A pocos días de terminar 2020, año marcado por la pandemia de Covid 19, la Argentina tiene la posibilidad de dar un paso adelante para detener otra epidemia: la muerte de mujeres por abortos ilegales. Desde 1980 el aborto inseguro ha sido la principal causa de muerte materna en el país.

En vista de esto, muchos movimientos a favor del derecho al aborto han estado articulando para cambiar esta realidad.

En 2018, el proyecto de legalización del aborto fue aprobado en la Cámara de Diputados de Argentina, pero fue rechazado en el Senado. Este año la situación se repite, el proyecto de ley fue aprobado a principios de diciembre por 131 votos a favor y 117 en contra, y el 29 de diciembre se votará de nuevo en el Senado.

Es la novena vez que se trata un proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo en el Congreso argentino y, a diferencia de otras veces, esta vez cuenta con el apoyo del presidente en función Alberto Fernández.

La expectativa de los movimientos de mujeres y de diversas organizaciones de derechos humanos es que esta vez se apruebe la ley y que el derecho al aborto quede finalmente reglamentado, actualizando así una ley aprobada desde hace 100 años.

La iniciativa Argentina representa un gran paso para toda América Latina

El estudio “Desafíos y oportunidades para el acceso al aborto legal y seguro en Latinoamérica a partir de los escenarios de Brasil, Argentina y Uruguay”, publicado en 2020, mostró que 47.000 mujeres en todo el mundo mueren como resultado de abortos inseguros, siendo América Latina la región con las leyes de aborto más restrictivas y con el mayor número de abortos inseguros.

Si se legaliza el aborto, Argentina será el quinto país de América Latina y el Caribe en dar a las mujeres el derecho a decidir sobre su propio cuerpo. Los países en donde el aborto es legal son: Cuba desde 1965, Puerto Rico desde 1973, Guyana desde 1995 y Uruguay desde 2012. En tanto, otros países de la región cuentan con leyes intermedias en relación al aborto y para el caso de El Salvador, Honduras, Nicaragua y la República Dominicana corresponden a los países que penalizan completamente la práctica.

La experiencia uruguaya

El proceso más contemporáneo de legalización del aborto ha sido el del Uruguay y tiene algunas características importantes que vale la pena destacar.

La legislación anterior a la legalización del aborto en Uruguay era de 1938 y permitía el procedimiento en los casos en que estaba en juego el honor del marido, cuando había riesgo de vida para la mujer y en los casos de extrema pobreza. En ese momento, los métodos anticonceptivos no estaban disponibles universalmente y las políticas de educación no incluían el acceso a la salud y los derechos sexuales y reproductivos.

Es importante señalar que Uruguay es un país con una importante historia de separación entre la Iglesia y el Estado, a diferencia de casi toda América Latina, donde la mayoría de los Estados en la práctica no son seculares.

Posiblemente, este hecho condujo a un debate cada vez más intenso en la agenda del aborto, y desde 1995 se ha intensificado el debate sobre la legalización o despenalización del aborto.

Así pues, entre 2001 y 2012 el país inició un «Plan de iniciativas sanitarias contra los abortos peligrosos», con el apoyo de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (Figo) y otros asociados nacionales e internacionales.

En octubre de 2012, el país aprobó la ley de interrupción voluntaria del embarazo para los embarazos de hasta 12 semanas o 14 semanas completas en casos de violación. El procedimiento sólo puede ser realizado por instituciones del Servicio Nacional de Salud del Uruguay y está prohibido en las clínicas privadas del país.

El proceso de seguimiento de la interrupción voluntaria del embarazo incluye la evaluación de un equipo multidisciplinario que asiste y acompaña a la paciente durante todo el proceso, siendo obligatorio un período de reflexión de cinco días entre la consulta con el equipo y el procedimiento propiamente dicho. En la mayoría de los casos, el método elegido es el kit de mifepristona-misoprostol.

Desde octubre de 2012, mes de la legalización del aborto, hasta 2016, el país registró sólo 2 muertes por aborto, y estas muertes se debieron a procedimientos realizados fuera del sistema de salud. Otro dato importante fue la reducción de las muertes maternas, de 25 a 14 mujeres (cada 100.000 nacidos vivos), es decir, la legalización del aborto también tuvo repercusiones en la mortalidad materna en general.

No existen datos previos sobre el número de abortos inseguros, pero inmediatamente después de la legalización, el índice de procedimientos para interrumpir embarazos era de 12 por cada 1000 mujeres de entre 15 y 45 años, según las estadísticas oficiales del Ministerio de Salud.

Estas cifras se encuentran entre las más bajas del mundo y esto no sólo se asocia con la aplicación de la legatización del aborto, sino también con la política de salud aplicada en años anteriores.

Para tener una idea, en Brasil, donde la práctica es ilegal, según datos del Ministerio de Salud, en 2016 hubo 4 muertes por día en los hospitales debido a complicaciones en el aborto, cerca de 1.500 muertes de mujeres por año.

El catolicismo y más contemporáneamente las religiones evangélicas, se articulan políticamente para interferir en varios campos imponiendo sus creencias y valores. En el caso del aborto, el debate sobre la salud pública siempre ocupa un segundo lugar y el centro de la cuestión se convierte en el cuerpo de las mujeres como espacios de control, disputas y dominación de las religiones.

Lara Va.

Los desafíos que las mujeres todavía tienen que enfrentar

Varios estudios indican que las mujeres que corren un mayor riesgo de muerte y de secuelas del aborto en condiciones de riesgo son jóvenes, indígenas, negras de la periferia o que viven en zonas rurales pobres, con menos acceso a la educación formal, a la información sobre salud sexual y reproductiva y al acceso a medios anticonceptivos. Las mujeres que tienen relaciones abusivas o que sufren violencia sexual completan el cuadro de vulnerabilidad.

En este contexto, el derecho al aborto debe considerarse como un compromiso de la sociedad y los organismos de salud con las mujeres que a menudo están a merced de múltiples desigualdades como la falta de acceso a métodos anticonceptivos por parte de los sistemas de salud y las situaciones de violencia sexual intrafamiliar.

El paso que deben dar los sistemas de salud y la formación profesional

Las diversas formas de violencia sufridas en el proceso de aborto, ya sea que la mujer lo desee o no, se consideran violencia obstétrica. La humillación, el maltrato, el abandono y la negativa de los profesionales a acompañar el proceso de aborto son a menudo denunciados por las mujeres.

Es urgente que la formación de todos los profesionales de la atención obstétrica incluya el aborto como una práctica que debe aprenderse en sus múltiples aspectos. Los estudiantes de obstetricia (ya sean médicos o enfermeras) deben tener la oportunidad de reflexionar sobre su elección de la especialidad de ginecología y obstetricia, teniendo en cuenta que el aborto es una parte rutinaria de sus actividades profesionales.

Al no hacerlo, llegamos a la tasa promedio de hasta el 50% de los obstetras que reclaman la objeción de conciencia, negándose a brindar atención en casos de aborto.

Aunque la mayoría de los casos de objeción de conciencia alegan razones religiosas, los estudios muestran que las actitudes de los profesionales cambian dependiendo de quién necesita el procedimiento y los proveedores que se niegan rutinariamente a realizar abortos, hacen excepciones en el caso de familiares o conocidos.

Es importante destacar que la legalización del aborto es sólo un primer paso importante y fundamental, pero debe ser seguido por muchos otros. Se necesitan instituciones con equipos multidisciplinarios capacitados para vigilar todo el proceso y proporcionar acceso universal a los métodos anticonceptivos.

Necesitamos un Estado con sus respectivos sistemas sanitarios seculares que prioricen la salud y la vida de las personas por encima de todo.

 

 

NOTAS

1- From risk and harm reduction to decriminalizing abortion: The Uruguayan model for women’s rights. Acesso em: https://doi.org/10.1016/j.ijgo.2016.06.003Citations: 11

2- Abortion Worldwide- 20 YEARS OF REFORM. Acesso em: https://www.reproductiverights.org/sites/crr.civicactions.net/files/documents/20Years_Reform_Report.pdf

3- A legislação sobre o Aborto nos Países da América Latina: uma Revisão Narrativa. Acesso em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/periodicos/ccs_artigos/legislacao_aborto.pdf

4- Desafíos y oportunidades para el acceso al aborto legal y seguro en Latinoamérica a partir de los escenarios de Brasil, Argentina y Uruguay. Acesso em: https://www.scielosp.org/article/csp/2020.v36suppl1/e00168419/

5- Aborto induzido: Conhecimento, Atitude e Prática de Ginecologista e Obstetras no Brasil. Acesso em: https://apublica.org/wp-content/uploads/2013/09/pesquisa_ginecologistas.pdf