El 6 de agosto, en el 195° aniversario de la independencia de Bolivia, se filtró un decreto supremo con el cual Jeaninne Áñez autorizaba a las F.F.A.A. y a la policía a reprimir al pueblo boliviano que se encuentra realizando bloqueos a nivel nacional en el marco de un paro indefinido desde el Lunes 3 de Agosto.

Los bloqueos empezaron de forma progresiva, suman más de 150 en distintos puntos del país. La modalidad es pacífica, la central obrera boliviana (C.O.B.) y el pacto de unidad, instruyeron a dejar pasar a las ambulancias, el personal médico, a los vehículos que transporten oxigeno, insumos sanitarios, etc., hacia los centros médicos con el fin de que puedan mantener su funcionamiento normalmente.

A su vez, se instruyó utilizar a todos los que se encuentran movilizados los medios de protección y medidas de bioseguridad contra el Covid-19. El objetivo del paro nacional es exigir que se lleven a cabo las elecciones en el país y no se sigan postergando de forma sistemática e ilegal con resoluciones unilaterales de parte del Tribunal Supremo Electoral. Por otro lado, se demanda asistencia en relación a la salud, educación y trabajo, las principales áreas en crisis y en emergencia en el país.

La convocatoria se lanzó desde la central obrera boliviana (COB), y el pacto de unidad que aglutina a todas las organizaciones sociales indígenas del país, pero se han sumado sectores de la sociedad civil, organizaciones sociales, personalidades y dirigentes que no pertenecen al Movimiento al Socialismo (M.A.S.), como el caso del dirigente Felipe Quispe, conocido como El Mallku que lidera varios bloqueos. “El bloqueo en Bolivia no es del M.A.S., sino de las bases campesinas y es más contundente que el 2003 porque no solo pide elecciones, sino la renuncia de Áñez”. Con el paso de los días y ante el agravamiento de la crisis social, se ha sumado el pedido espontáneo de renuncia de Jeanine Áñez.

El miércoles 5 de agosto fracasó, por segunda vez, el intento de negociación entre la central obrera boliviana (C.O.B.) y el Tribunal Supremos Electoral (T.S.E.) para definir una fecha electoral alternativa a la propuesta para el 18 de Octubre. Juan Carlos Huarachi,  Secretario Ejecutivo de la C.O.B., sostuvo: “No hay voluntad del T.S.E., (…) Hemos asistidos por segunda vez, no quieren mover la fecha del 18 Octubre (…) Esto es hacerse la burla del pueblo boliviano. A partir de ahora cualquier cosa que pase en el país es responsabilidad del T.S.E. Hicimos una propuesta, ni 18 de Octubre, ni 6 de Septiembre, propongan una fecha con garantías de organismos internacionales y la iglesia y no tienen voluntad”. Por otro parte, Orlando Gutiérrez de la federación sindical de trabajadores mineros de Bolivia advirtió ante amenazas de desbloqueo: “Un punto de bloqueo que toquen y eso va a cambiar la estrategia de lucha. Con nuestra presencia aquí en el T.S.E. garantizamos que queríamos dialogo”.

Al mismo tiempo, que se llevaba a cabo la reunión de los dirigentes mineros y T.S.E., Áñez posicionaba como nuevo ministro de planificación a Branco Marinkovic, provocando la indignación inmediata en redes sociales del pueblo boliviano. Marinkovic es un terrateniente croata, del fascismo Ustacha y separatista. Vivió en Brasil 10 años debido a que se fugó de la justica boliviana, porque fue uno de los impulsores de “La medialuna” (integrado por los departamentos Pando, Beni, Santa Cruz, Tarija) con quienes llevó adelante el intento frustrado de golpe de estado en el 2008 y la separación de esta región de Bolivia. Defensor de la supremacía blanca, su designación es un insulto a la memoria del país. Su nombramiento marca el rumbo de la escalada violenta que puede tomar el país.

Por otro lado, a ello se suman las amenazas y movimientos beligerantes que realiza el gobierno de facto. El 4 de agosto, el ministro Murillo amenazó: “Levanten los bloqueos o lo haremos nosotros”. Antes de que se inicie el paro indefinido cuando el clima en el país estaba tenso expresó: “Tengo gases lacrimógenos para seis meses si se hacen los vivos”. El 6 de agosto, Fernando López, ministro de Defensa, amenazó con una cacería a los dirigentes, incluso al candidato a presidente por el M.A.S.: “Se nos acabó la paciencia del diálogo, de Luis Arce, Esther Soria, la gobernadora de Cochabamba, Andrónico Rodríguez, vamos a empezar a actuar dónde corresponde, vamos a ir a dónde tengamos que ir”.

? #Bolivia ?? Todo se ha detenido en #Bolivia se han bloqueado más de 100 carreteras en el país. ✊ Los movimientos…

Gepostet von Continentes y Contenidos am Samstag, 8. August 2020

Imágenes de los bloqueos

La relación del Tribunal Supremo Electoral y los golpistas

Una segunda línea informativa que utilizan los golpistas es responsabilizar de la postergación de las elecciones a Salvador Romero, presidente del T.S.E. y deslindarse de ese plan coordinado. En esta línea Yerko Núñez, ministro de la Presidencia, manifestó: “Pedimos que pueda haber diálogo entre T.S.E. y los movilizados. Exigimos que no se cambie la fecha permanentemente, que sean más serios, este cambio de fecha provocó estas movilizaciones, lo que debe hacer el T.S.E. es en base a estudios científicos, determinar una fecha, no puede ser que estemos perdiendo vidas en pandemia por falta de oxígeno. No es sostenible que se siga enviando oxígeno en aviones”. Y se sumó Murillo: “Este tema debe resolver el T.S.E., que haga lo que quieren con los ‘masistas’”.

Por otra parte, Doria Medina, candidato a vicepresidente en el binomio con Áñez por “Juntos” sostuvo, con el fin de que se levanten los bloqueos, en contradicción con la propia ministra de Salud de facto, Eidy Roca, que afirmó que el pico de contagios será en octubre para seguir postergando la elección: “Ya hemos pasado el pico de la pandemia, lo ideal es ir a elecciones el 18 de octubre”. Estas contradicciones injustificadas, debido a que utilizan los mismos informes epidemiológicos del ministerio de Salud, se verifican entre los golpistas.

Salvador Romero se vende como “neutral” pero es un ferviente militante contra el M.A.S., fue designado a dedo por Áñez, como presidente del T.S.E. Esto es evidente por su vínculo con el Departamento de Estado norteamericano y con la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) en los cables revelados por WikiLeaks desde el 2008 como mínimo. LA USAID es un organismo a través del cual se financia operaciones encubiertas para desestabilizar a gobiernos populares o para apoyar a presidentes que responden a las directivas de EEUU. Un dato revelador es su participación en el golpe de estado y fraude contra Manuel Zelaya en Honduras. También trabajó para la O.E.A. y hay pruebas de su relación con la CIA.

El plan de EEUU es mantener en el poder a Áñez, un títere a través de quién gobiernan el país, posponiendo la fecha electoral indefinidamente en coordinación con el T.S.E.

Áñez convoca al diálogo, mientras reprime en Samaipata

El día 8 de agosto los candidatos del M.A.S. Luis Arce y David Choquehuanca, mediante conferencia de prensa en repuesta a un llamado de Áñez convocando al diálogo, afirmaron aceptar llegar a un acuerdo, y que debido a los tiempos es evidente que la elección no podría llevarse a cabo el 6 de Septiembre como exigen las movimientos sociales. Luis Arce sostuvo que aceptarán una nueva fecha electoral que cumpla con tres requisitos: que se debe establecer mediante una ley y no por una resolución para ingresar al marco jurídico constitucional, que se garantice la fecha fija e inamovible y que ese acuerdo cuente con el aval de organismos internacionales.

La conferencia de prensa se llevó a cabo el mismo día en que se registró al mediodía una fuerte represión en Samaipata, en Santa Cruz, con balas de plomo, dejando varios heridos. En simultáneo en que Áñez convocaba a un diálogo en el palacio de gobierno a las distintas fuerzas, al T.S.E., al presidente de la cámara de senadores y diputados y a la iglesia católica como observadores. Días antes también hubo enfrentamientos en la misma zona donde un grupo de cívicos prendieron fuego  Samaipata, reserva y centro turístico indígena para responsabilizar a los que se encuentran bloqueando la zona.

A su vez, los grupos paramilitares han entrado en vigencia y por redes sociales, mediante audios y videos, amenazan con desbloquear las carreteras. Está confirmada la presencia en La Paz de la “Resistencia Juvenil Cochala”, un grupo paramilitar de Cochabamba, que arribó a la ciudad, junto a otro grupo de Santa Cruz, con el objetivo de desalojar a un grupo de jóvenes que viene haciendo una vigilia pacífica frente al T.S.E.) hasta que se confirme fecha de elecciones. En este contexto, Yassir Molina, dirigente del grupo paramilitar, amenazó al Ejecutivo de la C.O.B.: “Estamos preparados para salir”.

Desde el inicio del paro indefinido, el gobierno de facto realiza un fuerte trabajo de inteligencia y se registraron infiltrados en los puntos de bloqueos que no permitían pasar ambulancias para generar conflictos y deslegitimizar el paro. Por otro lado, también para marcar, filmar a los dirigentes, a los jefes de cada bloqueo, sabotear estrategias y empezar una cacería masiva. Leonardo Loza, dirigente del Chapare, denunció: “Nos han enviado infiltrados para escucharnos y filmarnos, aquí hay infiltrados del gobierno”.

También, recientemente se conoció que sectores de militares que no comulgan con los golpistas, recomendaron a los dirigentes del trópico, principalmente a Andrónico Rodríguez y Leonardo Loza no dormir en sus domicilios. Por lo que muchos dirigentes pasaron a la clandestinidad para proteger sus vidas. A su vez, se confirmó que la zona del trópico de Cochabamba contaría con la presencia de francotiradores. En los puntos de bloqueo sobrevuelan helicópteros y se observan vuelos rasantes en El Alto de frente a los huelguistas en los bloqueos.

En esta línea Evo Morales denunció el 7 de agosto en su Twitter: “Se gesta un nuevo golpe de estado en #Bolivia, cuyo plan está a cargo de los generales Ortiz y Orellana. Se intenta instaurar un gobierno de civiles y militares. Con ese fin llegaron dos aviones con armas desde EEUU y desplazaron francotiradores a El Alto y Chapare”. El 15 de julio Áñez  ascendió ilegalmente por decreto a militares a pedido de Sergio Orellana, jefe de las F.F.A.A., pasando por alto la aprobación de la Asamblea Legislativa que había postergado ello para luego de las elecciones con un nuevo gobierno democrático.