Loueila Mint ejerce como abogada en Canarias, lleva desde los 8 años en España y la Abogacía del Estado alega «falta de integración» para concederle la nacionalidad española. Ella lo ha denunciado en redes y ha concedido a Pressenza esta declaración, que transcribimos también debajo.

Mi nombre es Loueila, conocida como Lala familiarmente. He denunciado hace unos días en Twitter una circunstancia que, aunque parezca individualizada y hacia mí, no lo es. Es algo totalmente colectivo que no solo afecta a las personas saharauis residentes en territorio nacional sino también a muchísimas personas migrantes.

En el año 2015 se modificó la normativa para que los expedientes de nacionalidad española por residencia no sufrieran ese atasco, que venían sufriendo, y la administración contestase y resolviese ese mismo expediente en el plazo de un año.

Desde el año 2017, yo presenté mi expediente por nacionalidad española residencia tras un año de finalización de mis estudios como graduada en Derecho por la Universidad de La Laguna, en Santa Cruz de Tenerife. En el año 2018 me topé con la realidad. Después de haber hecho un examen de acceso a la abogacía y un máster con el mismo Ministerio de Justicia, estuve seis meses sufriendo de forma discriminatoria en comparación con mis compañeras y mis amigas de carrera. El mismo Ministerio de Justicia, que me había permitido hacer el examen, no entendía que Loueila Mint El Mamy -por llamarme así- exactamente qué era lo que le estaba pidiendo. De hecho, tengo contestaciones por parte del Ministerio de Justicia, en las que pensaban que, por llamarme Loueila Mint el Mamy lo que les estaba solicitando era una homologación de mi título y no una dispensa para poder ejercer como letrada.

En la actualidad, para poder ejercer como letrada, he tenido que pedirles un permiso porque no han resuelto mi expediente de nacionalidad española desde el año 2017, cuando la normativa establece un año para la resolución. Pasado ese tiempo, se entiende que es silencio negativo y, por lo tanto, una denegación presunta.

En el año 2020, concretamente en septiembre, desde hace un año y un mes, interpuse un recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional para que me facilitaran mi expediente de nacionalidad española, para que me señalará si necesitaba alguna documentación ese expediente porque no me habían contestado todavía, y todos los perjuicios que me estaban ocasionando como letrada que formaba parte del ejercicio dentro de la Administración de Justicia.

No fue suficiente porque sigo después de un año y un mes aproximadamente esperando la contestación de la Abogacía. Ha sido cuanto menos insultante hacia mi inteligencia. Y me contestan en el mes de julio, pero notifican en septiembre. Es esa contestación que he publicado en Twitter, en la que se dice que no he acreditado suficiente integración social, que no he acreditado permanencia legal ni tampoco arraigo. Desde el primer minuto, en el que yo consiento a la Administración a verificar mis antecedentes penales, se entiende lógica y razonablemente igual que con mi dispensa de nacionalidad española como letrada ejerciente que no tengo, no me constan, antecedentes penales. Por eso, estoy trabajando como letrada dentro del ámbito de Administración de Justicia. Desde el minuto dos, en el que yo aporto mi tarjeta de residencia, estoy acreditando una permanencia legal en el territorio durante más de 20 años concretamente 23. Y desde el momento en el que yo presento mi título de Graduado en Derecho con la universidad de la Laguna y máster de acceso a la abogacía con la universidad de la Laguna, acredito sobradamente mi integración.

En la actualidad, el Ministerio de Justicia exige esta integración a través de unos exámenes, que son exámenes de pruebas constitucionales, que obviamente cuando ya he aprobado derecho administrativo, derecho constitucional, derecho procesal, civil, penal y un largo etc. Se entiende que ha quedado sobradamente acreditada mi integración dentro del estado español.