Por Luis Andrade Ciudad¹/Idehpucp

 

Después del barullo generado por la iniciativa del primer ministro de iniciar su discurso en quechua durante el pedido de voto de confianza ante el Congreso de la República, así como por la reacción torpe y racista de algunos miembros de la oposición, conviene detenernos a pensar cómo se podría aprovechar el momento retador que estamos viviendo peruanos y peruanas para desplegar acciones más sostenidas y efectivas a favor de los derechos lingüísticos y del respeto por la diversidad lingüístico-cultural en el país.

Tal vez un primer punto que debería haber quedado claro a raíz del incidente es que, en un país que se dice multilingüe y pluricultural, resulta clave que instituciones públicas como el Congreso estén mejor preparadas para implementar un sistema de traducción e interpretación cuando el momento así lo requiera. Acciones como estas no solo nos acercan al respeto por el derecho que asiste a los hablantes de lenguas originarias a emplear sus idiomas durante las actividades que desarrollan en el espacio público, sino que también contribuyen a construir aquella interculturalidad tan repetida en el discurso como descuidada en los arreglos institucionales concretos.

Con miembros del gabinete que manejan el quechua –y que lo utilizan, con todo derecho, con diversos fines estratégicos–, no solo las entidades públicas sino también instituciones privadas como los medios de comunicación masiva deberían estar evaluando la necesidad de contratar a traductores-intérpretes; esto les permitiría asegurar el cumplimiento adecuado de sus labores y, de paso, resguardar su imagen pública ante la posible percepción de ineficacia y cerrazón cultural. Una excepción a este respecto ha sido TV Perú, que pudo garantizar la adecuada traducción del fragmento aludido para que el intérprete de lengua de señas peruana no detuviera su labor profesional, debido a que, en el canal de televisión oficial, se cuenta con conductores capaces de traducir entre el quechua y el castellano.

Desde hace varios años, el país cuenta con un conjunto importante de traductores-intérpretes entre las lenguas originarias y el castellano que han sido capacitados y certificados por el Ministerio de Cultura. La inversión realizada por el Estado y el empeño que han puesto estas personas en su formación constituye un activo que debería aprovecharse de manera más consistente y generalizada. Este grupo de mediadores lingüísticos no solo es capaz de interpretar y traducir entre el castellano y el quechua cuzqueño y el ayacuchano (las variedades quechuas más difundidas y escuchadas públicamente durante las últimas semanas), sino también en las otras modalidades, para hablar solo de la familia lingüística quechua. Aunque en el Congreso hay un proyecto al respecto recientemente presentado por la congresista Flor Pablo (e impulsado previamente por Alberto de Belaunde), así como un pedido formal de la congresista Isabel Cortez, es evidente que el Parlamento nacional viene desaprovechando esta reserva de profesionales desde hace varios años, como ha señalado la Defensoría del Pueblo.

A propósito de esta iniciativa de formación, que ya lleva casi diez años desarrollándose, el segundo punto que habría que enfatizar atañe, de manera más general, al conjunto de avances realizados desde la Dirección de Lenguas Indígenas del Ministerio de Cultura a favor del respeto por los derechos lingüísticos de los hablantes de lenguas originarias y de la diversidad cultural en nuestro país. No es poca cosa haber desarrollado los cursos de formación en traducción e interpretación que hemos venido comentando ni contar con el registro oficial de traductores-intérpretes correspondiente. Tampoco lo es haber iniciado un programa de certificación de servidores públicos estatales con funcionarios y funcionarias capaces de brindar atención de calidad en las lenguas originarias que predominan en sus respectivas zonas. Menos aún haber consensuado y afinado una política lingüística nacional que contempla distintas acciones de revitalización, fomento y transmisión intergeneracional de las lenguas originarias para el corto, mediano y largo plazo.

“Si no se atienden con seriedad las políticas lingüísticas con una mirada amplia y centrada en la construcción de una ciudadanía intercultural para todos los peruanos y peruanas, la aparición esporádica de los idiomas indígenas en los espacios públicos solo acompañará –y tal vez ayudará a reforzar– discursos excluyentes y desfasados”.

Cuáles de esos avances se mantendrán y profundizarán durante la gestión del Gobierno actual constituye todavía un enigma en un país en el que las políticas se ven afectadas por el mal de la refundación total que suele afectar a las autoridades públicas. Cabría plantear la misma pregunta respecto a las experiencias ganadas por el funcionariado del Ministerio de Educación tanto en torno a la educación intercultural bilingüe como a la formación de docentes adecuadamente capacitados para realizar esta exigente y crucial labor.

Como tercer punto, un aspecto que, desde mi punto de vista, aún no se ha pensado lo suficiente en nuestro país es la institucionalización, por parte del Estado, de la formación en lenguas originarias como segundas (o terceras) lenguas para distintos perfiles de aprendices. El interés que está cobrando el aprendizaje de estos idiomas durante los últimos años –en particular entre hijos y nietos de familias que, por las conocidas razones de discriminación histórica, dejaron de transmitir dichas lenguas a las nuevas generaciones– debería llevar a poner más énfasis e invertir mayores recursos en esta modalidad de formación, así como en la capacitación docente en metodologías apropiadas de enseñanza de segundas lenguas.

Lo que sucede actualmente es que, si alguien desea aprender una lengua originaria como el quechua en alguna de sus distintas variedades, puede embarcarse en una experiencia privada de estudios, en la cual no contará con la certeza de que podrá profundizar en el aprendizaje hasta niveles medios o avanzados, pues la mayor parte de cursos que se imparten en nuestro país solo alcanzan un nivel básico. Siendo muy valiosas las iniciativas ya existentes –algunas de ellas gratuitas, como las que ofrecen la Municipalidad de Lima y grupos de activistas como el Colectivo Quechua Central–, hace falta una coordinación estatal que centralice, potencie y perfile mejor estas experiencias en favor de los potenciales aprendices. Esfuerzos encaminados a este objetivo servirían, si son bien implementados, para contrarrestar imágenes equivocadas de las lenguas indígenas como códigos restringidos a la vida rural y que solo acompañan las manifestaciones culturales consideradas tradicionales.

Si existe la voluntad política de construir un país multilingüe y pluricultural, hace falta ir más allá del uso táctico de las lenguas originarias en medio de coyunturas retadoras. Si no se atienden con seriedad las políticas lingüísticas con una mirada amplia y centrada en la construcción de una ciudadanía intercultural para todos los peruanos y peruanas, la aparición esporádica de los idiomas indígenas en los espacios públicos solo acompañará –y tal vez ayudará a reforzar– discursos excluyentes y desfasados que postulan la existencia de “tipos de peruanos” contrapuestos de manera esencialista. Nada más lejos del horizonte de pluralismo y democracia que nuestro complejo país reclama.


¹ Doctor en Lingüística con mención en Estudios Andinos, Pontificia Universidad Católica del Perú

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