Boca Juniors es un club ampliamente conocido debido a los éxitos de su escuadra futbolística y a la fama mundial de algunos jugadores – como Maradona, Riquelme o Tévez – que han vestido su casaca. Los hinchas de ese club suelen referirse a sí mismos – no sin un grueso trazo de autoestima exagerada – como “la mitad más uno del país”. Acaso esa pasional soberbia responda a una modalidad que la psicología moderna podría describir como “síndrome del porteño” y es altamente posible que la ubicación y la cultura portuaria que rodea a esa institución avale la sospecha inherente a ese tipo de apreciación.

Pero no es el caso de detenernos en el análisis exhaustivo de ese peculiar tipo de argentino nacido (o importado del interior) que habita entre las márgenes del Río de la Plata (argentum en latín) y aquel cinturón vehicular que separa dos universos. Ése que lleva el nombre de un general cordobés – de nombre José María Paz y Haedo – que luego de dejar su brazo en las tempranas lides de la independencia luchó contra el federalismo caudillista.

Lo que nos interesa destacar es que- más allá de su lugar de nacimiento – desde ese lugar y desde ese club, emergió a la política un empresario, a quien el marketing, la manipulación mediática y cierto despecho de una parte de la sociedad eleva ahora al máximo sitial ejecutivo del país.

Como no podía ser de otra manera, el resultado electoral que lo habilita a ejercer el cargo, es casi exactamente la misma “mitad más uno”, de la que suele ufanarse (no confundir con el término que señala en criollo al acto doloso) el club que también lo tuvo como presidente.

Esta exigua diferencia respecto al candidato que personificó la continuidad gubernamental – unos 700.000 votos según el conteo primario – no señala en clave política un rechazo rotundo y masivo a las políticas seguidas por el gobierno que el 10 de Diciembre cesa en sus funciones. Mucho menos avala este resultado lo que parece avizorarse como un cambio de ciento ochenta grados en la orientación inclusiva de las gestiones llevadas a cabo por Néstor Kirchner y Cristina Fernández.

En ese sentido, no sólo resultan preocupantes las anunciadas medidas de corto plazo como la prevista brutal devaluación monetaria o el aumento brusco de tarifas en los servicios esenciales que impactarán en el bolsillo y el humor de muchos argentinos de modo inmediato.

Peligrosas son las intenciones de largo plazo. El levantamiento de varias retenciones al sector exportador tradicionalmente ligado a la agroganadería, implican un retorno desmedido de ganancias que, no solo agudizan la resiliente desigualdad (producto de siglos de injusticia), sino que amenaza con desfinanciar la posibilidad de continuar con las medidas de apoyo social directo que permitan ir poniendo un nuevo piso a la igualdad de oportunidades.

Ese déficit, que se acentúa con la reciente resolución de la Corte Suprema de Justicia, intimando a la Administración de la Seguridad Social del Estado (ANSES) a la devolución retroactiva del porcentual retenido a la coparticipación de algunas provincias, augura el preludio de un progresivo desfinanciamiento público. Este “agujero” en las finanzas devendrá sin duda en nuevo endeudamiento con la banca o en congelamiento (medido en dólares) de las erogaciones del Estado – sea en salarios o subsidios -.

En cualquier caso, el objetivo es coherente con los intereses de una banca ávida de volver a uno de sus negocios predilectos, el financiamiento y posterior vaciamiento de la propiedad pública, mediante el cobro extorsivo de intereses de deuda.  También es coherente con el interés de las grandes empresas de reducir el costo (también medido en dólares) de los salarios de la gente. El personal que contrata el gobierno entrante para dicha tarea – sus ministros y secretarios – es por supuesto consistente con su cometido: varios son personeros provenientes de posiciones ejecutivas en corporaciones; los demás, adláteres que intentarán dotar de “eficacia” a una gestión esencialmente despiadada y cruel.

Por supuesto que no agotaremos en una sola nota el análisis de otras intenciones retrógradas que comienza a manifestar la dirigencia entrante en el campo de las relaciones internacionales, la salud o la cultura.

La pregunta es, en este momento si podrá este nuevo gobierno, surgido con tan mínimo aval de apoyo y proporción adversa de representación en las cámaras legislativas, llevar a cabo este programa.

No hay duda que lo primero que intentará el nuevo gobierno, aliado y representante de una maquinaria mediática-corporativa poderosa, es quebrar la unidad del bloque parlamentario opositor kirchnerista. Para lograr dicha traición utilizará todas las artimañas posibles, desde la amenaza hasta la dádiva.

Pero aún, si tal estrategia maquiavélica no surtiera efecto (o demorara en su ejecución), ya se ha anticipado que se apelará a los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), para obviar (o demorar) el tratamiento parlamentario de las directivas.

Este mecanismo de los DNU está previsto en el artículo 99 de la Constitución Nacional “solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos”. Su utilización absoluta remite a las dictaduras militares y en términos de exceso a los dos gobiernos de Carlos Menem, quien firmó 545 en sus diez años de gestión.

Lo absurdo de la reglamentación de estos Decretos, regulada en 1994, es que hay un plazo de veinte días entre la firma y su necesario tratamiento por parte de las Cámaras legislativas, en el cual, las determinaciones del Decreto tienen plena vigencia legal. De esta manera, el peligro evidente es que el nuevo gobierno dicte normas contrarias al bienestar general, ilegítimas desde el espíritu constitucional, pero legales desde la estricta formalidad de su letra.

Por supuesto que todo esto será durante los dos primeros años, luego de los cuales vendrá una elección de medio término, en la cual las corporaciones pondrán “toda la carne al asador” para reconfigurar las proporciones parlamentarias en su propio beneficio.

Mientras tanto, en la base social, un importante contingente perteneciente al 49% no permanece pasivo y comienza a motorizar lo que ha dado en llamarse la “Resistencia con Aguante”. Pero este fenómeno, surgido como variante creativa en defensa de los derechos adquiridos en la última década y muy próxima a los novedosos y extendidos movimientos sociales de esta época, será motivo de una nueva nota.

Por lo pronto, el día 10 de Diciembre, fecha consagrada como día internacional de los Derechos Humanos, puede ser ya considerado un día negro en el historial de esta celebración en la República Argentina. Ese día asumirá un gobierno que ha anticipado su intención de rever y revertir la política de avance de derechos en todos los planos. El gobierno de apenas la mitad más uno.