La experta en comunicación Stella Martini sostiene que la cobertura mediática de la muerte del fiscal Nisman lo transformó en una herramienta en una batalla donde, con operaciones diarias, se busca que «que el caos desinformacional se incremente y sumerja al ciudadano en un estado de irritabilidad y desazón». Allí, sostiene la autora, hay que buscar, en parte, el origen del sentir de algunos de los que se movilizaron en el #18F.

Por Stella Martini para Infojus Noticias

La marcha del miércoles 18, convocada por un grupo de fiscales, “fue un funeral popular. La multitud no sólo velaba a Nisman, el último muerto, sino a todos. A los caídos en su momento por la represión, a las víctimas de la inseguridad, de la corrupción, de la pauperización”, afirma la cabeza de una nota de opinión en Clarín.com  del mismo día.

Las muertes trágicas engendran héroes, en especial si hay medios dispuestos a escribir las crónicas propicias. En el “funeral popular”  el columnista de Clarín cree escuchar una memoria histórica que no se manifestó, y un lamento no expresado, que en todo caso habría sido falto de verdad.  Los números de la realidad niegan la pretendida “pauperización” mortal: el desempleo no alcanza el 8% y la promoción de condiciones de vida dignas es política pública. Pero es una crónica a la que solo le interesa instalar el caso del “último muerto”, quizás su caracterización más riesgosa. ¿Somos inmortales desde el 18 de enero?  ¿O solo se trata de una figura de estilo?

El último recurso, “el último muerto”. Si esta expresión resulta irreverente es porque la misma nota lo es. Se deshonra a un muerto otorgándole una cualidad que no es tal, ninguneando a tantos otros, porque somos mortales. Una  nota que integra una serie de alta relevancia política, como es el caso que se analiza, indica quién es su lector.

Esta columna pretende dialogar con los participantes de la marcha, y  también con los que la usaron como un fácil recurso de marketing político, mal que les pese a quienes no quisieron banderas partidarias. Es también un recurso comunicacional de más de una cobertura mediática exasperada, una agenda en la que el fiscal Nisman vuelve a morir violentamente una y otra vez, porque ya no importan ni su denuncia ni su muerte.  Los medios corporativos se apropiaron de Alberto Nisman y, como su “último muerto”, lo hicieron trofeo para su disputa con el modelo de país que sigue construyendo el gobierno nacional. Y como trofeo, lo manipulan para que motorice denuncias contra situaciones equívocas, esas que son efectivamente a la inversa de lo que las noticias cuentan.

Hay una justicia que está investigando las circunstancias de la muerte del fiscal, por eso es necesario que las noticias la anulen para que el caos desinformacional se incremente y sumerja al ciudadano en un estado de irritabilidad y desazón, que son causa probable del “miedo” al que aludían algunos de los manifestantes entrevistados por la televisión.  En este tipo de cobertura,  “la prensa va más aprisa que el acontecimiento”, expresión acuñada por el sociólogo francés Dominique Wolton. La prensa corporativa presiona con una operación diaria, que nunca carece de complicidades. Las declaraciones de la fiscal Fein, a cargo de esta primera etapa de la causa, se recortan, simplifican y parodian. Todo resultado es sospechado porque no hay descubrimientos revulsivos,  funcionales al accionar político de tales medios. Pero ese inconveniente puede ser corregido, aparecen los datos filtrados y posibilitan otras noticias que “se adelantan” a los hechos, o que los reemplazan, obligando a la fiscalía a revelar lo que el secreto del sumario protege, según lo establecido en el artículo 12 del Código procesal penal,  situación que perjudica a la misma querella. Por caso, el “borrador” en la papelera de Nisman, inútil porque su autor lo desechó. La noticia afectó la credibilidad de la fiscal.

Cuando las filtraciones no son suficientes para la discordia mediática, surgen novedosas fuentes, los testigos del procedimiento que iniciara la investigación y presentados como oráculos inapelables, poniendo una vez más en la cuerda floja la labor de la fiscalía. El cuestionamiento al relevamiento de pruebas de la madrugada del 19 de enero en casa del fallecido fiscal se explica en notas reñidas con cualquier criterio de responsabilidad periodística. Tanto la fiscal como la jueza, aun cuando se las reconoce como “no amigas” del gobierno, han dejado de ser confiables en la agenda de los medios corporativos. Algunas especulaciones aseguran que los jueces más fieles al grupo de medios más grande de la Argentina están en otro ámbito. Y a él querría conducir la propuesta informativa.

En la noche de la marcha del miércoles 18 de febrero, algunos programas televisivos revelaron los resultados supuestos de las pruebas toxicológicas, sin indicar las fuentes. La noticia resultó burda por el desconocimiento de la misma producción que o por ignorancia o por desdén por la audiencia avalaba la explicación de que “cantidades no significativas” de rivotril en la sangre “quiere decir media pastilla, lo que cualquiera puede tomar”. Este tipo de información y de opinión, de carácter especulativo, se ha visto encuadrado por el  teatro jurídico, con la participación de supuestos especialistas, peritos, expertos en temas penales y psicológicos que desde sus minutos de gloria escénica legitiman cualquier rumor o intrerpretación arbitraria. Una muerte violenta se explica como jugando. El sensacionalismo ha llegado a una expresión que se puede clasificar de pornografía informativa.

El respeto a la figura del fiscal Nisman ha desaparecido, transformado él mismo en una herramienta, un recurso más en la estrategia de una batalla política donde los medios corporativos, lejos de ser los guardianes de la democracia que declaman, muestran su pertenencia al campo de la especulación financiera. Por eso, no hay límites en el recurso a diferentes retóricas que, como en la nota citada al comienzo, exaltan la muerte y el dolor como sinónimos de un heroísmo que reconstruiría la nación.  El juicio mediático recién ha comenzado. La difamación sistemática y la instigación a la sospecha ante cualquier discurso institucional, incluso aquel que proviene de un actor cercano ideológicamente a tales medios lo aseguran. La jueza Arroyo Salgado, querellante de la causa, demandó no politizar el caso. La fiscal de la causa pidió prudencia a los medios, y resguardo de las fuentes.

Finalmente, ¿qué pasa con aquellos que quieren entender lo que está sucediendo? En el desconocimiento de las claves del comportamiento mediático radicaría la dificultad de pensar y de construir opinión libremente, actividades fundamentales para que vivamos en democracia.