Caso Daniel Solano

Neuquén, Puel Mapu. El mismo día (22 de diciembre de 2018) que el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro confirmó las condenas para los 7 policías que asesinaron a Daniel Solano, se presentaron en mi casa dos oficiales. Uno estaba uniformado, portando lentes negros y un par de papeles en las manos; el otro estaba detrás de él, vestido de civil y mirando para todos lados, como si fueran ambos verdaderos mafiosos. Me preguntaron mi nombre. Lo confirmé. El de anteojos negros me pasó por las rejas del portón los papeles. “Es por unas amenazas me parece”, me dijo como desentendiéndose de la cosa. “Viene de Cipolletti. Firmame acá y acá”, insistió mientras me señalaba una de las hojas. “Claro”, le respondí y me puse a leer. Me tomé mi tiempo. En la parte principal decía “Juan Francisco Barrera”, en el medio de la hoja estaba la palabra “desestimar”. Vi los dos fragmentos del texto casi en simultáneo. Igual seguí leyendo hasta que el policía, ofuscado viendo que yo no iba a firmar, me apuró. “Bueno dale flaco. Andamos trabajando nosotros. Es por unas amenazas nomás”. “Acá dice que el Ministerio Fiscal (de Río Negro) desestima mi denuncia”, le respondí intentando mirarle la cara. “Bueno, dame los papeles y anda a rectificarla al Ministerio entonces”, me dijo en tono amenazador. El tipo sabía de qué se trataba la denuncia. Se estaba haciendo el pelotudo. “Ésto es para salvar a tu compañero”, le indiqué mientras le devolví los papeles sin firmar, y me volví dándoles las espalda. Mientras me iba, percibí que se quedaron mirándome, parados en el portón, hasta que el de anteojos soltó “verga de mierda”. Lo dijo despacio, pero no tan despacio, para que yo lo oyera. No respondí, ni firmé. “El tono abusivo y los gestos mafiosos de estos ‘oficiales’ de la seguridad representa el nuevo paradigma social que se intenta imponer en varios países de Latinoamérica”, pensé más tarde, mientras intentaba pensar la secuencia. Un paradigma social de justicia que parecía extinto, superado y alojado en décadas pasadas. Este nuevo paradigma social de justicia consiste en que son las mismas fuerzas de seguridad y el orden las que intentan imponer miedo y prácticas corporativas delictivas, dentro de gobiernos aparentemente democráticos; prácticas corporativas mafiosas que se intentan imponer con fuerza de ley, sin tener que –por lo tanto– inventar falsas pistas para justificar los actos temerarios de los oficiales-delincuentes (véase la doctrina Chocobar).

Por supuesto que junto a Leandro Aparicio y Sergio Heredia, vamos a apelar la decisión del Ministerio, mientras que en paralelo se siguen investigando las causas conexas que derivarán en todos los cómplices que colaboraron para asesinar y desaparecer a Daniel Solano.

Mi rol dentro del caso sigue siendo el mismo: documentar con minuciosidad cada hecho para tener un registro judicial y comunicacional de un modus operandi policial–estatal (que lamentablemente seguiremos viendo); un registro documental que nos ayudará a actuar con mayor celeridad ante futuros nuevos casos de desaparición forzada en la región, en donde el tiempo juega en todos los casos un factor decisivo.

¡La historicidad de la violencia tiene que tener un registro documental y comunicacional que no esté siempre relatado por el mismísimo opresor! En la foto que acompaña este relato se puede ver el rostro cubierto (que me hizo recordar la impresión que me produjo el policía) de Carlos «Tonelada” García (el dueño de Macuba Megadisco), pero si ustedes colocan este mismo nombre en el buscador de Google encontrarán sólo 6 retratos de este hombre que se mantiene en un sorprendente anonimato comunicacional: tres de esas fotografías son del diario “Río Negro” y tres son mías. En dos de los retratos del diario Río Negro, “Tonelada” García aparece de espaldas, mientras que en el tercero se lo ve de perfil. En la única foto en la que se le puede ver la cara descubierta es en uno de mis retratos. En el fondo, como si fuera una sombra de “Tonelada” García se reconoce la figura de Juan Barrera.