Por Paula Sánchez

Ana Paula Brito es  historiadora y maestra en Memoria Social y Patrimonio Cultural. Llegó al Museo de la Memoria para realizar una pasantía como becaria de Ibermuseos para capacitación (edital 2017) y tuvo la oportunidad de conversar con todas las áreas para aprender de esto casi 10 años de historia de la institución.

“Me parece que este Museo es muy importante para América Latina, y creo que es clave  que ustedes puedan preservar el camino que han tenido que recorrer desde su instalación hasta ahora. Más que nunca, el Museo de la Memoria tiene una gran historia que contar, y le sirve a Brasil que ha dejado de lado la voluntad de reconstruir su memoria”, recalcó.

Ana Paula Brito fue directora del Núcleo de Preservação da Memória Política y autora de libros sobre el tema de la memorialización de pasados traumáticos. Ha sido responsable por el Núcleo de Investigación del Memorial da Resistência de São Paulo (2014-2016) y coordinado el proyecto de investigación histórica y museológica de la implantación del Memorial da Luta pela Justiça (2016-2017), además de colaboradora del proyecto de creación del Memorial da Democracia da Paraíba.

A partir de esta pasantía, Ana Paula comenzará un trabajo internacional para vincular al Museo de la Memoria con las diversas iniciativas de memorias en Brasil para apoyar la construcción de una memoria basada sobre las violaciones de derechos humanos y proyectado hacia el futuro.

El caso brasileño

Durante su informe de retroalimentación abordó también sobre el Caso Brasilero y cómo se ha ido constituyendo la memoria en el país. “La dictadura cívico militar de Brasil duró desde  1964 hasta 1985, con muertes, secuestros, robos, allanamientos, detenidos desaparecidos, instituyendo la legalidad de este régimen con el uso de la violencia, y cuando pasamos a la transición se institucionalizó el silencio a través de un pacto nacional para que nadie en el país pudiera hablar sobre lo sucedido”, explicó Ana Paula. Esta ley de amnistía eximió de responsabilidad a los militares, y hasta hoy en día, ninguno ha sido enjuiciado y menos condenado sobre crímenes de lesa humanidad. “Carlos Alberto Brilhante Ustra (83), fue el único militar reconocido por la Justicia, en una acción declarativa hasta ahora inédita, como torturador, y murió sin ser juzgado”, cuenta.

¿Cuándo Brasil reconoce lo sucedido en dictadura?

Al contrario que en Chile, en Brasil la primera acción de política pública del estado ocurrió en 1990, cuando fue descubierta una fosa clandestina en un cementerio a través de una investigación realizada por los familiares de detenidos desaparecidos, quienes identificaron en el instituto nacional documentos de defunción y fichas personales que tenían una T roja, de terroristas. El caso se llamó Vala Clandestina de Perus, y se transformó en un hito para que recién se comenzara a hablar de dictadura. Fue así que se crea la Comissão dos familiares dos mortos e desaparecidos políticos e a abertura da Vala de Perus em 1990, para identificar los restos mortales. Pero de 1.049 osamentas, hasta diciembre de 2016, se identificaron sólo a 3 militantes políticos: Flávio Molina, Dênis Casemiro, Frederico Mayr.

¿Por qué?

Hay voluntad política pero no se ha invertido en investigación forense, en el derecho que tienen las familias de las víctimas a reconocer a sus muertos. Brasil ha sido condenado en varias instancias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque además de todo esto, la ausencia de información causa estragos en la salud de las personas que buscan sus familiares. Esta situación es grave y muy lejana a lo que veo que ha sucedido en Chile con el trabajo que se realiza con los familiares de las víctimas.

¿Hubo más acciones?

Sí. En 1995 se constituyó la Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos – Lei 9.140, para identificar las víctimas y hacer actividades públicas sobre el tema. Así comenzó a crearse una demanda nacional para que las escuelas hablaran sobre el tema y promover las investigaciones. Como resultado del trabajo de la Comisión Especial sobre Muertos y Desaparecidos Políticos, se aprobaron 221 casos y se rechazaron 118. El criterio único usado como base para calcular las indemnizaciones fue la esperanza de vida de cada uno de los muertos o desaparecidos. El plazo para la presentación de solicitudes ante la Comisión expiró en 2004.

Luego se crea la Comisión de Amnistía…

Sí, y lo importante es que se instala en el Ministerio de la Justicia en 2002 durante la gestión de un presidente que fue exiliado político. Cuando llega Lula al gobierno (2003), se fomentan algunas políticas para rescatar la memoria del periodo de la Dictadura militar, como las Caravanas de la Amnistía y la construcción del Memorial de la Amnistía. Las Caravanas consistían en el desplazamiento de la Comisión de Amnistía de la sede del Ministerio de justicia en Brasilia a localidades remotas de todo el país, con el fin de reunir testimonios y juzgar los procesos que se refirieran a casos ocurridos en lugares alejados de las ciudades. Eran actos simbólicamente muy potentes porque era el Estado pidiendo perdón a las víctimas.

¿Y continúan?

No. Con el cambio de gobierno se eliminaron los actos porque el actual ministro de justicia cree que no hay que pedir perdón a nadie y hubo una disminución significativa de los procesos aprovados para reparación financiera. En 2017 fueron negadis 130 pedidos y solo 58 aprobados. Los familiares siempre luchan por verdad y justicia para que se reconozcan los crímenes, y eso no se sigue adelante. Lo mismo pasa con las Clínicas de Testimonios, una iniciativa que apoyaba sicológicamente a los familiares de víctimas y torturados, tampoco está recibiendo apoyo del nuevo gobierno.

¿El ciudadano brasileño tiene conciencia de esta falta de memoria?

No quisiera generalizar, pero el brasileño es menos dado a salir a protestar a la calle como he observado que pasa en Chile, sobre todo en cuanto a este sistema. Entonces, el libro que se sacó sobre el derecho a la memoria y a la verdad (2007), pasó inadvertido hasta el 2008, cuando la comisión de familiares de víctimas del país más los de ex presos políticos, se unieron a otras agrupaciones de derechos humanos para manifestarse sobre el tema en la capital. Lo que consiguieron fue que el tema fuera reconocido en el ámbito de los derechos humanos y no sólo en el campo de la memoria histórica. Así se incluye en el Plan de los Derechos Humanos (PNDH), exigiendo como deber del Estado garantizar el derecho a la memoria.

¿Y legalmente?

El 2011 se aprueba la Ley nº 12528 que crea la Comisión Nacional de la Verdad (CNV) y la ley 12.527 que regula el acceso a información. En 2012 la juventud brasileña hace escraches (funas) a los torturadores por todo el país, reivindicando la instalación de la CNV y la punición de los agentes de la dictadura. La Comisión se instala el 2012 a través de audiencias públicas en distintas partes del país, además de la creación de otras comisiones de verdad por el país y realización de encuentros con otras comisiones, con un total de 92 comisiones de verdad por todo el país y 8 Informes de Investigaciones. El 2014 se presenta el informe final considerando oficialmente 434 muertos y desaparecidos políticos y 1.843 presos políticos torturados, además de entregar recomendaciones para el Estado –como la creación del Museo Nacional para la Memoria.

Muy poco, considerando el tamaño del país.

Claramente. Pero al mismo tiempo que nos enoja porque estas cifras no son posibles, al mismo tiempo estamos muy contentos que por primera vez el Estado reconoce la muerte de estos ciudadanos que fueron perseguidos por sus ideas políticas. Entendemos que es un primer paso y continuaremos luchando para que otras comisiones sean creadas. Y es importante recalcar que este informe también reconoció que el Estado continúa violando los derechos humanos en forma masiva, que existe esta persistencia de continuar esta práctica.

Como en el caso de Mariella Franco, la activista asesinada.

La policía militar sigue matando, sigue haciendo desaparecer personas y comete crímenes como una herencia clara de la dictadura. Y esto porque existe total impunidad al accionar. No tenemos aún una respuesta clara de lo que sucedió con esta militante de los derechos humanos de Río de Janeiro y que defendía a la población negra, de las mujeres y los homosexuales, y que también apoyaba a los familiares de policías muertos en los conflictos de Río de Janeiro.

Un claro retroceso.

Absolutamente, y cuento otro caso ilustrativo. Junto con la Comisión que investigó, se creó una ley de acceso a la información que permitía acceder a los archivos que daban  cuenta de los atropellos cometidos en dictadura. Sin embargo, el año pasado los documentos de un pre candidato a la presidencia  y militar por el ejército y por la contraloría general de la república fueron censurados, de modo que el derecho a que cualquier  ciudadano accediera a sus archivos ahora está prohibido. Al ser aprobado, abrió un nuevo antecedente de retroceso para garantizar el derecho a la verdad. Por parte de la ciudadanía también hemos vivido un retroceso, porque con la crisis gubernamental que estamos teniendo, la gente sale a las calles a pedir que intervengan nuevamente los militares y a realizar a apologías a la tortura para que castigue al partido contrario.

¿Qué espacios existen en Brasil para resguardar la memoria?

Son muy pocos los que tenemos porque hay poco interés de hablar sobre lo que pasó ya que se dice que ocurrió hace mucho tiempo. Aún así tenemos algunos sitios de memoria reivindicados por los propios familiares de las víctimas, ex detenidos políticos y apoyados por el Estado: el Memorial da Resistência de São Paulo, el Memorial da Resistência de Fortaleza, el Memorial das Ligas Camponesas, el Memorial de la Luta pela Justiaca, y el Memorial da Democracia da Paraíba, desde donde contribuyo ahora. Los países necesitan integrar su memoria para proyectar su futuro. Y por eso me voy con ese concepto que aprendí en este Museo, Mas qué nunca hay que trabajar por los derechos humanos y por resguardar nuestra memoria.