Senadores inician votación que puede llevar a Rousseff a un juicio

07.05.2016 - Brasilia - Deutsche Welle

Senadores inician votación que puede llevar a Rousseff a un juicio
Senado de Brasil, Brasilia (Imagen de Deutsche Welle)

La comisión del Senado que delibera sobre la base jurídica para la apertura de un juicio contra la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, inició una votación que empezará a definir el futuro de la mandataria.

La comisión tiene 21 miembros de todos los partidos representados en el Senado y votará un informe del instructor del caso, Antonio Anastasia, que recomienda que la instauración del proceso, ya que, en su opinión, se cumplen todos «los requisitos legales». Según Anastasia, la denuncia, sustentada en unas maniobras fiscales irregulares en las que el Gobierno incurrió en 2014 y 2015, presenta los requisitos «exigidos por la legislación en vigencia, y especialmente por la Constitución Federal, para ser recibida».

La comisión tiene 21 miembros de todos los partidos representados en el Senado y votará un informe del instructor del caso, Antonio Anastasia, que recomienda que la instauración del proceso, ya que, en su opinión, se cumplen todos «los requisitos legales». Según Anastasia, la denuncia, sustentada en unas maniobras fiscales irregulares en las que el Gobierno incurrió en 2014 y 2015, presenta los requisitos «exigidos por la legislación en vigencia, y especialmente por la Constitución Federal, para ser recibida».

El mandato de la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, está ahora en manos del pleno de 81 senadores, después de que una comisión de esa cámara aprobó por una clara mayoría de 15 votos contra 5 que se avance hacia su destitución.

La comisión debatió durante diez sesiones los méritos jurídicos de las acusaciones formuladas contra la presidenta y descartó por completo los alegatos de su defensa, así como rechazó que el proceso pueda suponer un «golpe de Estado», como sostiene Rousseff. El informe favorable a poner fin al mandato de la presidenta, elaborado por el instructor de la comisión, Antonio Anastasia, pasará ahora al pleno de los 81 senadores, que por mayoría simple definirá si la causa se archiva o si se instaura el juicio político.

En ese último caso, Rousseff sería separada del cargo durante los 180 días que puede durar el proceso y sustituida en forma interina por su vicepresidente, Michel Temer, que desde hace semanas estudia la conformación de un eventual nuevo Gobierno.

Hasta ahora, aunque aún no ha sido confirmado oficialmente, está previsto que la votación en el pleno de la Cámara alta se realice el miércoles de la semana próxima, que pudiera ser el último día de Rousseff en el poder, al menos durante los próximos seis meses. Si el eventual juicio político concluyera con la destitución de la mandataria, Temer completaría el mandato que vence el 1 de enero de 2019, pero, si fuera absuelta, Rousseff retomaría el cargo una vez que concluya el proceso.

Negativas perspectivas para Rousseff

Sin embargo, la votación realizada este 6 de mayo en la comisión dio una pauta de lo que puede esperar Rousseff la semana próxima y el futuro inmediato no parece alentar ninguna esperanza para la mandataria. De las 15 formaciones presentes en la comisión, que tuvo 21 miembros e igual número de suplentes, 12 se pronunciaron a favor de aprobar el informe que propone la instauración del juicio con miras a la destitución de Rousseff. El senador Raimundo Lira, presidente de la comisión, sólo habría votado en caso de empate, pero aún así manifestó su apoyo al informe del instructor.

Sólo se opusieron el gobernante Partido de los Trabajadores (PT) y los partidos Comunista do Brasil (PCdoB) y Democrático Laborista (PDT), dos de las pocas formaciones que aún permanecen en la menguada coalición que respalda a la mandataria.

El informe responde todos los argumentos de la defensa y critica la insistencia de Rousseff y sus partidarios en que hay un «golpe» en curso. «La alegación de que este ‘impeachment’ constituye un golpe es absolutamente impropia y carece de amparo fáctico y legal. Por el contrario, este proceso es justamente un mecanismo constitucional que previene de rupturas institucionales», dice el documento.

Categorías: Política, Sudamérica
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