En las últimas encuestas, Rodolfo Hernández ha incrementado varios puntos, pero quién es este bumangués. Aquí le contamos su recorrido en la política.

Rodolfo Hernández es ingeniero civil y fue alcalde de la ciudad de Bucaramanga, capital del departamento de Santander, en 2016.

El bumangués inició su carrera política a finales de 1970 como concejal por el Partido Liberal en Piedecuesta. Este cargo lo ocupó nuevamente a inicios de la década de 1990.

Posteriormente Hernández fue elegido alcalde de Bucaramanga en 2016 con una propuesta independiente de lucha contra la corrupción en su ciudad. En los tres años y medio de su mandato le fueron abiertas 200 investigaciones, de las cuales, 162 se archivaron, 38 avanzan, entre estas últimas está el caso Vitalogic RSU que es de carácter penal.

La diligencia judicial a la que deberá asistir Hernández será el próximo 21 de julio. En esta se realizará el juicio oral contra el candidato a la presidencia y seis procesados más, dentro del proceso conocido como Vitalogic RSU.

Ese contrato, que involucra a Hernández, sería por un valor de 250 millones de dólares, con el que se pretendía adoptar una tecnología alternativa para el manejo de recursos sólidos y, según las acusaciones de la Procuraduría General de la Nación, el ex alcalde presuntamente habría direccionado la consultoría que pretendía adjudicar el contrato por 30 años del relleno sanitario El Carrasco, ubicado en Bucaramanga.

Por este mismo caso, la Procuraduría radicó una queja disciplinaria en contra del exalcalde, en la cual señaló a su hijo Luis Carlos Hernández, quien presuntamente habría suscrito un contrato de corretaje para gestionar la firma del millonario contrato entre la Empresa de Aseo de Bucaramanga (Emab) y la multinacional Vitalogic RSU.

En dicha diligencia, la Fiscalía comenzará a destapar el material probatorio y llamará a declarar a los testigos, con los cuales buscará demostrar la culpabilidad de cada uno de los investigados.

Entre los testigos, la Fiscalía citará a los ingenieros Álvaro Gutiérrez y Arturo Vargas. Con esta versión, la Fiscalía buscará demostrar cómo el contratista y también imputado, Jorge Alarcón, usó de manera ilegal las hojas de vida de Gutiérrez y Vargas para presentarlas como supuestos oferentes interesados en el contrato de asesoría 096 de 2016, por un monto de 336 millones de pesos, para la elaboración, evaluación técnica, ambiental, financiera y jurídica con miras a implementar una nueva tecnología en el relleno El Carrasco.

A ello se adiciona que las firmas en las hojas de vida de los ingenieros Vargas y Gutiérrez para la ejecución del contrato de asesoría 096 de 2016 fueron adulteradas, según el ente investigativo.

En busca del preacuerdo

El Juez Décimo Penal de Conocimiento de Bucaramanga citó para el próximo 14 de junio la audiencia de validación o de oportunidad a la que llegó la Fiscalía con el exgerente de la Emab, José Manuel Barrera, por el delito de celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales.

Barrera ha indicado en sus declaraciones a la Fiscalía que la contratación del caso mencionado se llevó a cabo por orden directa de Rodolfo Hernández.

“Se hace la reunión y se nos da la directriz a mí y al jurídico, César Fontecha, por parte del señor alcalde Rodolfo Hernández de contratar al señor Alarcón. El señor Fontecha le advierte que hay que hacer un proceso de selección de acuerdo manual y el Alcalde dice: háganle al proceso pero que sea seleccionado Alarcón”, dijo José Manuel Barrera a la fiscal del caso.

Por esta razón se habrían ajustado los pliegos de contratación para favorecer al imputado Jorge Alarcón. De esta forma, Vitalogic RSU fue el único proponente que se presentó para quedarse con el contrato de 250 millones de dólares.

Incluso Alarcón insistió para que la Emab le entregará el millonario contrato de concesión del manejo de basuras a Vitalogic RSU, a pesar de que el proponente no había presentado la póliza de responsabilidad que exigía el pliego.

Inhabilidad al constructor local

Hernández fue inhabilitado de su cargo en 1995 por la Procuraduría, en segunda instancia, como concejal de Piedecuesta, Santander, ya que él firmó un contrato con el municipio después de haber sido elegido en este cargo.

Aunque Hernández nunca asistió a una sesión del Concejo y no se posesionó, solo mandó una carta renunciando a su investidura a finales de 1992, cuando vencía su período. Y antes, en diciembre de 1991, como representante legal de su firma constructora, Hernández Gómez firmó un convenio con Piedecuesta para pagar futuros impuestos con obras.

A pesar que Rodolfo no asistió a las sesiones, sí envió a Álex Humberto Díaz, su suplente (figura que ya no está vigente), ya que asistir a sus funciones “lo consideraba una pérdida de tiempo”.

Así, con la ayuda de su suplente, en diciembre de 1991, se firmó un acuerdo con el cual los constructores urbanísticos podrían pagar impuestos urbanísticos con obras. Y seis días después, Hernández obtuvo un convenio en el que se comprometía a hacer obras de mejoramiento y embellecimiento durante dos años, por valor de 30 millones de pesos, según lo reveló la Silla Vacía.

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Ante estos hechos, la Procuraduría abrió una investigación y lo destituyó, dado que Rodolfo Hernández nunca renunció a su curul, solo nombró un suplente, quien favoreció los intereses del constructor. Y el convenio para pagar los impuestos con obras, no era un contrato, por tanto, no era válido y Hernández sí debía pagar los gravámenes urbanísticos.

Expresiones que lo alejan de la presidencia

Rodolfo Hernández se ha expresado de forma inadecuada en varias ocasiones. Una de ellas fue contra los bomberos de Bucaramanga al decirles “gordos”, por no contar con un curso de alturas que permita el cumplimiento de unas sentencias que ordenan desmontar vallas publicitarias en la ciudad. Esto hecho llevó a que los bomberos lo demandarán en marzo de 2021, por la afectación a su salud mental y el matoneo del cual fueron objeto.

A eso se suma la frase xenofóbica de Rodolfo al indicar en 2019 que “nos están llegando todos los problemas aquí, yo he atendido a las señoras (venezolanas) en preparto, parto, postparto para que al menos tengan un mejor confort en esos momentos que dan a luz, pero yo advierto que se están convirtiendo en una fábrica de hacer niños”.

En desacato

El candidato Hernández desacató una orden judicial por una disputa con el exalcalde de Floridablanca (Santander) Héctor Mantilla. En un video que circuló en redes sociales en 2020, el hoy candidato presidencial tachó de “corrupto” al ex mandatario de Floridablanca.

Por ello, Mantilla interpuso un recurso legal porque consideró que su buen nombre se vio afectado por el comentario de Hernández. Así la justicia le dio la razón y le ordenó a Rodolfo Hernández de excusarse públicamente y reparar al agredido. No obstante, el pasado miércoles 25 de mayo se conoció que el Juzgado 16 Civil Municipal de Bucaramanga le impuso al político una orden de desacato.

“Sancionar por desacato al señor Rodolfo Hernández Suárez con pena de arresto de cinco días, debiendo advertirse que en atención a la situación de salubridad que se está viviendo a nivel mundial con ocasión a la pandemia por Covid-19 y, en aras de garantizar y proteger los derechos de raigambre constitucional de mayor entidad como son la salud y la vida, conmutar la misma multa con 10 millones de pesos”, indica la orden judicial.

Ante los hechos, Hernández respondió que no ha sido notificado del fallo y que su defensa apelará la decisión del juzgado.

Las propuestas para llegar a la Casa de Nariño

Las propuestas de Hernández giran en torno de cinco pilares:

Seguridad:

  • Promover el Acuerdo de Paz firmado entre los antiguos integrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias – Ejército del Pueblo (Farc-Ep) y el gobierno colombiano en 2016.
  • Establecer un acuerdo de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Valga destacar que la hija de Hernández fue secuestrada y asesinada por esta guerrilla.
  • Fortalecer el sistema judicial y generar garantías que permitan la total aplicación de La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
  • Implementar una estrategia de fortalecimiento de la imagen de las Fuerzas Armadas, teniendo en cuenta la legitimidad y la formación en derechos humanos.
  • Revisar y depurar la Policía Nacional, de manera que se recupere la confianza ciudadana y se minimicen los abusos de autoridad.

Justicia:

  • Transformar el aparato judicial e incluir una reforma constitucional para realizar este proceso.
  • Reestructurar el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).
  • Reformar la Fiscalía General de la Nación para que haya controles que limiten el poder del Ejecutivo en las responsabilidades de la justicia.
  • Crear un sistema de control fiscal para disminuir la corrupción, que hoy le cuesta al país 50 billones de pesos al año, aproximadamente.

Economía:

  • Definir medidas para acabar con la evasión fiscal, a través del Impuesto de Valor Agregado Descontable (IVA).
  • Aplicar una tarifa general del IVA del 10% y se mantenga la canasta familiar libre de este impuesto.
  • Privatizar Colpensiones (Fondo público de pensiones) para que pueda captar ahorros y los invierta en la bolsa, como lo hacen los fondos privados.

Salud:

  • Diseñar un modelo de control de precios a partir de un Sistema de Análisis de Precios Unitarios, aplicables a todos los procesos de prestación de servicios de salud.

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Una educadora a la vicepresidencia

Foto: ElTiempo.com

Marlene Castillo es licenciada en Biología y Química. La docente ha ocupado cargos en dirección de áreas de educación virtual y a distancia. En la actualidad es directora de Iniciativa Estratégicas de la Corporación Universitaria Minuto de Dios.

En su hoja de vida indica que es par académica del Ministerio de Educación Nacional de Colombia y experta en diseño curricular de educación superior. Finalmente, en este documento consta que ha sido consultora, asesora y conferencista invitada por diferentes universidades nacionales y extranjeras en temas de educación superior en la modalidad virtual y a distancia.