En Chile, la crisis sanitaria tiende a empeorar después de tres meses de erróneas y contradictorias medidas gubernamentales que han obligado a renunciar al Ministro de Salud. A esta altura de la pandemia es evidente que las soluciones deben ajustarse a las condiciones de cada país y no obedecer a alguna receta determinada provenga ésta, incluso, de la propia Organización Mundial de la Salud. Parece estar claro aquí que las cuarentenas dictadas por las autoridades, además, de aplicarse tardíamente, consiguieron el efecto contrario de lo que se proponían.

En efecto, las medidas de confinamiento que afectaron a las comunas y barrios más pobres lo que lograron fue encerrar al coronavirus con las personas y lograr que muchos portadores del Covid 19 contagiaran a sus seres más próximos. Cuando la mitad de la población habita en viviendas pequeñas y precarias es absurdo que allí puedan lograrse las medidas de higiene y distanciamiento social. De allí que el contagio se hiciera más ostensible y hoy seamos uno de los países mal  evaluados en el combate contra el virus. Peor, desde luego, que varias naciones europeas y latinoamericanas respecto de las cuales Sebastián Piñera y sus colaboradores llegaron hasta ufanarse al comparar los primeros logros chilenos con los de aquellos países. Méritos que, finalmente, se desbarataran por las dramáticas cifras actuales de infectados y fallecidos en relación al tamaño de nuestra población. Porque cosa muy distinta es decretar una pandemia allí donde moran en promedio solo dos o tres personas por vivienda; mientras que aquí se conocieron casos de más de 10 personas hacinadas en menos de 60 metros cuadrados y con solo un baño.

Es imposible obtener buenos resultados, además, cuando se ha elevado en varios millones el número de desocupados y hasta el hambre afecta ahora a miles de familias en medio de un crudo invierno. En este sentido, Chile se ha precipitado abruptamente a las condiciones más críticas del llamado Tercer Mundo, pero ni así La Moneda se resuelve a recurrir a los millonarios fondos soberanos de la nación, apelar a las enormes reservas del sistema previsional o disponer una severa rebaja a los gastos asignados a las FF.AA y a su carrera armamentista.

Antes de cualquier otro propósito, en la lógica política de la derecha gobernante se concibe ir al rescate de la banca y de las grandes empresas nacionales, como que ya se habla de salvar a la aerolínea Latam de una inminente quiebra. De paso, también el Gobierno ha desestimado fijar un impuesto patrimonial que ayude a financiar, al menos, las cajas de víveres que La Moneda distribuye tarde, inepta y mezquinamente entre las familias más pobres. Una Iniciativa que  intenta, dicho sea de paso, recuperar la deteriorada imagen y credibilidad del Jefe de Estado, además de apoyar las aspiraciones electorales del oficialismo.

En las redes sociales y medios alternativos se celebra la caída del ministro Mañalich pero la verdad es que, en justicia, habría que deshacerse también de su amigo y tutor Sebastián Piñera, el principal responsable de las fallidas medidas para encarar la crisis sanitaria y social. Lo que se propondrán, ciertamente, las movilizaciones sociales que se avizora regresarán con fuerza apenas las restricciones se terminen, o los chilenos decidan sortear masivamente las leoninas prohibiciones impuestas por las cuarentenas. Cada día se suman por miles los detenidos y sancionados que burlan los controles policiales y militares, tanto así que hay quienes afirman que extender estas mitigaciones solo contribuye a enardecer más a la población sin obtener avance sanitario considerable.

El fracaso de Piñera causa ya honda decepción a toda la derecha y la cúspide patronal que lo sostiene. Todos estos actores de dan cuenta que el proceso constitucional acordado antes de la Pandemia no puede sufrir más dilaciones y que, más temprano que tarde, los ciudadanos llegarán a dotarse de una nueva Carta Magna y elegir representantes más legítimos en los municipios y Parlamento. Junto con imponer reformas económicas y sociales que apunten a superar el peor de los trastornos que afecta a nuestra sociedad: la inequidad y la grosera concentración de la riqueza.

La desilusión de los aliados gubernamentales es contundente. De allí los esfuerzos de La Moneda por convocar a los sectores de la ex Concertación y Nueva Mayoría a fin de convenir con sus partidos un acuerdo destinado, esta vez, a evitar la nueva explosión social anunciada para la próxima primavera. Un intento que es resistido por algunos sectores de la oposición, pero que puede fácilmente captar voluntades entre la Democracia Cristiana, el Partido Socialista, el PPD y otros grupos menores que ya asumieron que el malestar social también inculpa a estos referentes, a los gobiernos y a los principales protagonistas de la larga posdictadura.

Conforme a lo sucedido hasta aquí, se están gestando algunos acuerdos cupulares en favor de un “salvataje”, como se dice, de la llamada clase política. Sin embargo, también es predecible que el descontento se haga más incontenible después de estos meses de pandemia, aunque el cambio voceado en las multitudinarias protestas enfrente todavía peores represiones. Porque sabemos que estos últimos meses le han servido a La Moneda para destinar ingentes recursos a objeto de aumentar el poder “disuasivo” de las policías y militares. Mucho más onerosos, por supuesto, que los consignados para comprar respiradores artificiales, equipar hospitales y repartir caridad a los más afligidos.

No hay duda de que lo prioritario para el gobierno es perpetuar el sistema vigente. Esto es el de una democracia acotada y cercada, con un modelo económico ultra capitalista. Algo que también está en la mente de los sectores conversos y que en sus respectivas administraciones se dedicaron a conservar el sistema, favorecer a las oligarquías y corromperse como sus antecesores.