Por Ignacio Torres

Disculpen que vengamos a poner la nota amarga a su “Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución”, pero recuperamos la memoria histórica y no estamos dispuestos a que nos pasen por arriba dos veces. Es que hay razones para desconfiar.

Hay gente que no lo recuerda con claridad, pero ya hubo un acuerdo de estas mismas características en nuestra historia reciente. Se llamó “Acuerdo Nacional por la Democracia y el consenso constitucional» y se produjo en 1989. Es, posiblemente, el acuerdo político más amplio producido en Chile hasta ahora y se presentó como una reforma profunda a la Constitución de 1980 y la inauguración legal y constitucional en serio de la Democracia, después de años de Dictadura.

Se trató, ni más ni menos, que de 54 Reformas Constitucionales (sí, cincuenta y cuatro) que venían a garantizar el pluralismo político, terminar con exclusiones, facilitar el cambio de la Constitución misma. De buena fe lo firmaron prácticamente todos los partidos políticos de la época y se llamó a un plebiscito ratificatorio para que la ciudadanía participara y expresara su parecer.

Ese Plebiscito se desarrolló el 30 de julio de 1989 y es el segundo evento electoral más masivo en la historia del país, superado únicamente por el Plebiscito del Sí y el No del 5 de octubre de 1988. La participación fue del 93,73% del padrón electoral y 91,25% de los votos válidos fue a favor del Acuerdo y las Reformas Constitucionales. Niveles de participación y apoyo electoral propios de un régimen autoritario que arregla las elecciones, pero producidos cuando se acababa la Dictadura y en una elección libre y limpia.

Hasta aquí, parece el sueño democrático de quienes sueñan con esas fotos de todos unidos y con las manos en alto, celebrando los grandes acuerdos y consensos. Un pacto político con amplio apoyo ciudadano. Ideal.

Pero ¿qué consecuencias tuvo el Acuerdo de 1989?

En primer lugar, ha sido usado por 30 años como justificación de la Constitución de 1980. Si la Constitución de Pinochet tuvo un origen autoritario, son decenas los políticos, partidos y centros de estudio que proclaman su carácter democrático en base al Plebiscito de 1989 que, a pesar de haber sido expresamente hecho para reformar esa constitución, sería la legitimación de la misma a través de las urnas.

En segundo lugar, significó un bloqueo constitucional por más de 15 años, pues solo en el 2005 volvió a producirse una reforma de la Constitución con algún grado de profundidad. En 1989 se consagraron los quórums calificados para las leyes más importantes, el sistema electoral binominal, los senadores designados y vitalicios, en fin, todos los cerrojos de la democracia chilena de los años 90 y 2000.

En tercer lugar, instaló la cultura política de los “grandes acuerdos” y los “consensos” en Chile, según la cual los principales partidos políticos optaron por evitar la disputa política y más bien pactar entre ellos acuerdos de gobernabilidad. Fue este el punto de inicio de lo que hoy se denomina “casta política” o “clase política”, en la que se hace extremadamente difícil discernir las diferencias programáticas de las organizaciones políticas y, para la ciudadanía, las orgánicas políticas se presentan como un todo conjunto, indiferenciables entre sí y que “se arreglan entre ellos”, por sus prácticas de acuerdo y negociación en vez de generar dinámicas de disputa y diferenciación. Es lo que se ha llamado el “consenso neoliberal” y que golpea más fuertemente a los partidos de izquierda, pues se desdibujan sus principios, prácticas y consignas moviéndose a un consenso enmarcado en un modelo político, económico y social neoliberal.

Y, en cuarto lugar, la consecuencia más grave: el Acuerdo y el Plebiscito de 1989 significaron la desmovilización de la ciudadanía, que venía en una larga dinámica de activación social desde inicios de los años 80 luchando contra la Dictadura. Con la negociación del Acuerdo se trasladó la iniciativa política exclusivamente a las directivas de los partidos y se entendió que la política se desarrollaba exclusivamente en los salones de negociación. Con el Plebiscito, se transformó la movilización social únicamente en participación electoral por una sola vez. Con la cultura de los consensos que vino después, se desactivó la articulación social desarrollada por años y se evitó toda disputa.

La tragedia del Acuerdo y el Plebiscito de 1989 consistió en que a través de necesarias reformas democratizadoras de la Constitución se desactivaron los fundamentos materiales de la democracia en ciernes, que venían de la lucha contra la Dictadura: la movilización social, la participación ciudadana, la diferenciación partidaria, la disputa política. Por ello, tuvimos la democracia que tuvimos durante los años 90.

Y justamente eso es lo que conecta con el Acuerdo firmado ahora, en Noviembre de 2019: el riesgo que los partidos políticos, la mayoría presentes en el Acuerdo de 1989, vuelvan a repetir la dinámica de fines de los años 80 y desactiven la movilización social que comenzó el 18 de octubre y que es el fundamento material del proceso constituyente en el que se encuentra Chile.

Hay razones para preocuparse por ello. En primer lugar, el Acuerdo de 2019 se realiza exclusivamente entre las directivas de los partidos políticos a través de negociación entre ellos, tendiendo al acuerdo en vez de la diferenciación, presentándose todos como un conjunto indiferenciado. Peligrosamente similar a 1989.

En segundo lugar, la Convención Constituyente y su quórum de ⅔ tiende, inevitablemente, a la búsqueda de amplísimos acuerdos e instituye un poder de veto de la minoría que logra un tercio de los delegados constituyentes, los que además son elegidos al alero de partidos que deben formar coaliciones electorales para poder elegir, sin mecanismos de elección para organizaciones sociales, asambleas territoriales, u otras formas de participación política distintas a la afiliación partidaria. La política en manos de partidos políticos que tienden al acuerdo, sin presencia de actores sociales. Todo muy similar a la política de los consensos de los años 90.

Y, en tercer lugar, el Acuerdo de 2019 reduce la movilización ciudadana exclusivamente a participación electoral en tres eventos electorales: Plebiscito de Entrada, Elección de Delegados Constituyentes, Plebiscito de Ratificación de la Nueva Constitución. No se establece en el Plebiscito de Ratificación que la ciudadanía dirima puntos de disenso de la Convención Constitucional ni menos mecanismos de participación de fondo en la elaboración del nuevo texto, como cabildos, elección de delegados constituyentes con mandato específico u otros.

Así, peligrosamente el Acuerdo de 2019 se parece al Acuerdo de 1989 y, por lo mismo, hay temores fundados sobre sus consecuencias. Sobre si es un avance del movimiento social o una usurpación de representatividad transmitida en vivo por todos los canales de Televisión.

Discúlpennos que no celebremos. Es que hay razones para desconfiar.