A más de un año del encarcelamiento de los defensores ambientalistas de la comunidad de Guapinol en el municipio de Tocoa, Colon, diversas voces de la comunidad internacional se han hecho presente a través de las redes sociales con mensajes exigiendo al Estado de Honduras la liberación de los activistas del medio ambiente encarcelados desde hace más de un año.
Marcos Orellana, relator de la Organización de Naciones Unidas sobre tóxicos y derechos humanos, se refirió al caso Guapinol recordando el derecho a la conservación del medio ambiente que asiste a los ocho líderes encarcelados.
“Las industrias, extractivas irresponsables, con sus desechos peligrosos, amenazan a los ríos y a la gente cuya vida y salud de ellos depende. Defensores de derechos a un medio ambiente sano exigen respeto a sus voces y a sus comunidades”, escribió en su cuenta de Twitter el relator de la ONU.
Por su parte, Tilly Metz MEP, integrante del parlamento europeo, posteó a través de la misma red social, el mensaje: “Defender el derecho al agua y a las tierras contra las empresas mineras no debería ser un delito. Presidente de Honduras, Juan Orlando, es hora de poner fin a la criminalización de los defensores del agua de Guapinol y asegurar su derecho a un debido proceso”.
La alianza global de organizaciones de sociedad civil CIVICUS, también se sumó a las voces que abogan por los defensores del ambiente, difundiendo una campaña en las redes sociales donde insta a la ciudadanía a exigir la liberación de los líderes que guardan prisión.
Natalia Gómez Peña, especialista en materia de derechos humanos, parte de la organización CIVICUS, replicó el mensaje de la campaña, expresando en su cuenta de Twitter: “¡Defender el derecho al agua NO ES UN DELITO! Hoy hace un año de la encarcelación de los #DefemspresDeGuapinol Súmate a la campaña “Conviértete en mi testigo”, y exige su liberación”.
En las últimas horas, dirigiéndose al mandatario hondureño, Juan Hernández, la también la eurodiputada al Parlamento Europeo, Diana Riba i Giner, demandó al jefe de Estado ordenar la liberación de los ocho ambientalistas detenidos.
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