Entrevista con Verónica Piovani, ex directora del INFoD. Explicó los proyectos legislativos que impulsa el macrismo en materia de educación como parte de una estrategia política que afecta leyes actuales y debilita la injerencia estatal abriendo paso al mercado.
Por Alejandro Palladino para Diario Contexto
En una conferencia en la Academia Nacional de Educación en 2014, cuando era titular de la cartera de Educación en C.A.B.A., el ahora ministro nacional Esteban Bullrich desnudó la estrategia neoliberal para “vencer la resistencia de los sindicatos docentes”. Dijo: “Al sistema hay que sacudirlo. Y lo hemos hecho. ¿Qué es lo que hacemos para vencerles la resistencia? Primero, lanzar muchas iniciativas al mismo tiempo”. Y siguió: “El gremio focaliza en una, le abriste doce, las otras once avanzan. Cuando se dieron cuenta que había una que se implementó, van atrás de esa y avanzás con las que no habías avanzado”. Lo explicó riendo, y comparó su táctica con “un partido de ajedrez o de damas medio complejo, pero que funciona”.
Tres años después y con el macrismo en la Casa Rosada, la idea quedó plasmada en la ofensiva desplegada en múltiples focos: eliminación de la paritaria nacional, medidas antihuelga con premios y castigos para romper lazos entre docentes y entre escuelas, represión en la calle, quita de personería gremial, conciliación obligatoria, campaña de trolls para fomentar el desprestigio del rol de los maestros y maestras y bombardeo de medios afines.
Para institucionalizar sus intenciones políticas en materia educativa y profundizar la confrontación con los gremios, otro canal para la avanzada son tres proyectos de ley: el Plan Maestro, que al momento sólo recibió trato mediático luego de que Macri lo fogoneó cuando presentó los resultados del Operativo Aprender; la creación del Instituto de Evaluación de Calidad y Equidad Educativa (IECEE), que se trató en la Comisión de Educación, tiene dictamen y se tratará en la Cámara Baja de Diputados a partir del miércoles 19 de abril; y por último el de Formación Docente, que ingresó en el Senado y permanece allí.
En una entrevista con Contexto, Verónica Piovani, ex directora del Instituto Nacional de Formación Docente (INFoD) y docente universitaria, explicó en qué consisten y cuál es el proyecto político-educativo que los contiene.
¿Qué vienen a modificar esta serie de leyes?
El macrismo abre distintos frentes. En el Congreso tiene tres proyectos de ley que son fundamentales en términos de cómo modifican e institucionalizan las orientaciones que pretenden darle al sistema educativo y formador. Hay un horizonte estratégico para el sistema educativo que es consecuente con el proyecto de país.
Apenas comenzó su gestión, el Gobierno habló de “derecho a la educación” y de “construir sobre lo construido”, pero después vimos que en realidad no se iba en ese sentido. Fueron sólo declaraciones. En los hechos concretos hubo cierre de programas, desfinanciamiento y una subejecución permanente de todas las áreas del Ministerio de Educación. Y si no se cierran, los van vaciando, sujetos a la voluntad de las provincias, que deben competir entre sí por el acceso a los fondos y que de acuerdo a la eficiencia, eficacia y velocidad de ejecución de cada una se van repartiendo los remanentes.
¿Cuáles son los ejes sobre los que se sustentó esa estrategia de abrir distintos frentes?
En primer lugar, este proyecto se basó en una deslegitimación muy deliberada y contundente de las políticas de la década precedente; una estigmatización y desprestigio de lo que se había hecho. Y para eso, la evaluación, que se materializó en el Operativo Aprender, es un arma fundamental de la pedagogía neoliberal para tasar el mercado. La evaluación es un proceso que ningún docente deslegitima, es necesaria. Lo que acá hay es una instrumentalidad política que hace el Gobierno de los resultados de estas evaluaciones exógenas, tecnocráticas y estandarizadas.
¿Cuáles son esas funciones políticas de la evaluación de las que hablás?
Por un lado, certificar con un instrumento aparentemente neutral y aséptico que todo el sistema de la educación precedente era un desastre. Y los medios se encargaron en paralelo de fogonear e instalar el tema: decir que el sistema educativo presenta una crisis terminal y la evaluación vino a certificar que esto era así. Ya Macri dijo previamente que los resultados “nos iban a doler”.
Y cuando se dice esto, se afirman en paralelo dos cosas: que en las políticas que se aplicaron antes basadas en la Ley de Financiamiento Educativo –que duplicó la inversión en educación– y otras normas fundamentales todos esos recursos se despilfarraron, no sirvieron para nada, porque a la luz de los resultados no hubo mejora. Eso es lo que quieren instalar.
¿Cómo entran los y las docentes en esta campaña que describís?
De la mano de lo anterior, son los otros grandes responsables. De ahí viene el desprestigio y la culpabilización hacia los docentes y sus referentes sindicales. Por eso publicaron los datos del Aprender como herramienta en el conflicto paritario y tergiversaron los del programa Pisa de 2015, que habían dado buenos resultados. Esto es manual básico de neoliberalismo educativo, que se aplica en todo el mundo: desprestigiar tanto a los docentes como a las acciones educativas llevadas a cabo por Estados comprometidos como los de América Latina durante los años anteriores; y sentenciar el fracaso de sus políticas, centradas en el derecho a la educación, para desmantelarlas. Esto ocurre en México, una referencia de Mauricio Macri. Y este modelo, junto con el chileno, responden a orientaciones estratégicas de consensos internacionales en organismos que pretenden instalar su agenda educativa. Uno de ellos es el Banco Mundial.
Por otro lado, con respecto a los docentes, el Gobierno responde al axioma de la derecha de reducir los costos para ganar competitividad, eufemismo para bajar los salarios en una paritaria que modeliza las de otros trabajadores.
La semana próxima se comenzará a tratar en Diputados el proyecto de ley de creación del Instituto de Evaluación de Calidad y Equidad Educativa, tal como pidió Macri en la apertura de sesiones el 1º de marzo. ¿Qué paso significa en el marco de la disputa que da el macrismo en la educación?
Es una búsqueda por institucionalizar una concepción neoliberal de la evaluación, y que ahora pasa desapercibida en medio del conflicto docente. En el proyecto de evaluación establecen la creación de un organismo autónomo separado del Ministerio de Educación, algo opuesto a lo que establece la Ley Nacional de Educación. Además de violentar la ley, el organismo puede contratar consultores internacionales y suscribir acuerdos.
Cuando armás el rompecabezas, y teniendo en cuenta el uso de los resultados del Operativo Aprender, la evaluación desprestigia lo precedente. Un ejemplo fue la subejecución que muestra la voluntad clara de desarmar y vaciar programas existentes. Esto al mismo tiempo que el Estado se repliega de su función de garantía y responsabilidad indelegables en cuanto al derecho a la educación, que empieza a desaparecer de los textos y aparecen otras como “eficiencia” y “calidad”. Y lo que toma cuerpo es que el Estado se achica y le abre campo al mercado. Por ejemplo, con la compra de computadoras para los estudiantes y el desarme de políticas de soberanía científica como el Arsat. El desmantelamiento es integral: ciencia, tecnología, cultura, educación y desarrollo nacional. Vaciar el Estado es abrirle espacio a los negocios privados. Por eso no sorprende que buena parte de los funcionarios de educación son dueños de empresas educativas. La educación es una cantera de posibilidades para el mercado y la evaluación es el rubro que más factura a nivel mundial.
Proyecto de ley de Formación Docente
Tanto Esteban Bullrich como la actual directora del INFoD, Ceclia Veleda, expresaron su posición con declaraciones y con hechos sobre el porvenir de los institutos de formación.
¿Que trae el macrismo con respecto a la formación docente?
Justifican el ajuste en que “hay demasiados institutos”. Achican el sistema formador a través de un sistema de acreditación, similar a otro que se hizo en los noventa. Restringen el ingreso a través de becas llamadas “compromiso”, por lo tanto buscan generar un sistema de acreditación de exigencias que el Estado no las va a dar. Apuntan a un sistema de becas por talento, por rendimiento académico.
Hay también una serie de condiciones para acreditar las instituciones y así poder acceder a los financiamientos. Es decir, el paquete va en camino de criterios de selectividad en el ingreso y el acceso a los recursos.
Mientras buscan aprobar las leyes, desde el INFoD se impulsan la suscripción de acuerdos bilaterales con algunas provincias para involucrarse en los procesos que sostiene la nueva administración.
¿Qué concepción de la educación subyace en estos proyectos?
Es un paquete complejo que claramente su orientación estratégica del proyecto educativo es la mercantilización, la tercerización desde el Estado y así la deslegitimación de la escuela pública. El Ministerio de Educación es convertido en una agencia, una ventanilla de control de calidad, y el Estado como agencia de control externo sin responsabilidad; no es agente protagónico. Este Estado gestiona de manera externa y no como un organismo responsable de las instituciones que les son propias.
Están convencidos de que los sistemas mejoran si mejoran los desempeños individuales; que los desempeños individuales se miden por resultados de aprendizaje y que los resultados se registran por pruebas estandarizadas internacionales. Y que la mejora de la formación depende por lo tanto de la selección de talentos y de incentivar de manera simbólica y económica a los docentes y las escuelas, pero no a través de la paritaria y el convenio colectivo; por el contrario, a esos desempeños individuales talentosos hay que incentivarlos con sueldos diferenciales.
Por eso dan esta batalla, no sólo para disciplinar la fuerza de trabajo disminuyendo los costos, sino además porque presumen que un sistema funciona bajo la lógica de la competencia entre los individuos y que los individuos anulan la dimensión institucional. No hay una dimensión institucional de la enseñanza y el aprendizaje. Ellos hablan de equipo, pero son sumatoria de individualidades, no hay trabajo colectivo. Por algo la primera dirección que cerraron en el INFoD fue la de Desarrollo Institucional.
La posición de los gremios
En un comunicado, los sindicatos docentes nacionales, que se mantienen en pie defendiendo la paritaria nacional, expresaron un “rechazo enfático al espíritu del proyecto” de ley de creación del Instituto de Evaluación de Calidad y Equidad Educativa porque “modifica lo contemplado en la Ley de Educación Nacional al quitarle al Ministerio de Educación la potestad de diseñar la política de evaluación”.
Añadieron que las políticas de evaluación “deben diseñarse dentro de las definiciones generales para los procesos de enseñanza y de aprendizaje, y no pensar en un sistema de evaluación como un fin en sí mismo”.
Afirmaron que el proyecto “se opone claramente a la visión más integrada de una educación de calidad en la cual se considera que “los resultados” de las evaluaciones son un indicador más y que no es sólo responsabilidad de la acción del sistema educativo, sus instituciones y sus agentes, sino que dicha responsabilidad se extiende al conjunto de las políticas de Estado”.
Sobre el carácter autónomo del instituto, sostuvieron que significa una “organización no gubernamental para hacerse cargo de la evaluación de los docentes y los estudiantes argentinos”
“Históricamente nos hemos opuesto a creación de entes autónomos para la definición de políticas de evaluación al margen de las definiciones generales de las políticas educativas.”
Advirtieron además que “habilita la posibilidad del financiamiento de organismos internacionales que podrían direccionar e influir sobre las políticas de evaluación desde las perspectivas que hoy se imponen, a nivel mundial, como tendencias privatizadoras y mercantilizadoras de la educación”.
