El caso de esterilización forzada ocurrió en la ciudad de Mococa, en el interior de São Paulo

En la ciudad de Mococa, en el interior de la ciudad de São Paulo una mujer pobre y en situación de vivir en la calle fue esterilizada de forma coercitiva. La acción fue promovida por el Ministerio Público, y mediante la decisión judicial del juez Djalma Moreira Gomes Júnior, forzó a la mujer e incluso al ayuntamiento de Mococa a realizar el procedimiento de esterilización. Bajo pena de multa de mil reales por día. La alcaldía recurrió y el Tribunal de Justicia del estado revocó el proceso negando la lugadura de trompas, pero ya era demasiado tarde. La ligadura, que es un procedimiento quirúrgico irreversible, ya había sido hecha.

No estamos hablando del Perú de los tiempos de Fujimori, donde una política macabra de «planificación familiar» esterilizó a miles de mujeres peruanas, este caso ocurrió durante el Gobierno Temer, en Brasil, en junio de 2018.

En estas elecciones de 2018 no faltan candidatos levantando la misma bandera de «Planificación familiar» y «Control de Natalidad» de los más pobres para supuestamente combatir la miseria, bajo una excusa armada especialmente para escamotear sus ideales de eugenesia proto-nazis, donde en el fondo quieren erradicar de la sociedad a los sectores indígenas, mestizos y negros.

La acción es un horrendo y flagrante atentado contra los derechos humanos y no respeta no sólo las leyes nacionales, sino también elucida la nota promulgada por la Defensoría Pública del estado de São Paulo, así como todas las legislaciones internacionales en que Brasil es signatario.

¿Qué derecho tenía el juez para decidir este procedimiento ilegal de esterilización, hecho coercitivamente con una mujer pobre y sin techo? ¿Por qué el mundo se mete con el cuerpo femenino produciendo tal violencia? ¿El juez con toda su autoridad legal tendría el coraje de mandar coercitivamente a un hombre que vive en el Jardín Europa, situado en una región rica de la capital de São Paulo, a ser esterilizado?

Realizar una intervención quirúrgica tan invasiva como una ligadura de trompas de una forma arbitraria como en el caso Mococa es una profunda violación a los derechos más elementales de las mujeres. Se hace vital una respuesta de los poderes públicos para apurar el caso y castigar a todos los responsables de tal arbitrariedad. Quien dio la orden y quien la ejecutó deben ser responsabilizados igualmente.

Imagina si un juez manda mutilar y/o extraer un órgano de alguien sin su consentimiento y el médico acata esta decisión injusta, él también se vuelve co-responsable, así como los policías y oficiales de justicia que la acompañaron hasta el hospital. Todos son co-responsables de esta violación. Las personas tienen conciencia propia y este procedimiento de esterilización forzada está prohibido expresamente en nuestra legislación.

No es de más recordar que esto ocurre solamente con las poblaciones más pobres, más frágiles de la sociedad. En este caso una mujer sin techo. Un proceso de deshumanización alarmante. De falta de empatía hacia el otro ser humano. La responsabilidad en este caso, por decisión activa o por omisión pasiva, va desde el juez que emitió la sentencia hasta los policías y médicos que acataron, junto con los trabajadores de la salud, asistentes sociales y enfermeras involucradas. Todos necesitan responder legalmente para que eso no se repita jamás.