Sobre cierre de sumario a carabineros vinculados con los comerciantes delincuentes de Meiggs

Este lunes 30 de mayo de 2022, con mucha sorpresa y profunda decepción nos enteramos a través de la prensa, en una entrevista realizada al jefe de la Zona Metropolitana de Carabineros, Enrique Monrás, quien fuera consultado con respecto a lo sucedido el 1 de mayo pasado, en cuya jornada de marchas y manifestaciones fue baleada nuestra compañera, la reportera de la Señal 3 La Victoria, Francisca Sandoval falleciendo 12 días después, que el sumario investigativo y administrativo contra carabineros vinculados con delincuentes de la calle Meiggs, habría sido cerrado la semana pasada, sin culpables y desestimando cualquiera vinculación con funcionarios de la institución. Cabe recordar que en esa oportunidad  se vio, y existen suficientes registros audiovisuales al respecto, a funcionarios policiales dialogando con sujetos armados, entre los cuales se encontraba quien disparó a Francisca Sandoval; sin embargo el Sr. Monrás declaró que la investigación administrativa finalizó y que no se atribuyó ninguna responsabilidad al vehículo de carabineros que se encontraba en el lugar. Además confirmó que los uniformados sometidos al sumario fueron sobreseídos.Cabe resaltar que durante esos 12 días de agonía,   el gobierno, el poder judicial y todo el poder estatal se mostraron incapaces de ejercer acciones rotundas y vigorosas para esclarecer los hechos, con ineptitudes en la presentación de querellas, en la acción del Ministerio público y en la debilidad frente al poder de Carabineros.

Por otra parte, el jefe de la Zona Metropolitana de Carabineros enfatizó en que la persona a la que se grabó y fotografió conversando con los policías identificado como Eduardo Bustamante, si bien “reconoce que entre sus vestimentas tenía una pistola a fogueo, él no disparó desde el lugar donde se encontraba el furgón de carabineros hacia los manifestantes. Eso ocurre en otro sector, en tiempos distintos”.

Frente a esto queremos manifestar que, si bien carabineros se esfuerza por resaltar el hecho de que Eduardo Bustamante dispara desde otro lugar, distinto al lugar donde se encontraban ellos, nosotros queremos resaltar que es obligación del Estado garantizar el ejercicio del derecho de reunión pacífica y de proteger a manifestantes, periodistas, reporteros comunitarios, observadores de Derechos Humanos, así como a brigadistas de salud y a otros miembros del público, contra posibles ataques o malos tratos por parte de agentes no estatales, tanto por injerencia como violencia de otros ciudadanos o contra manifestantes. Esa es su falta grave: omisión y negligencia. Es imposible no detectar la gran cantidad de disparos que se percutieron ese día por civiles armados. En nuestros registros audiovisuales se muestra claramente no solo a uno o dos sino 12 delincuentes, aproximadamente, organizados y parapetados disparando.

Exigimos conocer los detalles del informe que realizó carabineros para llegar a esas conclusiones, las que rechazamos de plano y no aceptamos de ninguna manera. La bala que terminó con la vida de nuestra compañera Francisca fue de grueso calibre, la que solo utilizan bandas del crimen organizado que actuó a vista y paciencia de carabineros; estos no intervinieron cuando los delincuentes comenzaron a disparar y pudieron actuar protegidos bajo el manto de quienes tenían el deber de proteger a las víctimas de los disparos.

Francisca no murió en un enfrentamiento como muchos han osado declarar. Ella estaba reporteando y grabando las imágenes de una manifestación en absoluta indefensión frente a los soldados del crimen organizado, pues no podemos hablar de comerciantes de la calle Meiggs.

Señor Ricardo Yáñez, seguimos esperando el informe que explique qué tipo de relación o complicidad existe entre carabineros y las mafias armadas de Meiggs. No cejaremos en exigir esta información y no aceptaremos que quede en total impunidad la muerte de nuestra compañera Francisca Sandoval. Como también la compañera y el compañero heridos ese fatídico 1ero de mayo.

Por un lado, hacemos un llamado también al gobierno a proteger la libertad de prensa y el derecho a la información, que no solo es garantizar el trabajo de los trabajadores y de las trabajadoras de la comunicación y del periodismo, sino asegurar las piezas claves de la democracia, el pensamiento crítico y el derecho a informar y a ser informado sin el temor a ser asesinados, detenidos o golpeados. Pero sobre todo, exigimos al gobierno y al Ministerio público a actuar con diligencia y prontitud, colocando el aparato estatal al servicio de la defensa real de los Derechos Humanos y de la verdad, a fin de castigar a todos los culpables por acción u omisión, y a terminar de una vez por todas, con la vergonzosa obsecuencia con el crimen organizado, de una institución policial que ya no cuenta con la más mínima credibilidad de parte de la ciudadanía.

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