Reforma “express” del Código Penal en España. Retroceso grave de derechos y libertades

26.01.2015 - Antonia Utrera

Reforma “express” del Código Penal en España. Retroceso grave de derechos y libertades

España

El pasado 21 de enero, el Partido Popular ( PP) sacó adelante en solitario en el pleno del Congreso, la reforma del Código Penal, que, entre otras novedades, incluirá la prisión permanente revisable. Esta Reforma, impulsada en sus inicios por el anterior ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, aquel que promoviera  la ley en contra del aborto, fue sustituido por Rafael Catalá, quien ha dado luz verde al nuevo código penal. Es la primera vez que un solo partido aprueba en solitario una ley tan importante y con un cambio de enfoque penal y de innovación de penas tan notable, amordazando así la protesta social con el populismo penal de la cadena perpetua.

Se vulnera la Constitución Española al suprimir el concepto de re-inserción.

Esta nueva pena, que es en la práctica una cadena perpetua, supone que para delitos graves se revise el cumplimiento a los 25 o 35 años, pero que sea posible el internamiento de por vida, acabando así con el principio constitucional de re-inserción.

En España la cadena perpetua no es contemplada en sus leyes penales, dada la orientación del Derecho Penal a la re-socialización de la persona penada. La Constitución Española señala que: “Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la re-educación y re-inserción social”. La cadena perpetua sí estuvo contemplada anteriormente durante el régimen franquista.

63 catedráticos de Derecho Penal se manifiestan en contra del nuevo Código Penal

Más de 60 catedráticos de Derecho Penal de 33 universidades públicas, Greenpeace y Amnistía Internacional han hecho públicos manifiestos en contra del nuevo Código Penal.

La reforma del Código Penal supone un despropósito de graves consecuencias, a juicio de 63 catedráticos de Derecho Penal que firman un manifiesto solicitando al próximo Gobierno que derogue de inmediato el texto. Los expertos manifiestan su indignación, sobre todo, con los cambios que alejan de los tribunales el juicio de las conductas ciudadanas de los tribunales para dejarlas al criterio la Administración de turno.

“Lo más grave de esta iniciativa legislativa es el claro abandono que se produce del principio de culpabilidad y su sustitución por el de peligrosidad: la dignidad humana va a resultar pisoteada en aras de un defensismo a ultranza, y los ciudadanos van a verse entregados, no a la seguridad de la norma si no a la indeterminación de los criterios personales con los que se va a ‘administrar’ la peligrosidad”, afirma el manifiesto de los catedráticos, procedentes de 33 universidades españolas.

Se restringe el derecho de reunión y manifestación

Los expertos denuncian, por ejemplo, que el nuevo Código Penal equipare a guardias de seguridad con funcionarios públicos “a efectos penales” o que restrinja el derecho de reunión y manifestación, sustituyendo el tradicional “orden público” por un novedoso “órdenes en las vías públicas”. El objetivo para los catedráticos es claro: “Se trata de poner sordina a las protestas ciudadanas indignadas ante el constante recorte del Estado del Bienestar”.

Impunidad para los delitos de guante blanco

La reforma del Código Penal, en cambio, minimiza los delitos de guante blanco. Las empresas obtendrán impunidad con solo aprobar un código ético antes de que sea cometido el delito. Los empresarios podrán entregar sobres con dinero negro a los partidos siempre que no alcancen los 500.000 euros.

El PP rechaza bajar de los 120.000 euros el umbral de delito fiscal, como intentó la oposición y le propusieron los jueces. La reforma del Código Penal en tiempos de crisis ha pasado de puntillas por los delitos económicos y la corrupción a la hora de endurecer las condenas por delitos que nada tienen que ver con las causas del desastre financiero.

Cárcel para los huelguistas

Otros aspectos del nuevo Código Penal que concitaron el rechazo de todo la oposición fueron la reducción de la pena a los empresarios por impedir el derecho de huelga a dos años como máximo, lo que significa que ninguno irá a prisión por delinquir contra ese derecho fundamental. En cambio, para los trabajadores que impidan la libertad de trabajar en una huelga (los piquetes) se fija tres años de cárcel.

Sin sexo hasta los 16

Las enmiendas del Partido Popular han elevado a 16 años la edad para mantener relaciones sexuales consentidas, contraviniendo con esta reforma el Código Civil, que contempla el matrimonio a los 14 años.

Categorías: Europa, Política
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