Pablo Dávalos: “es necesario repensar la economía y la política del Ecuador»

30.05.2020 - Quito, Ecuador - Rossana A. Cedeño

Pablo Dávalos: “es necesario repensar la economía y la política del Ecuador»
Manifestaciones en Quito (Imagen de Jember Pico Castañeda)

Pressenza-Ecuador, estuvo presente en el conversatorio virtual organizado por un equipo de humanistas con el Ec. Pablo Dávalos para analizar la situación del país. Dávalos centró su intervención en la “Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas” que, desde su perspectiva, integra a todo el sector público bajo una sola dinámica que es la del control estricto sobre su presupuesto, a pesar de que la Constitución del Ecuador, en su Art. 292, dice: “El Presupuesto General del Estado es el instrumento para la determinación y gestión de los ingresos y egresos del Estado, e incluye todos los ingresos y egresos del sector público, con excepción de los pertenecientes a la seguridad social, la banca pública, las empresas públicas y los gobiernos autónomos descentralizados.”

Aunque esta ley no toca los fondos y dice que “respetará en todo momento las competencias definidas por la Constitución”, Dávalos advierte que sí toca la autonomía de todas las instituciones que comprenden el sector público, rigiendo sus finanzas dentro de un concepto de austeridad. El momento en que se controla y monitorea el presupuesto de estas instituciones, se pueden establecer las prioridades, por lo cual deberán pasar su informe presupuestario al Ministerio de Economía y Finanzas para que este lo apruebe, afirmó.

Con la “Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas”, si una de las instituciones realiza un proyecto necesario para la comunidad, pero está fuera del informe presupuestario, puede enfrentar un proceso penal. Este estatuto se ha construido en un nuevo nivel de austeridad que es inconstitucional.

Manifestantes pintan una pared

Un problema similar existe con la denominada “Ley de Apoyo Humanitario” que, desde la perspectiva de Pablo Dávalos, se presenta como la más regresiva, dándole a las grandes empresas la potestad de definir los derechos laborales, a pesar de que estos son reconocidos como parte de los Derechos Humanos básicos, precisamente para proteger a las personas.

Ante este panorama, el pueblo se encuentra en medio de un contexto en el que las instituciones que deben amparar y sostener la democracia, la participación, la ley y la constitución, se encuentran debilitadas. Un ejemplo de ello fue la petición de la Asamblea Nacional al Ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, para que no pague la deuda externa, que fue completamente ignorada. Queda claro que el gobierno central somete las voluntades de los asambleístas para aprobar leyes, expresó el economista Dávalos.

Pero también se ha encontrado un silencio cómplice desde las instituciones que se ven afectadas por la ley, como es el caso de la Universidad Central que, en vez de defender los derechos de los estudiantes y profesores, se allanó a las circunstancias cerrando el proceso de matrículas y despidiendo a personal docente. Solo cuando terceros se presentan a la Corte Constitucional del Ecuador para demandar esta inconstitucionalidad, es que las universidades abren las matrículas y contratan personal. Esto demuestra que en el Ecuador no hay leyes ni institucionalidad porque, según Dávalos, el gobierno se está encargando de preparar el camino para un nuevo régimen neoliberal que no tomará decisiones al momento de subir al poder, sino que encontrará leyes que faciliten su trabajo. Prueba de esto es la “Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas”, que entrará en vigencia en el año 2022.

Con este panorama, en el que la derecha no tiene claro un proyecto de país y la izquierda no logra posicionar el suyo, es necesario repensar los contenidos de la política y la economía para articular propuestas diferentes como lo es la Renta Básica Universal, un concepto nuevo que se viene pensando desde distintos grupos sociales. Otra propuesta, complementaria, es el uso del dinero electrónico y que no se monetice en billetes, sino que se opte por un circuito de economía popular y solidaria que ayude a enfrentar la crisis que dejará la emergencia sanitaria en Ecuador.

Nota:
En seguimiento a la decisión final de la Corte Constitucional frente a las acciones iniciadas por organizaciones y colectivos contra el recorte presupuestario a la educación pública superior, informamos que el día jueves 28 de mayo se llevó a cabo la audiencia pública dentro del caso 34-20-IS, que recoge las acciones tomadas por diferentes organizaciones sociales y universitarias a causa del recorte presupuestario a universidades y escuelas politécnicas públicas. La jueza Carmen Corral Ponce concedió 72 horas para que las partes interesadas legitimen su intervención y luego ella elaborará el informe que se presentará en la Corte Constitucional para la resolución final del caso.

Categorías: Derechos Humanos, Economía, Educación, Entrevistas, Política, Salud, Sudamérica
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