Los académicos Gladys Bobadilla, Bruno Jerardino, Carlos Gómez y Roberto Mayorga de la Universidad de Santiago – USACH – responden al rectr Zolezzi mediante el siguiente comunicado:

«El comunicado a la USACH del Rector Zolezzi, de 25 de junio del corriente, es la mejor confirmación de la veracidad de las 5 denuncias que hemos hecho recientemente en una Declaración Pública (véase aquí), y de las cuales el Rector no ha sido capaz de hacerse cargo.

PRIMERO. En el referido comunicado quedan en evidencia las incoherencias valóricas del Rector Zolezzi, aquel doble estándar que hemos develado cuando aparenta posiciones de vanguardia pero al mismo tiempo se aferra a las regulaciones de la dictadura civil militar (DFL 149 de 1981) para perpetuarse con antidemocrático autoritarismo en su cargo, excluyendo a 1800 académicos de la posibilidad de expresar su parecer sobre la rectoría y manteniendo amedrentados a todos quienes puedan manifestar opiniones discrepantes. En comprobación de lo que sostenemos, tenga presente la comunidad universitaria, a vía de ejemplo, como aquel doble estándar y las contradicciones valóricas resaltan de su propio comunicado cuando expresa: “Nos sentimos orgullosos de ser un espacio de reflexión, análisis crítico y debate de ideas…..en el cual conviven las legítimas visiones de sus distintos actores”.  No obstante, a reglón seguido descalifica infundada y violentamente nuestras reflexiones suponiéndonos intereses mezquinos, borrando de una plumada aquel supuesto espacio de reflexión cuando en el comunicado nos sentencia que: “Estamos siendo testigos de cómo intereses político electorales de algunos grupos lejanos al bienestar de nuestra comunidad universitaria buscan tensionar artificialmente nuestra convivencia….”

Sepa la comunidad que los firmantes somos de las más diferentes posiciones y que nuestra cruzada es exclusivamente universitaria y, sobre todo ética, al comprobar como el doble estándar y las incoherencias valóricas del Rector han anestesiado a la Usach ilegitimándolo en su cargo. Se pontifica sobre un eventual espacio de reflexión, análisis crítico y debate de ideas pero éstas se descalifican violentamente si son contrarias a las posiciones oficiales. Es ello lo que ha opacado el espíritu universitario generando miedo en muchos académicos, estudiantes y personal para expresar libremente sus opiniones, temerosos a injustas represalias de parte de la autoridad como las que probablemente se intentarán aplicar a nosotros producto de nuestra Declaración Pública. Rector, no se equivoque, no le tememos! Por el contrario, lo desafiamos a dar la cara en un foro público de sus dichos, ante nosotros y la comunidad universitaria, o a retractarse de ellos, asimismo, públicamente.

SEGUNDO. Respecto del crítico análisis financiero de Contraloría General de la República, se enreda el Rector en explicaciones inconexas sin desvirtuar que los $3.373 millones asignados para becas no se destinaron a becas. En el día de ayer, jueves 27 de junio, Pro-rectoría, en la persona del Sr. Jorge Torres, acepta en un comunicado (véase aquí) que esa suma de $3.373 millones recibidas para becas (para alrededor de 1500 estudiantes), no se destinaron a becas, reconociendo, en un hecho insólito, que han solicitado a Contraloría poder devolverla a plazo, en cuotas, lo que muestra el desvío  e inexistencia actual de esos fondos públicos.

Por otra parte, el Rector no se hace cargo del requerimiento a informar dentro de 60 días a Contraloría de las irregularidades financieras y contables detectadas, ni del sumario interno que se le ordena abrir dentro de 15 días a fin de identificar a los responsables de dichas irregularidades.

TERCERO. En resumen, no hay pronunciamiento alguno del Rector sobre el resto de nuestras fundadas imputaciones. Sobre su entronización no ética en el cargo, con supuesto apego a la ley pero claramente carente de legitimidad (punto 2 de la Declaración). Sobre el agravio al país y a la universidad al apoyar la mantención del litio en poder de SQM y Ponce Lerou (punto 4 de la Declaración). Sobre su pertinacia en excluir a 1800 académicos por hora recurriendo para ello a regulaciones de la dictadura y apelando de un fallo categórico que le ordenaba incluirlos (punto 3 de la Declaración).

La Comunidad Universitaria tiene el derecho a la transparencia y debe exigir un pronunciamiento público al Rector Zolezzi sobre cada uno de estos puntos y de todo otro tipo de asuntos que puedan mantenerse en las sombras.

CUARTO. Es nuestro deber advertir a la comunidad universitaria, acerca de la estrategia de desinformación con que la Rectoría intenta y probablemente intentará confundir respecto de la severa crisis de legitimidad, de autoridad y de conducción que la afecta. A vía de ejemplo, Pro-rectoría, por intermedio del Sr. Jorge Torres, ha informado sesgadamente (véase aquí) de una resolución de la Corte de Apelaciones sin aclarar que no se refiere a la demanda de los profesores por hora ante el Tribunal Calificador de Elecciones, TRICEL, (ante el cual la apelación del Rector para excluir a los profesores está pendiente) y sin señalar que en la página 5 (véase aquí) de esa resolución, numeral 10, se indica que el TRICEL “es el tribunal competente para resolver este conflicto, por expresa disposición de la Ley 21.094”.

QUINTO. Por último, ha sido divulgada y publicada recientemente en los medios una declaración del Consorcio de Universidades Estatales (CUECh), anónima, esto es sin individualizar a los firmantes que, en su último párrafo contiene una indebida injerencia en la independencia del TRICEL al pretender que se revoque el fallo que ha anulado la elección de rector en la USACh y ha ordenado incluir a los profesores por hora en dicha elección.

Dicho consorcio, a pretexto de cautelar la autonomía universitaria, postula la exclusión discriminatoria de un porcentaje mayoritario de académicos, no obstante que la ley 21.094 expresamente señala en su artículo 5° sobre principios:

“… Los principios que guían el quehacer de las universidades del Estado y que fundamentan el cumplimiento de su misión y de sus funciones son el pluralismo, la laicidad, esto es, el respeto de toda expresión religiosa, la libertad de pensamiento y de expresión; la libertad de cátedra, de investigación y de estudio; la participación, la no discriminación, la equidad de género, el respeto, la tolerancia, la valoración y el fomento del mérito, la inclusión, la equidad, la solidaridad, la cooperación, la pertinencia, la transparencia y el acceso al conocimiento.

Los principios antes señalados deben ser respetados, fomentados y garantizados por las universidades del Estado en el ejercicio de sus funciones, y son vinculantes para todos los integrantes y órganos de sus comunidades, sin excepción.”

Llamamos, en consecuencia, a la Comunidad Universitaria a exigir transparencia y estar alerta ante las estrategias de desinformación, y reiteramos nuestro requerimiento a rectoría a debatir ante toda la comunidad el contenido de nuestras afirmaciones.»

Firman los académicos de la USACH antes mencionados.