Los días 12 y 13 de diciembre pasados se realizó en Bogotá el evento Primer año de implementación del acuerdo de paz; ¿qué sigue? (1) Convocado por distintas organizaciones sociales del país, con el propósito de hacer un balance en materia de los avances en la implementación de los acuerdos de paz entre el Gobierno colombiano y las FARC, además de analizar los retos que implica este proceso a corto, mediano y largo plazo.

A pesar de que es el primer año de la implementación de los acuerdos de paz entre las FARC y el Gobierno colombiano, producto de una negociación que se prolongó por cuatro años, preocupa la lentitud con la que ha comenzado este proceso en temas que se esperaba mayor celeridad por parte de la institucionalidad. Factores burocráticos y administrativos, de índole político y otros relacionados con el conflicto que continúa al nivel territorial, han provocado ralentización y retrocesos.

Entre los factores de dilación se destacan: los lentos procesos de amnistía; las carentes condiciones de calidad de vida en las Zonas de Capacitación y Reincorporación (2) ; las modificaciones sustanciales al mecanismo de la Justicia Especial para la Paz por parte del Congreso de la República que, entre otros factores, excluyó la responsabilidad de terceros en el conflicto armado (3) y la negativa por parte del mismo Congreso a las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, acordadas para la participación política de las víctimas de las zonas de mayor afectación por la guerra (4). Así mismo, el asesinato de líderes sociales (5), desestimados por el mismo Gobierno, que afirma, están relacionados con problemas de faldas y de linderos (6); igualmente, los homicidios de excombatientes de las FARC y algunos de sus familiares en distintas zonas del país (7).

Estas demoras e incumplimientos, son en parte, motivos que han provocado que cerca del 55% de los excombatientes que estaban ubicados en las zonas transitorias, las hayan abandonado por desconfianza frente al proceso y han preferido hacerlo de manera individual en lugares que consideran más adecuados, según la Misión de Verificación de la ONU (8).

A pesar del preocupante panorama, voces como la de Antonio Madariaga director de la ONG Viva la Ciudadanía, una de las organizaciones convocantes del Foro, expresó en sus conclusiones del evento que: “el análisis comparado con otros procesos de paz, los tiempos de la implementación, escasamente un año, han logrado avances que o están en consonancia con lo avanzado en esos otros procesos o los avances son superiores por lo que no tiene asidero la mirada catastrófica que en algunos círculos se ha expresado” (9)

Estas afirmaciones de Madarriaga coinciden con lo expuesto en uno de los páneles por Borja Paladini, representante en Colombia del Instituto Kroc, al presentar el informe sobre el Estado efectivo de implementación del acuerdo de paz en Colombia (10): “el proceso tiene avances significativos frente a otros procesos de paz que hemos estudiado”. Y agregó como ejemplo que: “el proceso de cese al fuego y dejación de armas resultó de manera ejemplar, con respecto a otros procesos”.

A pesar de esto, la Corporación Región, otra de las entidades convocantes, expresó que “si bien compartimos el espíritu del informe de seguimiento del Instituto Kroc, que considera este como uno de los procesos de paz con el porcentaje de cumplimiento más alto en menos tiempo en el mundo, pensamos que su implementación presenta graves problemas que pueden hacer fracasar este importante esfuerzo de democratización” (11).

Paladini, a su vez, destacó en su presentación varios puntos en materia de los retos que tiene hoy la implementación del acuerdo de paz:

  • Faltan mayores garantías de seguridad y mecanismos de protección a nivel territorial.
  • Concretar en lo territorial los mecanismos de la reincorporación según las necesidades de cada zona.
  • Avanzar en las medidas para la reforma política y la participación de las mujeres en lo territorial, uno de los puntos más lentos.
  • Avanzar más en las medidas de desarrollo rural, lucha contra las economías ilegales y derechos de las víctimas.
  • Tomarse en serio la paz territorial a través del diálogo, el reconocimiento y la conexión con las agendas y dinámicas de los territorios. Lo que requiere presencia de calidad por parte del Estado en el territorio.

En esa misma línea, Consuelo Corredor, del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) que, junto con el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC), conforman la secretaría técnica del Componente Internacional de Verificación, en cumplimiento del punto 6 del acuerdo final (12), también reconoció los valores de este proceso con respecto a otras iniciativas de paz que se han adelantado en Colombia: “el compromiso con las víctimas (justicia, reparación y no repetición), el tema de la reincorporación (no individual sino colectiva), el enfoque de paz territorial, donde se reconoce que la participación desde los territorios es la oportunidad de hacer la paz con justicia y equidad, para alcanzar ese desarrollo con democracia participativa, desde y para los territorios y una justicia al servicio de la verdad”.

Así mismo, Corredor reconoció que hay retos insoslayables:

  • Cumplir con los enfoques transversales de género, víctimas y territorial.
  • Que reconozcamos que la dejación de armas es un punto de partida, no de llegada.
  • La seguridad debe ser entendida como seguridad humana, centrada en las oportunidades de las personas para lograr una vida en dignidad.
  • Hay que hacer más esfuerzos por evitar asesinatos de líderes y defensores de DDHH. Seguridad para excombatientes y sus familias.
  • La superación de problemas de inequidad.
  • Hacer transformaciones que permitan la presencia institucional en lo local, porque ese es uno de los factores que ha generado el conflicto armado, la ausencia del Estado.
  • ¿Cómo hacemos para elaborar planes territoriales si no hay acceso a la tierra? Todos estos retos y compromisos no van dirigidos a beneficiar a excombatientes de las FARC, es para beneficio de toda la sociedad.
  • Es fundamental el tema de participación: conectar lo regional con lo nacional, los instrumentos están, pero hay que ponerlos a funcionar.
  • El desarrollo normativo en el Congreso no pueden desvirtuar el Acuerdo. La implementación no son solo normas.
  • Avanzar en el Plan Marco de implementación que genere insumos para que los compromisos se conviertan en políticas públicas y haya responsables y financiamiento.

Es en este último punto, Antonio Madariaga prende alarmas y lo resalta como el mayor reto que viene para este proceso: su financiación, pues según una de las conclusiones que propone: “el actual esquema presupuestal, tanto en el marco fiscal del mediano plazo como en el presupuesto aprobado para 2018 no garantiza los recursos necesarios para cumplir con las exigencias de la implementación” (13).

Según informe del portal Verdad Abierta, hay estudios que demuestran que la paz estaría desfinanciada, ya que tanto la Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo (Fedesarrollo) y la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF), coinciden en afirmar que el presupuesto sería insuficiente para financiar la implementación. Fedesarrollo, por ejemplo, contempla que hay un déficit de, por lo menos, 20 billones de pesos, mientras que ANIF estima que solo para el punto de reforma agraria integral se necesitarían 0.12 puntos del PIB y no 0.6 como ha previsto el marco fiscal (14).

Mientras esto ocurre, el país ha entrado en período de campañas presidencial y legislativa que se llevarán a cabo el año entrante, donde se enfrentará otro gran reto: el de más lentitud y retrocesos en el camino hacia la paz o uno que pueda incluir los acuerdos con el ELN y que procure las profundas reformas democráticas que exige el país de hoy para una paz completa.

Notas

  • Para ver la programación completa y los convocantes: http://bit.ly/2pNR8nw
  • De Zonas Veredales a Espacios Territoriales de Reincorporación (Fuente: El Heraldo http://bit.ly/2BLl6cZ)
  • Los cambios en la Justicia Especial para la Paz (Fuente: El Espectador http://bit.ly/2ybLLNG)
  • ¿Fueron aprobadas las circunscripciones especiales? (Fuente: La Silla Vacía http://bit.ly/2CgiW90)
  • A octubre del presente año, la Fundación Paz y Reconciliación reportaba 81 líderes sociales asesinados (Fuente: El Espectador http://bit.ly/2gEQUuQ)
  • El Gobierno no reconoce la sistematicidad en el caso de asesinato de líderes sociales y, por el contrario, los desestima afirmando que son causados por: “líos de faldas” y de linderos (Fuente: El Espectador http://bit.ly/2BAaNcN)
  • Según cifras del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) entre el 14 de abril y el 14 de agosto de 2017 ocurrieron 12 homicidios de integrantes de las FARC y otros 11 que involucraron a familiares de excombatientes (Fuente: El Espectador http://bit.ly/2E4snq4)
  • El 55% de los exguerrilleros de las Farc han abandonado las zonas veredales, dice la ONU (Fuente: Periódico El País http://bit.ly/2A0hBPP)
  • Razones para la esperanza (Fuente: Semanario Virtual Viva la Ciudadanía http://bit.ly/2E8wm4P)
  • Para descargar y leer completo el informe del Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz de la Universidad de Notre Dame, E.E.U.U: http://static.iris.net.co/semana/upload/documents/informe-kroc.pdf
  • Balance a un año del Acuerdo de Paz (Fuente: Corporación Región http://bit.ly/2ldrzY5)
  • Componente internacional de verificación y acompañamiento del Acuerdo Final (http://bit.ly/2nVI0Ij)
  • Razones para la esperanza (Fuente: Semanario Virtual Viva la Ciudadanía http://bit.ly/2E8wm4P)
  • Plan Marco para la Paz: un paso adelante, dos atrás (Fuente: VerdadAbierta.com http://bit.ly/2fxtfIQ)