Por Darío Aranda

Racismo. Extractivismo. Genocidio. Saqueo. Políticos, jueces y periodistas. Elementos para entender la embestida contra el pueblo mapuche.

En el imaginario de amplios sectores de la sociedad sobresale que Argentina es un país de inmigrantes o “el más europeo de Latinoamérica”. Niegan su identidad indígena, sus raíces. “Todos los que estamos sentados en esta mesa somos hijos, nietos, biznietos de inmigrantes. Esto es la Argentina”. “Soy hijo de inmigrante, todos los somos”. La primera cita es de Cristina Fernández de Kirchner (abril de 2015) y la segunda a Mauricio Macri (enero de 2017). No hay grieta.

El kirchnerismo tuvo a los qom como enemigo. El macrismo a los mapuches. Los intelectuales K de Carta Abierta esbozaban críticas lavadas para con Gildo Insfrán. Clarín daba cobertura a las injusticias formoseñas. Carta Abierta y los periodistas adictos llamaban a explotar Vaca Muerta sin cuestionar a las multinacionales extractivas. Los mapuches eran una “contradicción secundaria”, en el mejor de los casos. Ahora, los kirchneristas son defensores a ultranza de las comunidades mapuches y para Clarín y los macristas son terroristas. La mayor coherencia está en el diario La Nación, que siempre pidió represión para el Pueblo Mapuche.

El hacha sin filo

Se mataron entre ellos”, fue el discurso oficial cuando asesinaron a Darío y Maxi. “Enfrentamiento”, afirmó el discurso político y mediático. “Enfrentamiento”, también mintieron con Rafael Nahuel. La misma palabra que utilizó el poder en la Campaña del Desierto (1878) y en el bombardeo a Plaza de Mayo (1955), como precisa el libro Prensa en Conflicto, sobre e rol cómplice de los medios en las represiones. Se excusan en la versión oficial. Extraño ese periodismo que cree en las versiones oficiales. ¿Cuándo una comunidad campesina o indígena se defendió a los tiros con una fuerza de seguridad del Estado? Se acusa a los mapuche de no respetar la ley. Existe abundante legislación en favor de los pueblos indígenas, desde la Constitución Nacional hasta convenios y tratados internacionales. El Estado argentino no cumple ninguno de los derechos indígenas. Una anciana wichí lo definió con precisión: “La ley que no se aplica es como un hacha sin filo. Puede ser muy linda, pero no sirve”.

El pecado original

Según el último censo, en Argentina viven un millón de indígenas. Las organizaciones del sector siempre denunciaron la manipulación metodológica y afirman que son muchos más. El listado de sus demandas es tan largo como histórico: educación intercultural, salud, viviendas, agua, pero el principal siempre fue, es y será el territorio. Los pueblos indígenas son a partir de su vínculo con el territorio. No hay dinero que pueda cambiar eso.

El Estado argentino siempre tuvo políticas opresivas para con los indígenas. El Ministerio de Guerra se encargó del genocidio y sometimiento en las campañas militares al sur, Cuyo y norte. Luego, el Ministerio del Interior se encargó de hacerlos argentinos, que canten el himno y recen a un Dios católico. A fines de los 90 el Ministerio de Desarrollo Social se ocupó de tratarlos como sujetos de asistencialismo y dádiva. Paradojas: fue el gobierno de Macri el que traspasó las políticas indígenas al Ministerio de Justicia, en el área de derechos humanos. Ahora los acusa de terroristas y los asesina por la espalda.

Es tanto el racismo, que incluso a sectores progresistas y de izquierda les cuesta entender que los pueblos indígenas sufrieron un genocidio. ¿Cómo llamar al robo de bebés, torturas, asesinatos, desapariciones, campos de concentración? Se llamó genocidio al Holocausto. Se llamó genocidio al del pueblo armenio y también a la última dictadura cívico militar. Pero cuesta llamar así al genocidio fundante, que da origen al Estado moderno argentino. El genocidio indígena no tuvo su “nunca más”.

Foto Negro Ramírez

Quién miente

Las comunidades Pu Lof en Resistencia de Cushamen y Lafken Winkul Mapu explicaron decenas de veces que no pertenecen a la RAM (Resistencia Ancestral Mapuche), pero amplios sectores del periodismo comercial los usa como sinónimos. El periodismo cayó hace tiempo al mismo nivel que la casta política, empresarial, eclesial y judicial. No sólo oculta y miente, sino que también legitima represiones o llama a cazar mapuches. Y hay que diferenciar: ya se sabe lo que son las empresas periodísticas, que publican o silencian, según su conveniencia económica y política, y los periodistas que se prestan a eso y tienen enorme responsabilidad. La dictadura militar tuvo sus periodistas colaboracionistas. La avanzada contra los mapuches también los tiene: Gonzalo Sánchez y Claudio Andrade en Clarín; Martín Di Natale y Silvia Mercado en Infobae, Loreley Gaffoglio en La Nación, Cecilia Moncalvo en Perfil. El listado de tevé y radio es mucho más amplio. Incluye, claro, a vedettes del periodismo, galardonados que se premian entre ellos y rara vez pisan un territorio en conflicto. Son el establishment del periodismo.

El modelo

“La cuestión (o problema) mapuche”, es el término utilizado por sectores que criminalizan a los pueblos indígenas. No hablan de “la cuestión (o problema) del extractivismo”. La avanzada minera, petrolera, sojera, forestal es la que arrasa territorios, desmonta, contamina, desaloja. Pero no. El problema no son Chevron, Barrick y Bayer/Monsanto.

“Ser indígena hoy es considerado subversivo”, definió con precisión Jeremías Chauque, músico mapuche. Los pueblos originarios son uno de las primeras trincheras contra el extractivismo, que a su vez es uno de los engranajes principales del capitalismo. Presentarle resistencia (y en más de un caso frenar proyectos extractivos) implica subvertir el orden que impone el poderoso. Y tiene un costo: judicialización, violencia, represión, cárcel, balas por la espalda. Rafael Nahuel, Santiago Maldonado son la foto de una película mucho más larga, de 525 años.

Durante el menemismo se aprobó la ingeniería legal que dio pie a la profundización del extractivismo en Argentina. La implementación en los territorios se dio durante el kirchnerismo. Dos ejemplos: se pasó de 40 proyectos mineros en estudio en 2003 a 800 proyectos en 2015. De 12 millones de hectáreas con soja transgénica se pasó a 20 millones (22 en la actualidad). El macrismo continuó esa línea: quite de retenciones a la minería, baja de retenciones al agro, flexibilización laboral para trabajadores petroleros, anuncios de modificación de las leyes de protección de bosques y de glaciares. Más extractivismo. Más avance sobre territorios donde viven pueblos indígenas y campesinos. El extractivismo es política de Estado.

Como sucedió con la Campaña del Desierto, que tenía como fin económico incluir tierras al mercado capitalista, la Argentina del siglo 21 repite la historia de avanzar sobre los pueblos indígenas. El discurso legitimador se actualizó: ya no son salvajes, ahora son violentos, chilenos y/o terroristas.

Foto Viojf/Cítrica/lavaca

Las más de 250 mil hectáreas que el Pueblo Mapuche recuperó en las últimas décadas son ejemplo palpable de la lucha indígena. Como lo es el bloqueo a petroleras, mineras y estancieros.

En la década del 90, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) reconocía la existencia de 16 pueblos indígenas en Argentina. La reorganización y lucha de las comunidades logró que en la actualidad sean 39 los pueblos originarios que el Estado reconoce. Lejos de desaparecer, se multiplican.

Los pueblos originarios cuentan con hombres y mujeres sabios del monte, los lagos, montañas y ríos. Sólo hay que saber escucharlos. Paz Argentina Quiroga, amta (guía espiritual) del Pueblo Nación Warpe de San Juan, protagonizó un hecho histórico en 2010, cuando cuestionó en persona a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la Casa Rosada, en el marco de la marcha indígena del Bicentenario. Años después de ese hecho, hizo una lectura política-histórica que guarda total vigencia: “Una vez más queda demostrado que hay un modelo de país que mantiene ese ‘pecado original’ de la República Argentina, que se constituyó con un orden social y jurídico a partir del genocidio, desaparición de personas, muerte, pobreza, destrucción de culturas y de nuestra Madre Tierra”.

La abuela warpe sufre por las mineras en San Juan, por las muertes wichí en Salta y por la represión a mapuche, pero se permite la lectura histórica: “Somos memoria, somos pueblo en el ciclo vital de la vida. Somos sujeto colectivo, sujeto histórico y estamos de pie. En la lucha por recuperar nuestros territorios defendemos nuestras familias, nuestras semillas y nuestra identidad”.