Por Edgar Rosas

El tema de la desaparición forzada en México es uno de tantos que ha permanecido en la agenda del gobierno sin una atención adecuada. Desde la época de la llamada “guerra sucia” los casos de este tipo de crímenes de lesa humanidad siguen sin ser resueltos, con lo que, desde la perspectiva de diversas organizaciones, el Estado mexicano aun carga una deuda enorme con la ciudadanía.

Sobre el tema, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) manifestó que en México la impunidad es generalizada, con lo que se favorece la comisión de esta clase de crímenes. Lo anterior fue expuesto en el informe de dicho grupo, relativo a su visita a México realizada del 18 al 31 de marzo del 2011. Además lo anterior enfatizó que el Estado mexicano ha tenido pocos avances en la erradicación del fenómeno.

Al respecto, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), externó su preocupación ante lo expuesto por el grupo de desaparición forzada. Al participar en el 30° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU- en donde en días pasados se presentó el ya mencionado informe- este organismo mexicano lamentó los pocos avances en la implementación de las recomendaciones que ya se le han hecho al Estado mexicano sobre el fenómeno.

De manera particular la CMDPDH dijo sentirse preocupada por “el abandono” que el Estado mexicano ha hecho sobre los casos de desaparición forzada perpetrados durante el periodo de la guerra sucia.

“Al igual que el Grupo de Trabajo, lamentamos observar pocos avances en la implementación de las recomendaciones realizadas y particularmente nos preocupa el abandono del Estado mexicano al problema de las desapariciones forzadas perpetradas durante el periodo de la denominada ‘guerra sucia’”, expuso el represéntate de la CMDPDH ante los países miembros de este Consejo de la ONU.

En este sentido, subrayó que a pesar que existen mecanismos como la fiscalía especial para investigar los crímenes de la guerra sucia, aún no hay avances sustanciales, pues entre otras cosas, no se ha enjuiciado a nadie por los crímenes.

“A pesar de la creación de una fiscalía especial para la investigación de los hechos ocurridos en la época – la cual sólo funcionara durante 5 años – ; o de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) concretamente del caso Radilla Pacheco dictada desde 2009; al momento: no se ha enjuiciado a ningún responsable de los hechos, ello a pesar de que la Fiscalía Especializada para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP) reconoció a 788 desaparecidos, 537 en el estado de Guerrero”, manifestó.

La CMDPDH también resaltó que el acceso a la justicia ha estado ausente en todo este tiempo, con lo que, afirmó, México lleva más de 40 años en la impunidad, sin acciones claras para revertir esta situación y garantizar el acceso a la verdad.

“Persiste la falta de acceso a la justicia, así como la falta de transparencia en las investigaciones penales, y se vulnera el derecho de las víctimas a participar con toda la información en el proceso penal.

“En suma, en México tenemos más de 40 años de impunidad sobre los hechos del pasado y no se conocen acciones efectivas y resultados concretos para la investigación de violaciones graves a derechos humanos en la actualidad. En el país, sigue sin garantizarse el derecho a la verdad”, expresó.

En lo referente, el organismo defensor de derechos humanos coincidió con lo dicho por el relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Pablo Greiff, en el sentido que las garantías de no repetición “deben ser consideradas, no como un instrumento retórico, sino como el objeto del diseño de políticas públicas que atiendan los problemas estructurales que fomentan la comisión de violaciones a derechos humanos”.

La CMDPDH expresó ante los países integrantes del Consejo de Derechos Humanos que en el país hace falta una “verdadera suma de voluntades”, que en primera instancia reconozca el seria problema en el que se ha convertido el fenómeno la desaparición forzada “y que permitan dar pasos sólidos hacia la construcción de una justicia transicional para México”.

“Hacemos un llamado a los países del Consejo a urgir al Estado mexicano a la creación de una Comisión para combatir la impunidad como la que se constituyó en Guatemala, que ponga fin a la impunidad en el país. Al Relator Especial, el Sr. Pablo de Greiff le invitamos a que haga una visita a México a fin de contribuir en el diseño de una política que permita garantizar el derecho a la justicia, la verdad, la reparación y la memoria de las víctimas de violaciones graves a derechos humanos y de los crímenes de lesa humanidad”, dijeron.

El caso Rosendo Radilla: 41 años de impunidad

El pasado 25 de agosto se cumplieron 41 años de la desaparición forzada del líder social guerrerense Rosendo Radilla Pacheco y a poco más de cuatro décadas del crimen, la impunidad en el caso prevalece.

A pesar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) emitió en 2009 su primera sentencia en contra del Estado mexicano por violación grave de derechos humanos por el caso de la desaparición forzada de Rosendo Radilla, aún no se ha consignado ni sancionado a ninguna persona por el delito.

La desaparición de Rosendo Radilla-en el año de 1974- se enmarca en el contexto de la Guerra Sucia. Este, representa uno de tanos casos reconocidos que no han sido aclarados. Cabe señalar que el activista y líder social de la comunidad de Atoyac de Álvarez, Guerrero, fue detenido y desaparecido por elementos del ejército mexicano.

“En los últimos años hemos sido testigos del resurgimiento de la desaparición forzada con una fuerza estremecedora. A las más de 788 víctimas de desaparición de la Guerra Sucia, se han sumado más de 26 mil, de acuerdo al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y Extraviadas.

“La impunidad de los delitos del pasado, han contribuido a que los hechos violatorios de derechos humanos vuelvan a ocurrir. Es necesario que el Estado mexicano tome medidas efectivas para poner fin a un aberrante delito que ha afectado a decenas de miles de familias mexicanas”, sentenció la CMDPDH.

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