Por Carlos Eduardo Piña*

A lo largo del año 2019, América Latina fue el epicentro de una serie de protestas y manifestaciones sociales que han generado un gran impacto en la opinión pública mundial debido a su magnitud, duración e imprevisibilidad; así como también por su transversalidad, ya que las mismas se han desarrollado indistintamente en países que tienen gobiernos de derecha o izquierda, conservadores o liberales, e incluso en países con gobiernos autoritarios o aquellos donde aún se respetan ciertas normas democráticas.

Precisamente ha sido la defensa de principios democráticos (en el caso de Venezuela, Bolivia o Nicaragua), la creciente desigualdad socio-económica (como en Chile y Colombia), la aplicación de medidas de ajuste económico (tal y como ocurrió en Argentina y Ecuador) o el reclamo de inclusión por parte de grupos feministas, indígenas, campesinos, etc., los principales móviles de dichas manifestaciones, los cuales, sin embargo, forman parte de un problema de mayor alcance estructural, a saber: el desgaste del modelo democrático-representativo y de su representación en el ámbito económico: el neoliberalismo.

Protestas en América Latina: la erosión de un modelo que ha excluido a una parte de la población

En la actualidad, la mayor parte de los gobiernos latinoamericanos que han adoptado este modelo no han sabido ofrecer ni desarrollar nuevos mecanismos de participación política, más allá de la celebración de elecciones cada cierto tiempo. Esta situación se ha traducido en la marginación de grupos y asociaciones con fines políticos, los cuales han observado paulatinamente cómo dicho sistema no les ofrece condiciones óptimas de intervención en los asuntos públicos.

Así, por ejemplo es posible observar cómo se desarrollaron protestas en Venezuela, Nicaragua o Bolivia pidiendo elecciones libres, al mismo tiempo que en Chile o Colombia se pedía una reforma profunda al sistema político que propiciara la participación de grupos sociales excluidos de dicho proceso. El problema de fondo es similar: reclamo de mayor participación política bajo condiciones adversas.

El ámbito institucional también ha de ser analizado como parte de este proceso de erosión democrática, debido a que en la mayor parte de los países de la región ha venido creciendo exponencialmente los casos de corrupción en las instituciones estatales, así como también las denuncias de clientelismo, nepotismo y uso de las instituciones del Estado por parte de aquellos partidos, tanto de izquierdas como de derechas, que en su afán de asegurar su mantenimiento y el de su partido en el poder, han tomado medidas irresponsables en cuanto al manejo de sus economías, comprometiendo las cuentas públicas y llevando al límite la situación fiscal.

De la misma manera, están los cuestionamientos y demandas realizados por grupos sociales, tales como los colectivos feministas, LGTBI, jóvenes y estudiantes, manifestantes pro-aborto, indígenas, etc., los cuales reclaman cada vez mayor reconocimiento y visibilidad. En todos estos casos, y bajo circunstancias particulares, el modelo democrático ha fallado en incluir a estas minorías en el proceso de toma de decisiones y formulación de políticas públicas.

El manejo de la economía: ¿Solo es culpa del neoliberalismo?

Otro aspecto importante está vinculado con el manejo de la economía que han realizado en los últimos 30 años los gobiernos latinoamericanos. En este espacio de tiempo, las oportunidades de crecimiento económico y/o profesional han estado limitadas a pequeños grupos, dejando de lado a las grandes mayorías sociales que por distintas razones, algunas de ellas estructurales, no han podido acceder a los beneficios de los ciclos económicos que ha experimentado la región.

Esta situación se ha visto maximizada de manera puntual en aquellos países cuyos gobiernos han defendido el llamado “neoliberalismo” económico, el cual es el modelo por excelencia que ha acompañado al sistema democrático-representativo desde su instauración. Muchos de sus defensores, no logran explicar de forma detallada cómo un sistema económico que genera riqueza e incrementos sostenidos del PIB, también ha propiciado una creciente desigualdad y pobreza en aquellas sociedades donde ha sido aplicado.

Además, tampoco ha sido completamente comprendido y asimilado por las sociedades latinoamericanas, por qué han sido las familias o los consumidores finales quienes siempre deben asumir el mayor peso de las medidas de ajuste económico aplicadas a partir de los principios neoliberales, situación que sin duda se traduce en un creciente malestar social, tal y como pasó en Chile, Argentina y Ecuador en la segunda mitad del año pasado.

La situación de America Latina se vuelve un tanto más traumática cuando la alternativa política al neoliberalismo tampoco ha sabido generar soluciones definitivas al problema de la desigualdad económica; bien por factores como la falta de coherencia en las políticas, ineficacia producto de la corrupción o sabotajes a la economía causados por el intervencionismo foráneo.

Las opciones para la crisis: transformación o profundización

Cuando una serie de gobiernos, llamados “progresistas”, intentaron apalancar sus políticas de desarrollo en la producción de materias primas para la exportación al mercado mundial, no prestaron mayor importancia a la existencia de ciclos de precios. Si bien en algunos casos se crearon mecanismos anti-cíclicos, también propiciaron un inadecuado manejo de los recursos que provocó ajustes significativos en la inversión social y presupuestos públicos frente a la caída de precios, lo que trajo consigo una maximización del malestar ya existente.

En resumen: la crisis de la democracia representativa y del modelo económico neoliberal se expresa en diferentes ámbitos y puede explicarse a partir de una palabra clave: exclusión.

Ha sido la falta de participación en el proceso de toma de decisiones públicas, junto a la limitación de la participación política de diversos agrupaciones con fines políticos, partidos, ONG´s, entre otros; sumado a la exclusión de una parte importante de la población en el reparto de los beneficios económicos generados por el modelo económico liberal; más la desatención de las demandas de grupos minoritarios en la formulación de políticas públicas; aunado a la pérdida cada vez más incontestable de la credibilidad en las instituciones del Estado; las principales razones que han generado un clima de malestar social en América Latina durante el año 2019.

Los gobernantes latinoamericanos deben tener claro que las formas de expresión política y de control social a la acción gubernamental en la región, ha venido cambiando considerablemente en los últimos años, razón por la cual, hoy en día, parte de la ciudadanía latinoamericana se siente con el poder suficiente para reclamar sus demandas en el escenario público.

Para hacer frente a esta situación, las opciones de aquellos que detentan el poder político en ALC son simples: o bien toman en cuenta el propósito de las demandas y fallas del sistema, y por tanto buscan corregirlas, o simplemente las desoyen, las reprimen y las ignoran.

Para cumplir con el primer objetivo resulta clave reforzar y mejorar los mecanismos de participación y reparto de las riquezas en el continente. En caso contrario, las sociedades latinoamericanas podrían sumergirse en una espiral de inestabilidad política, con revueltas cíclicas y cambios violentos de gobiernos, lo cual a su vez generaría mayor incertidumbre, estancamiento económico y continuos problemas sociales.


* Licenciado en Estudios Políticos y Administrativos por la Universidad Central de Venezuela (UCV). Especialista en Política y Comercio Petrolero Internacional (UCV). Candidato a Maestro en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Investigador, articulista, analista político y especialista en Relaciones China-Venezuela.

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