Un elemento que atraviesa a todas las cumbres climáticas de los movimientos sociales es su rechazo a la reunión oficial de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y a la poca ambición de sus resultados, y la 26 Conferencia de las Partes (COP26) del tratado no ha sido una excepción.

Los dirigentes de la CMNUCC “reciben gustosamente a los causantes de la crisis. La COP26 no ha hecho nada más que simulación” y lavado verde (greenwashing), denunció a IPS la filipina Mitzi Jonelle Tan, integrante de la alianza no gubernamental Jóvenes Defensores para la Acción Climática, durante un acto escenificado en la Sala de Proyecciones de Glasgow, a unas calles del recinto donde se celebra hasta el viernes 12 la reunión oficial.

La Coalición COP26, la cumbre alternativa a la conferencia climática, ha sido un enjambre abigarrado de organizaciones y movimientos cuya demanda común fue la del combate real de la crisis climática mediante medidas concretas y justas y cuyos 200 actos en esta ciudad escocesa amalgamaron talleres, foros, presentaciones artísticas y movilizaciones, que echaron el cierre este miércoles 10.

Entre las demandas con que la cita alternativa presionó en Glasgow a las 196 Partes de la CMNUCC estuvieron el abandono de los combustibles fósiles, el rechazo a soluciones cosméticas a la emergencia climática, la exigencia de una transición justa a una economía con menos carbono y el reclamo de que se establezcan reparaciones y redistribución de fondos para comunidades indígenas y el Sur global.

Asimismo, el movimiento abogó por la perspectiva de género en las políticas, justicia climática -que los responsables principales (las naciones desarrolladas) asuman su responsabilidad y paguen por ese rol-, respeto a los derechos de los pueblos indígenas y freno a la contaminación del aire.

Por cuestiones logísticas y las limitaciones impuestas por la pandemia de covid-19, que pospuso un año la cumbre oficial, las sesiones alternas de los movimientos sociales tuvieron por escenario sedes en esta ciudad escocesa y un formato híbrido, que combinó la participación presencial y digital. Los expositores y participantes en forma virtual debieron batallar con la calidad de sus conexiones a internet.

Precisamente, una de las críticas más unánimes y contundente de las organizaciones no gubernamentales (ONG), sociales y ambientales, se centró en la exclusión de organizaciones de la sociedad civil de América Latina, África y Asia, debido a la decisión del gobierno anfitrión, el británico, de modificar los criterios de admisión, según el nivel de contagio de cada país y las vacunas aplicadas.

Además, se denunciaron los férreos obstáculos impuestos por la presidencia de la COP26, de Reino Unido apoyada por Italia, para la presencia de observadores de las ONG en las mesas de negociación oficial, lo cual debilitó la transparencia del proceso de Glasgow, cuyos acuerdos van a plasmarse en una declaración final, que se debilita cada día y cuyo texto definitivo se conocerá el viernes 12 o el sábado, si las negociaciones se prolongan.

El movimiento alternativo también tuvo un espacio formal pero no oficial en la llamada Zona Verde de la COP26, situada en la misma área que los debates de la negociación oficial, en el centro de Glasgow.

Emilio Godoy / IPS

Soluciones de fondo
Una de sus propuestas esenciales fue la de un Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles, que avance hacia el fin de la era del carbón, el gas y el petróleo, cuyo consumo es máximo responsable de la creciente emergencia climática planetaria.

La iniciativa del tratado, que asimila su nombre con el del tratado contra las armas nucleares, se sustenta en el fin inmediato de la expansión de su producción, un abandono adecuado y una transición energética justa.

Los países y las corporaciones “siguen invirtiendo capital en la extracción del material. Necesitamos ver esfuerzos para salir de los fósiles, detener el financiamiento, los subsidios y la explotación de los fósiles”, dijo a IPS la canadiense Tzeporah Berman, presidenta de la iniciativa del pacto antifósiles.

La idea del tratado surgió en 2015 de un llamado de gobernantes y ONG de Estados insulares del Pacífico -cuya propia existencia amenaza la crisis climática- y se lanzó formalmente en 2020.

Hasta ahora ha recibido el apoyo de unas 750 organizaciones, 12 ciudades, más de 2500 científicos, académicos, parlamentarios de todo el mundo, así como de dirigentes religiosos, movimientos indígenas y más de 100 ganadores de los premios Nobel.

Las políticas climáticas son el foco de la COP26 y que aborda las reglas de los mercados de carbono, el financiamiento climático por al menos 100 000 millones de dólares anuales, las brechas entre las metas de reducción de emisiones y las disminuciones necesarias, las estrategias para neutralidad del carbono en 2050, planes de adaptación y el programa de trabajo sobre comunidades locales y pueblos indígenas.

Emilio Godoy / IPS

Indígenas y tribunal de la naturaleza en el reflector
Los pueblos indígenas, especialmente los que habitan la Amazonia, han sido protagonistas de la nueva versión de la cita alternativa, con al menos 40 dirigentes presentes en Glasgow para denunciar el acoso del gobierno del presidente de Brasil, el ultraderechista Jair Bolsonaro, y demandar más protección a esa región, cuyo daño puede tener efectos dramáticos para la salud ambiental del planeta.

“Nuestra principal exigencia es la demarcación territorial”, porque esa delimitación garantiza una serie de derechos, declaró a IPS Cristiane Pankararu, del pueblo pankararu y dirigente de la no gubernamental Asociación Nacional de Mujeres Indígenas Guerreras Ancestrales (Anmiga) de Brasil.

Esa organización pertenece a la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil, cuyas demandas son la demarcación, soluciones climáticas basadas en los conocimientos y prácticas de los pueblos indígenas e inversión en la protección forestal.

Una de las actividades más simbólicas de la contracumbre fue la celebración del Quinto Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza, que enjuició en esta edición los casos de “Falsas soluciones a la crisis climática” y “La Amazonia, una entidad viva amenazada”.

En el primer veredicto, el tribunal, que sesionó por primera vez en 2014 e integrado esta vez por siete jueces de seis países, declaró culpable a la CMNUCC por evitar el ataque a las raíces de la emergencia climática.

En el segundo dictamen, el jurado, integrado por nueve expertos de siete países, sindicaron a países desarrollados y China, así como a corporaciones agropecuarias, mineras y alimentarias, de devastar la Amazonía, el principal ecosistema selvático del planeta y amenazado por esas actividades extractivas.

Nick Dearden, director de Justicia Global Ahora (Global Justice Now), enumeró tres problemas serios: el rol de las grandes corporaciones, la protección a la propiedad intelectual de las empresas y la potestad de éstas para demandar a los Estados que quieren proteger el ambiente ante tribunales de arbitraje internacional.

“Es un síntoma profundo de cómo la economía global protege los intereses de las grandes corporaciones, especialmente las extractivas, y eso no está en la COP”, denunció ante IPS.

Entre la CMNUCCC y la calle ha imperado un diálogo de sordos, pues los pasillos oficiales no han atendido a los reclamos de los movimientos sociales.

“No nos han escuchado. Estamos aquí para demandar acciones. No necesitamos otra COP para resolver la crisis climática, necesitamos cambios”, reclamó Tan.

A pesar de los obstáculos, “no vamos a dejar de participar activamente. El movimiento de mujeres se unifica. Es un proceso lento, porque no es costumbre ser liderados por mujeres”, concluyó con firmeza Pankararu.

IPS realizó este artículo con el apoyo de Iniciativa Climática de México y European Climate Foundation.

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