Por Karen Hermosilla.-

En teoría constitucional, el poder constituyente no se sujeta al poder constituido: la Constitución y las leyes que ya están establecidas, pues de otra manera no habría un ejercicio libre y soberano por parte del constituyente. Por eso cuando luego del cónclave de la Nueva Mayoría se habla de un proceso “institucional” y por lo tanto dentro de la trampa que Guzmán hizo sellando esta jaula llamada país, para realizar una nueva Constitución, es desechar la posibilidad de hacer un legítimo proceso constituyente.

La Asamblea Constituyente más allá de ser un eslogan que se ha vuelto un fetiche en el progresismo, es un proceso abiertamente participativo que hoy puede ser peligroso de emprender, dado al sentido común en este estado neoliberal de las cosas. Apurar ahora las reformas políticas sin existir una ciudadanía empoderada, con claridad respecto a los contenidos a revisar, es seguro argumento para que sean nuevamente las elites las que decidan por el pueblo.

Es por eso que en primer lugar debemos exigir una carta de navegación que tenga, en el punto 1, la educación cívica popular, que inicie el proceso constituyente en plazas, colegios, escuelas, instancias civiles de organización, entre otros que no están dentro del “espacio de confort”. Haciendo seminarios para que nos encontremos los mismos de siempre, no estamos logrando capturar la atención y, lo más importante, la comprensión para levantar un proceso popular constituyente que atienda a los requerimientos más sentidos por los chilenos y chilenas.

Explicitar las principales amarras que no nos permiten tener una sociedad de derechos y explicando qué condiciones estipuladas en la Constitución nacida en Dictadura y maquillada por Lagos Escobar, afectan nuestro cotidiano con injusticias que radican en las normas del juego, es la base para poder transformar cuestiones tan centrales y naturalizadas como el principio de subsidiaridad que no le permite al Estado tener un rol activo en la economía nacional, contemplando atribuciones sobre la matriz productiva nacional, participación en negocios estratégicos para el Estado, tuición de los recursos naturales, concesiones y expropiaciones.

Por otra parte, hoy no contamos con instancias de ampliar y profundizar una democracia efectiva, por lo cual desde ya debemos explicitar como contenido de la nueva Constitución la incorporación de la iniciativa legal popular, asambleas territoriales, mandato parlamentario, referéndum vinculante y, en definitiva, todas las reivindicaciones y propuestas tendientes a fundar una sociedad de derechos para poner a la economía al servicio del ser humano.

Ya no basta con marchar, tampoco con los conversatorios y seminarios donde sólo acuden los que ya han pertenecen al movimiento constituyente. Debemos nosotros también asumir que se transita por un desierto, que lo único capaz de hacerlo florecer es un cambio cultural, tejiendo lazos sociales en zonas que, en muchos casos, ya se encuentran clientelizados por la derecha, o seducidos por el asistencialismo de la Concertación.

La AC no es un eslogan que se infla como promesa electoral, es un proceso fundacional de una importancia que trasciende los partidos, camarillas, grupos de activistas, que al no centrarse en un trabajo en terreno en lugares hasta ahora olvidados, replican el repudiado peso de la noche portaliano. Por eso debemos ser serios. Y eso consiste en no continuar arrogándose la vocería de los que nunca han sido consultados.

Debemos desalambrar el cuerpo de leyes encerrado en una Carta Fundamental caduca, pero primero debemos desalambrar nuestras cabezas, para dejar de vivir en “la medida de lo posible”, sometiéndonos al “mal menor” y dejando a en manos de “colectas” nuestras desgracias, como sucede con la Teletón, que naturaliza la ausencia total de institucionalidad y de políticas públicas para conseguir redes de contención social efectivas y permanentes.

Socialicemos la importancia de una nueva Constitución. Hoy tenemos un gran desafío. Lograr por primera vez responder en los hechos al mito de nuestra supuesta “tradición Republicana”. Imprimir horizontalidad, dignidad y respeto en todos los niveles de nuestra sociedad, negados por la Junta Militar, que consagra y protege, gracias a la habilidad retórica de Guzmán, la plaga de “decretos leyes” y las bases usureras traídas desde Chicago.

Publicado por El Mostrador

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