Las argumentaciones del Ejecutivo al justificar la medida diciendo querer lidiar con la actividad delincuencial y organizaciones de narcos a través del uso de militares, hacen ver que con esa
lógica, tendría el Estado que colocar militares en todo el país. Los índices de delincuencia son elevados en la Región Metropolitana, Valparaíso y otros territorios chilenos. Claramente, esta
medida es una posición política anti-humanista, la cual traerá más violaciones a los derechos humanos y discriminación hacia el pueblo mapuche.

El gobierno parece haberse convencido de que tiene que transar a tal punto, que escuchando las hipócritas argumentaciones de las derechas, mantendrá los estados de excepción una
quincena tras otra, colocando a las FFAA en una función de “control del orden público”; sin prestar atención a las declaraciones de generales que aclaran públicamente: “nosotros no
usamos cañones de agua, ni balas de goma; y puestos en situación no dudaremos en usar nuestro poder de fuego”.

En tal escenario, la dirección de los acontecimientos no será buena. Ya vimos ejemplos de esto en los resultados de colocar a militares a resolver conflictos internos en el caso de Colombia y
México y, por cierto, nuestra propia traumática historia.

Las posibilidades de las respuestas de fondo enunciadas por el Presidente en el conflicto se desvanecen, en un escenario de escalamiento armado.

No habrá legitimidad en los discursos contra la violencia, de la elite política y económica, hasta que no reconozcan que la violencia en Chile se ejerce desde un modelo que ellos mismos
instalaron. No es un terremoto, no es una tormenta, no es algo de la naturaleza, algo en que no intervienen los intereses humanos; por el contrario, todas estas consecuencias de violencia son el producto de intenciones de personas, una lucha de direcciones, de intereses y proyectos de sociedad.

Concretamente la imposibilidad de actuar eficazmente, declarada en los medios por el Ministerio Público, y el desdibujamiento de las promesas de rearticulación y profesionalización
de las policías, son desde todo punto de vista, la prioridad de acción para el gobierno; y no suplantar estas funciones con las fuerzas militares, que tienen una formación para otras
funciones. Alertamos que se está arriesgando la reposición de la nefasta política de los “enemigos internos” en el país.

No corresponde al humanismo abstenerse o apoyar una votación a favor del proyecto de extensión del Estado de Excepción en las regiones del Sur de Chile. Lamentamos que el Ejecutivo y la Cámara de Diputados de nuestro país sigan avalando la excepcionalidad como respuesta a la resolución de conflictos, en vez de facilitar un camino claro hacia la construcción de un Estado garante de los DD.HH, fortaleciendo las instituciones que están previstas en democracia para resolver estas situaciones de violencia.

 

Elizabeth Bravo, Guillermo Garcés y Cristian Inostroza