México ha anunciado que garantizará los derechos de los migrantes que sean enviados a su territorio desde EE.UU. mientras se tramite su solicitud de asilo.
“México garantizará que las personas extranjeras que hayan recibido su citatorio gocen plenamente de los derechos y libertades reconocidos en la Constitución”, ha señalado en una rueda de prensa José Antonio Zabalgoitía, encargado de negocios de la embajada mexicana en Washington (capital estadounidense).
El Ministerio de Asuntos Exteriores de México ha informado en un comunicado haber recibido un aviso del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos en el que se le comunica la voluntad de Washington de aplicar una sección de la Ley de Inmigración y Nacionalidad que le permitiría devolver a extranjeros no mexicanos mientras se resuelve su proceso migratorio en Estados Unidos.
“México reafirma su derecho soberano a admitir o rechazar el ingreso de extranjeros a su territorio, en ejercicio de su política migratoria”, ha respondido la Cancillería mexicana agregando que autorizará “por razones humanitarias y de manera temporal” el ingreso de “ciertas personas extranjeras” que hayan sido entrevistadas por las autoridades estadounidenses y tengan una citación para presentarse ante un juez de ese país.
El anuncio ha llegado dos días después de que los dos países vecinos anunciasen un acuerdo para destinar 35 600 millones de dólares al desarrollo de los países del Triángulo Norte (Honduras, Guatemala, El Salvador) y el sur mexicano, en el marco de sus esfuerzos para hacer frente a la crisis migratoria en la región.
Un juez federal de EE.UU. ordenó suspender la aplicación de las políticas migratorias del Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, dirigidas a restringir las solicitudes de asilo de personas que aseguran ser víctimas de pandillas o de violencia doméstica en sus países de origen.
La Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) adoptó el pacto mundial sobre los refugiados mientras EE.UU. y Hungría fueron los únicos miembros que votaron en contra de la resolución anual sobre el trabajo de la Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
