El Ministerio Público de Guatemala solicitó anoche la orden de aprehensión del presidente Otto Pérez Molina, la cual fue autorizada por el juez de Mayor Riesgo, Miguel Ángel Gálvez.

Durante una entrevista a una canal local de televisión, la fiscal general Thelma Aldana confirmó la acción en contra de Pérez Molina, a quien el martes el Congreso le quitó la inmunidad, mientras se giró una orden de arraigo en su contra.

Aldana aclaró que dependerá del togado si se ejecuta la detención o si cita al gobernante, quien dijo estar dispuesto a acudir a un juzgado, según el memorial presentado el miércoles por su abogado, César Calderón, ante Gálvez, a cargo del caso.

Los cinco magistrados de la Corte de Constitucionalidad denegaron otorgar amparo provisional al dignatario, quien perdió la inmunidad el martes por voluntad de 132 diputados.

Con esa decisión en el Parlamento unicameral se dio luz verde para investigar al señalado de encabezar La Línea, grupo dedicado al desvío de millones de dólares.

El Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala sindican al jefe de Estado de codirigir La Línea junto a la exvicemandataria Roxana Baldetti, ligada a proceso y enviada a prisión preventiva por ese caso desde la semana pasada.

La primera guatemalteca en llegar al segundo puesto en importancia en el Ejecutivo dimitió el pasado 8 de mayo presionada por varias protestas multitudinarias en su contra.

Según las pruebas reveladas por ambos entes, La Línea se dedicaba a desviar millones de dólares de las aduanas, y presuntamente el binomio presidencial del Partido Patriota se quedaban con el 50 por ciento del monto defraudado.

Si luego de la audiencia de primera declaración, Gálvez dicta el auto de prisión preventiva contra Pérez Molina, se convertiría en el primer jefe de Estado guatemalteco en ir de la Presidencia a la cárcel.

Cientos de miles de ciudadanos demandaron la renuncia del mandatario durante los últimos cuatro meses y medio, pero el gobernante descarta esa posibilidad, aún cuando perdió la inmunidad ante el órgano Legislativo.

Pérez Molina reiteró en varias oportunidades que enfrentará a la Justicia y rechazó los señalamientos formulados en su contra por el MP y la Cicig, un ente adscrito a Naciones Unidas.

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