El Werken Santiago Pichiñan, dijo que hacía responsable al Estado provincial del conflicto entre la comunidad del paraje Aucapán y el dueño de la estancia Los Remolinos, el austríaco Thomas Prinzhorn, porque “vamos a resistir hasta las últimas consecuencias”. “Vamos a luchar por lo que es nuestro”, agregó.

Santiago Pichiñan, vocero de la comunidad Linares, dijo que “esto se podría haber evitado”, en referencia al acampe que está realizando la comunidad en el sector Nahuel Mapi Arriba, para evitar que usurpen sus tierras y responsabilizó al Estado provincial por las consecuencias del conflicto que mantienen con el austríaco Thomas Prinzhorn, accionista mayoritario de Los Remolinos SRL.

“Mandamos una nota el 3 de octubre al ministro de Seguridad,Trabajo y Ambiente, Jorge Lara y no tuvimos ninguna respuesta”, indicó Pichiñán. “Por eso responsabilizamos al gobierno provincial y nacional de lo que pueda pasar porque estamos cansados de no ser escuchados” agregó Pichiñán, y destacó que “vamos a resistir hasta las últimas consecuencias”.

El vocero de la comunidad del paraje Aucapán, a 65 kilómetros de junio de los Andes, le confirmó a Va Con Firma que “por ahora está todo tranquilo” pero “creemos que pueden venir por la fuerza, por lo que nos comentaron de cómo son estas personas, pueden venir con matones”.

La estancia Los Remolinos es de propiedad de Thomas Prinzhorn, accionista mayoritario de Los Remolinos SRL, quién, según afirman desde la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), “es un dirigente neonazi y magnate austríaco que fue expulsado del gobierno de Austria liderado por el ultraderechista Heider en el año 2000, por sus posiciones xenófobas, ante el riesgo de sanciones de la Unión Europea”.

En un comunicado, la comunidad Linares expresó que “desde principios de octubre los dueños de la estancia Los Remolinos, propiedad de Los Remolinos SRL, viene intentando avanzar sobre el territorio comunitario alambrando nuestros territorios de invernada y veranada, utilizando nuestros caminos comunitarios, intentando sobornarnos y mandando punteros del MPN a operar mediante llamadas e invitaciones a reuniones a domicilios particulares a quienes pertenecemos a la comisión directiva”.

El Lof Linares reclama que estas tierras que están intentando usurpar fue relevado en el marco del trabajo de relevamiento territorial, aunque “está trabado de manera burocrática y a propósito por las nuevas gestiones de los estados nacional y provincial, dejándonos a las comunidades en el medio de su falta de responsabilidad, de claridad política y de su complicidad con los estancieros por intereses políticos y económicos”.

Pichiñan explicó que ayer se comunicó con una funcionaria del gobierno provincial, Susana Moreno, y les dijo que “recién hace diez minutos habían recibido la nota que le enviamos hace tres semanas”. “¿Tenemos que creerles?” se preguntó.

En el comunicado, la comunidad mapuche exige “la urgente firma y devolución de las carpetas de relevamiento, la firma urgente del convenio para dar continuidad al relevamiento territorial de las comunidades que aún no lo realizan, que el gobierno provincial deje de mandar “operadores” del partido oficial y de actuar como alcahuete de los terratenientes, y que investigue a los extranjeros que violan las leyes, compran la tan mentada “tierra rural” y nos alambran todo”.

La semana pasada, los líderes de la comunidad junto a Juan Grabois, dirigente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), abogado y consultor del Pontificio Consejo de Justicia y Paz, presentaron una denuncia penal por el intento de Prinzhorn de despojarlos de aproximadamente 4500 hectáreas de campo que los pobladores mapuches utilizan tradicionalmente para la pastura de animales.

La denuncia fue radicada en la justicia criminal de Junín de los Andes por los delitos de usurpación, daño, intimidación, irregularidades societarias e incumplimiento de leyes que protegen a los pueblos originarios

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