Ahora nos encontramos frente a las evidencias, a pesar de los silencios institucionales. Se repiten en serie los naufragios en el Mediterráneo central, producidos por las políticas de externalización de los controles fronterizos, fruto de los acuerdos de colaboración con los países de tránsito y origen, como Libia y Túnez, el último acontecimiento trágico confirmado ayer con un comunicado conjunto de los principales organismos de las Naciones Unidas (OIM y ACNUR).
Lamentablemente, los propios organismos, y las Naciones Unidas a un nivel superior, no aconsejan el rechazo a Libia a las personas rescatadas en aguas internacionales por buques privados en los lujosos tonos de la diplomacia, no dicen ni hacen nada para impedir que los Estados sigan reconociendo la denominada zona SAR de búsqueda y salvamento «libia», cuando Libia, como Estado unitario, ha dejado de existir hace mucho tiempo, y especialmente cuando financian las actividades de un servicio de guardacostas «libio» que durante algún tiempo parece incapaz de garantizar la vida de las personas y el respeto de sus derechos humanos. ¿Para qué se han utilizado los cursos de capacitación de los guardacostas libios financiados por la Unión Europea?
No basta con repetir una vez más que los acuerdos bilaterales con el gobierno de Trípoli deben ser revocados y que la farsa de la zona SAR «libia» debe ser cancelada inmediatamente, tal vez con una intervención de la OMI (Organización Marítima Internacional, que también está vinculada a las propias Naciones Unidas), o a iniciativa de algún Estado, por el Tribunal Marítimo Internacional de Hamburgo.
La intervención sustitutiva llevada a cabo por las embarcaciones de la sociedad civil comprometida en el Mediterráneo central ya no es capaz de garantizar el pleno respeto de los derechos, empezando por el derecho a la vida, de los migrantes que todavía intentan la travesía, y sigue siendo objeto de una dura oposición, con campañas en los medios de comunicación, tras actividades policiales e iniciativas judiciales que no han mostrado nada, hasta las más recientes paralizaciones administrativas.
Es necesario reconstruir un análisis más amplio, teniendo en cuenta que la mayoría de las salidas de África del Norte son de Túnez y no de Libia, y que la difusión mundial de COVID 19 requiere un profundo cambio en las prácticas de comunicación e intervención de todos, incluidas las organizaciones no gubernamentales. Las actividades de vigilancia deberían ser mucho más extensas, especialmente en el sur de Malta y Lampedusa, incluso cuando no se resuelven con el abordaje de los náufragos, y la comunicación de los eventos de rescate, que algunos cínicamente tienden a definir como «eventos de migración ilegal» en la actualidad, debería ser lo más inmediata y detallada posible. Todo accidente atribuible a las autoridades estatales debe ir seguido de una denuncia inmediata y de una campaña de información basada en testigos y datos objetivos recogidos no sólo en el mar, sino también en los territorios, después de los desembarcos, a ambos lados del Mediterráneo.
La falta de canales legales de ingreso en Europa y el desmantelamiento sustancial del derecho de asilo y de los sistemas de recepción tienen el doble efecto de alimentar la explotación laboral en los diversos sectores y, al mismo tiempo, de reforzar la deriva populista y xenófoba ya presente en todos los países europeos. Los partidos del gobierno y de la oposición se alternan a lo largo del tiempo, manteniendo, aunque de manera diferente, una línea de cierre hacia la migración, como lo demuestra el apoyo parlamentario recientemente renovado a los acuerdos entre Italia y Libia y las posiciones de la Comisión Europea sobre las relaciones de los distintos Estados con terceros países, en particular Turquía.
Los derechos humanos en el Mediterráneo, y más en general en Europa, se derrumban día tras día, al igual que la libertad de movimiento se está restringiendo en todas partes, incluso dentro de las fronteras de Schengen. Las propias garantías constitucionales de la libertad personal parecen un recuerdo lejano, si se tienen en cuenta las violentas prácticas de detención administrativa adoptadas en diferentes formas en todas las fronteras terrestres, y se están levantando muros cada vez más altos, ciertamente no para bloquear la movilidad de los migrantes, sino para hacerles pagar el precio más alto. Un costo que también afectará la reducción de los espacios democráticos y la libertad de comunicación de los ciudadanos europeos. Para quienes logran superar los controles fronterizos, a falta de canales legales de ingreso, la única perspectiva sigue siendo la marginación y la explotación laboral de por vida. Un destino que podría ser compartido cada vez más por los sectores más débiles de la población europea. El próximo otoño se avecina de forma dramática en todos los países ribereños del Mediterráneo también desde este punto de vista, y no sólo por razones de salud.
Los actuales partidos, tanto del gobierno como de la oposición, en Italia, al igual que en otros países europeos, comparten, aunque con diferentes formas de comunicación, la línea de los rechazos colectivos, la detención informal y el abandono en el mar. Basta con poner en consonancia las declaraciones del actual ministro del Interior Lamorgese, las del Ministro de Asuntos Exteriores Di Maio y las de otros exponentes del gobierno después de las misiones de Trípoli y Túnez, con el saqueo periódico de los exponentes del derecho que especulan con cada vida rescatada en el mar, con cada persona que es acogida en el circuito de recepción, y hay una continuidad sustancial. Salvini y Meloni están tratando por todos los medios de relanzar la guerra entre los pobres, ahora no sólo sobre la base del trabajo que falta, sino adoptando la técnica del «chivo expiatorio», identificando en los pocos miles de personas que aún logran cruzar el Mediterráneo la razón de todos los problemas que afligen a la población autóctona, a partir de la exposición al riesgo de contagio de la pandemia Covid 19, que ya ni siquiera perdona a los países de origen de los migrantes. El ex ministro del Interior, que será juzgado en Catania el próximo 3 de octubre por el caso Gregoretti, ha lanzado incluso un llamamiento subversivo en su plaza, para que haya una presencia masiva ante el tribunal el día en que deba comenzar el juicio contra él. UNO quiere influir en las decisiones de los jueces con la presión populista. Un adelanto de lo que podría esperarse si la Liga volviera al gobierno y pusiera sus manos en el Ministerio de Justicia. Además de la vida de las personas en el mar y su dignidad en la tierra, se está debatiendo la separación de poderes, principio básico de un país democrático.
Las fuerzas gubernamentales responden a cualquier crítica de la derecha tratando de demostrar una mayor capacidad para hacer efectivas las expulsiones e involucrar a los países de tránsito en un intento de bloquear las salidas. Pronto todos volverán a criticar las pocas embarcaciones de las ONG que siguen funcionando, mientras que el gobierno, con una aportación política precisa, sigue utilizando la paralización administrativa para mantener bloqueadas las embarcaciones de las ONG. El escándalo de los barcos Hotspot en cuarentena continúa, y su fracaso sistemático, comparado con el objetivo anunciado de descongestionar Lampedusa, alimenta la propaganda de la derecha. El sistema de cuarentena obligatoria, que para los migrantes recién llegados se confunde con la detención administrativa, resultado de la declaración de un estado de emergencia sanitaria, corre el riesgo de dar lugar a los mismos abusos por los que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a Italia en el caso Khlaifia.
No se puede seguir practicando la política del «menos peor» o seguir creyendo que una negociación con el gobierno puede interrumpir esta línea de continuidad que alinea al gobierno y la oposición (no sólo en Italia) a la hora de tratar los temas de inmigración.
Es necesario trabajar para poner en marcha un proceso de unificación y la aparición de todas las demandas vinculadas a la protección de la vida humana y las libertades democráticas, tanto en el mar como en la tierra. Debemos recuperar la centralidad de la explotación laboral a ambos lados del Mediterráneo y denunciar cómo la respuesta a la crisis de Covid se ha volcado en todas partes, en Túnez no menos que en las regiones más débiles del sur de Europa, exclusivamente sobre los hombros de los trabajadores y grupos sociales más débiles. Es necesario recuperar la capacidad de producir información desde la base para llenar el enorme vacío dejado por una prensa sometida a los gobiernos, y en general a las fuerzas políticas más grandes, y por una escuela que se ha cerrado con un preocupante aumento del aislamiento social y la ignorancia generalizada. Como lo confirma la difusión de «Fake News» (Noticias Falsas) que envenena la cohesión social y contribuye a la construcción del enemigo interno.
A la lógica de limitarse a rescatar a los necesitados y a los que corren el riesgo de perder incluso la vida en alta mar, hay que añadir una visión más amplia del Mediterráneo, para poner en tela de juicio las relaciones económicas y políticas que reproducen sistemáticamente situaciones ya endémicas de inferioridad, desde el abandono en el mar hasta la explotación laboral o sexual.
No debemos resignarnos a la perspectiva de esta crisis, que no es transitoria y no es sólo sanitaria, sino también humana y política, sólo podremos salir de ella garantizando zonas inmunes, aumentando los niveles de exclusión social y de odio interétnico, levantando muros cada vez más altos en las fronteras. El control de las fronteras y la adopción de protocolos de seguridad sanitaria, tal vez con una atención sanitaria alejada de la especulación privada y de los productos básicos político-privados, es posible a pesar de todos estos hechos, especialmente garantizando canales legales de ingreso y el pleno reconocimiento de los derechos fundamentales de las personas, cualquiera que sea su condición jurídica y su nacionalidad.
Está en juego una gran partida, cuyo resultado podría ser una mayor democracia o una nueva forma de fascismo. Una partida que no puede jugarse sólo dentro de las fronteras nacionales o dentro de las acciones de individuos y asociaciones, que, por muy dignas que sean, pueden ser fácilmente bloqueadas por las elecciones inhumanas del aparato administrativo y la omnipresencia de los instrumentos de represión confiados a la policía. Un juego que habrá que combatir devolviendo el sentido a ese principio de solidaridad que sigue estando en el corazón de todas las Constituciones democráticas. Será necesario salir de las fronteras nacionales no sólo para salvar a las personas en aguas internacionales, sino también para construir nuevos sujetos representativos supranacionales y vínculos con todos aquellos que en los diferentes países del mundo, y especialmente en los Estados africanos más cercanos a nosotros, que dominan las costas del Mediterráneo, están jugando una partida muy difícil, mientras que las autoridades militares están dictando la ley y no se reconocen los principios básicos del estado de derecho.
Traducido del italiano por Estefany Zaldumbide
