero como esta es una lucha política, esto no va acabar”, y que cuentan con el respaldo de los transportistas de la zona.
Estados Unidos manifiesta su preocupación por el Perú
En tanto, la prensa internacional sigue confirmando que, en la represión de las protestas, tanto la policía como el Ejército cometieron abusos y delitos contra la población. El pasado 16 de marzo, un extenso informe del diario New York Times de Estados Unidos, que contiene videos, fotografías y reportes de balística, reveló que las fuerzas del orden dispararon municiones letales contra civiles desarmados en Ayacucho y Juliaca, incluso contra personas que no participaban en las marchas.
Por su parte, el Departamento de Estado de los EE.UU. ha señalado en su reporte anual sobre derechos humanos que existe un “importante problema” de impunidad en el Perú, ante los abusos cometidos durante la represión de las protestas en diciembre 2022, que trajo la fatal consecuencia de 28 personas fallecidas. En el documento se dice que «El gobierno no impidió de manera efectiva los abusos o castigó a quienes los cometieron».
La institución gubernamental norteamericana también lamentó “la falta de repercusiones” ante las múltiples denuncias de muertes, torturas y tratos inhumanos por parte de las fuerzas del orden peruanas.
Finalmente, en el informe también se llama la atención por el incremento de agresiones e intimidaciones a reporteros que cubren las marchas contra el gobierno. En el 2022, se denunciaron 303 ataques contra reporteros y otros trabajadores de prensa, según cifras de la Asociación Nacional de Periodistas de Perú.
Foto: La República.
