La decisión del Presidente Rafael Correa de pasar a una oficina dependiente directamente del Ejecutivo el manejo de una política pasar un programa de salud pública, denominado Estrategia Nacional Intersectorial de Planificación Familiar y Prevención del Embarazo Adolescente -ENIPLA-, y la designación de una de sus asesoras, que ha hecho fuertes críticas a esta Estrategia, ha generado críticas en las redes sociales y entre las organizaciones sociales con agenda de género y también vinculada a los derechos sexuales y reproductivos. Publicamos acá el artículo de Silvita Buendía, en Gkillcity. El debate sobre el crucial tema de los derechos sexuales y reproductivos, vuelve a primera plana en Ecuador.

Por Silvita Buendía. Gkillcity.

La Estrategia Nacional Intersectorial de Planificación Familiar y Prevención del Embarazo Adolescente -ENIPLA- se creó en julio del 2011 para reducir los embarazos adolescentes y los no planificados. Entre sus acciones principales están la promoción de la educación sexual en adolescentes y niños, la planificación familiar, el fácil acceso a métodos anticonceptivos, y la asistencia sanitaria universal en el marco de la salud pública y los derechos reproductivos. La ENIPLA se convirtió en uno de los programas más emblemáticos del Ministerio de Salud Pública (MSP). El 26 de noviembre del 2014, sin embargo, dejó de ser una estrategia adscrita al MSP y pasó  directamente a Presidencia. Su nueva directora es Mónica Hernández.

 

Hernández es conocida en los pasillos oficiales como la asesora Opus Dei del presidente Rafael Correa, y desde hace más de un año asiste a las reuniones con oficiales de los ministerio de Salud y Educación. Ella -de quien se dice es parte del círculo íntimo del Presidente y desayuna con él por lo menos una vez por semana- formó parte del grupo retardatario que se opuso al ENIPLA desde sus inicios. Ellos no estaban de acuerdo con que se impartiera clases de educación sexual a niños, niñas y adolescentes, peor aún con la distribución gratuita de métodos anticonceptivos en centros de salud. Una vocera de estos grupos antiderechos llegó a decir, sin vergüenza ni criterio, que dar anticonceptivos a los adolescentes aumentaba la tasa de embarazos y de enfermedades de transmisión sexual. Que lo más seguro era educar a la juventud para que aprenda a esperar. Es decir, que se abstengan de tener relaciones sexuales. El reclamo más airado contra estos esfuerzos fue por la disponibilidad de la píldora anticonceptiva de emergencia (PAE), a la que consideran abortiva. Ante los reclamos, la Ministra de Salud, Carina Vance, defendió la decisión y destacó que la ENIPLA no era sólo entregar la PAE, preservativos y demás métodos anticonceptivos a la población adolescente, sino que consistía en una estrategia integral para informar sobre derechos.

 

La ENIPLA se creó como una respuesta a los alarmantes resultados del Censo Poblacional y de Vivienda de 2010, en el que se demostró el incremento de embarazo adolescente en un 74% en los últimos diez años en Ecuador. Este estudio también reveló que el 17% de adolescentes censadas -entre quince y diecinueve años- había sido madre. Con estos resultados, Ecuador ocupó el segundo puesto de países andinos con un mayor número de embarazos adolescentes, según el Plan Andino de Prevención del Embarazo Adolescente. A esto se sumaron otros informes, como el estudio del Fondo de Población de las Naciones Unidas y la OMS, que advierte sobre el elevado peligro de muerte materna en niñas y adolescentes: las mujeres entre 15-19 años tienen entre el 17 y 28% más riesgo de morir debido al embarazo y al parto que las mujeres mayores de veinte años.

 

Según el Plan Nacional de Prevención del Embarazo Adolescente, la falta de educación es uno de los factores que aumenta la posibilidad de que una adolescente quede embarazada. Las proporciones de embarazos adolescentes son hasta cuatro veces más altas entre muchachas que no han tenido acceso a la educación. Un embarazo precoz aumenta la posibilidad de que la madre adolescente replique su condición de pobreza al menos por una generación más, pues son adolescentes que dejan de estudiar y esto hace que les sea mucho más difícil acceder a un trabajo mejor remunerado. En Ecuador, las provincias con mayores índices de pobreza -Esmeraldas, Los Ríos, Sucumbíos, Orellana, Morona Santiago, Zamora Chinchipe-, son también los que tienen mayor tasa de embarazo precoz. Un embarazo en la adolescencia equivale a 2,5 años de escolaridad menos.

 

Tomando en cuenta las estadísticas, la ENIPLA creó la línea gratuita 1800 445 566 para brindar asesoría sobre estos temas, puso énfasis en formar profesionales de salud especializados en planificación familiar y anticoncepción, dotó de métodos anticonceptivos gratuitos –especialmente preservativos, tanto masculinos como femeninos– a los centros de salud y dispensarios a escala nacional, dotó a  hospitales y dispensarios de la píldora anticonceptiva de emergencia para entregarla de forma gratuita a quien la solicite. También se incluyó  la educación sexual en los centros educativos y en las carreras universitarias, primordialmente en la de docentes. Como parte de las acciones, se elaboraron manuales didácticos sobre sexualidad para estudiantes, se abrieron espacios de encuentro para jóvenes que buscaban información sobre cómo disfrutar de su sexualidad en forma sana e informada, previniendo embarazos no deseados, se creó una página de Internet con información sobre el tema y se lanzó la campaña “Habla serio, sexualidad sin misterios” que contaba con un programa radial de dos veces por semana en la radio pública.

 

Por todas estos avances positivos, como parte de la plataforma de mujeres políticas del país, he apoyado elocuentemente a la ENIPLA y sus objetivos como un acierto del Gobierno al abordar el tema de la sexualidad humana desde principios científicos, alejados de normas morales o de ideas religiosas. Sigo de cerca las políticas y acciones sobre derechos sexuales y reproductivos, y educación sexual. Por eso, me preocupa que Hernández esté en la directiva de este programa. Ella, junto a María Judith Turriaga,educadora y autora de textos escolares para el aprendizaje de la religión y moral católica y experta en educación sexual basada en los valores de la iglesia católica, elaboraron un informe, en abril del 2014, en el que incluyen una serie de observaciones. Entre las más absurdas están: retirar en los materiales de educación sexual las referencias al placer porque los convierten en propuestas hedonistas; no sugerir que las relaciones sexuales son un derecho de los adolescentes; señalar que las relaciones sexuales precoces, promiscuas, casuales o no naturales (¿?) entrañan un peligro para el futuro proyecto de vida y la vida social y emocional de los niños, niñas y adolescentes, utilicen o no contracepción; señalar que los anticonceptivos, al dar la falsa seguridad de actos sin consecuencia, vuelven a las personas más irrespetuosas y posiblemente más violentas y desconsideradas; no dirigir los programas a toda la población de niños, niñas y adolescentes, ya que, si bien en Ecuador viven adolescentes homosexuales, lesbianas, bisexuales y travestis, esta no es la realidad de la inmensa mayoría de los niños, niñas y adolescentes.

 

La flamante directora de la ENIPLA también habría conseguido que el Ministerio de Educación retirara de sus textos de educación sexual toda referencia a orientación sexual e identidad de género. En el informe que le encargaron, habría recomendado al Presidente que excluyeran estos temas en textos para niños para evitar que se hagan una imagen distorsionada de la familia con contenidos que no van de acuerdo a su edad. En una carta enviada a funcionarios del MSP, el 28 de octubre de 2014, ella solicitó que los cuadernos metodológicos de la caja de herramientas de la ENIPLA sean retirados de la circulación, hasta no ser modificados. Según Hernández debía cambiarse: la referencia a la intersexualidad, pues considera que estos casos son muy poco frecuentes y solo debería hablarse de ellos con estadísticas; referencias a la identidad de género y a la explicación de que no siempre el sexo biológico coincide con el género con el que una persona se identifica (el caso de las personas trans). Para Hernández esto es un invento de la peligrosa ideología de género y está comprobado que en las sociedades en las que no hay esta influencia contranatura no se dan estas divergencias entre sexo y género. Con esta observación no solo niega la existencia de las personas trans, sino que parece olvidar que la identidad de género es una característica de la personalidad reconocida y con derechos garantizados por nuestra Constitución en el artículo 11,2. La señora Hernández también objetó que la igualdad sexo genérica sea un derecho y que en caso de discrimen debe ser denunciada a la autoridad competente. Se opuso a que en los cuadernos metodológicos de la ENIPLA se visibilicen las personas LGBTI, cómo viven, su cuerpo y su sexualidad. Sostuvo que no se debe exponer como natural o normal que haya personas que tienen diferente identidad de género respecto a su sexo biológico y diferente orientación sexual. Estas personas deben ser valoradas y respetadas, dijo, pero debe dejarse claro que son poquísimos casos de intersexualidad, menos de uno en dos mil habitantes. Lo que lleva a pensar que Hernández confunde -sin querer, o a sabiendas- lo que significa intersexualidad con homosexualidad, bisexualidad y transexualidad. Ella objetó la referencia al empoderamiento de la mujer, porque eso tiene un tinte feminista. Allí donde los cuadernos de la ENIPLA dicen que es necesario que todas las personas, no importa su edad, deben conocer cuáles son y cómo se llaman sus partes íntimas y también cómo funcionan, se opone diciendo que hay información que uno va adquiriendo a lo largo de la vida y que no es necesario abrir campos que generen curiosidad o confusión en niños muy pequeños. Además, rechazó toda referencia a la noción de género en estos cuadernos. Para ella, el uso de “género” es una artimaña de las feministas radicales cuya ideología las lleva a aplicar un concepto gramatical –en forma arbitraria y sin sustento científico- para posicionar la idea de que la sexualidad es neutra y que cada persona puede auto determinarse en forma independiente e incluso negando su sexo biológico. Cuesta mucho creer que una asesora presidencial, con un doctorado a su haber, no sepa que desde la Conferencia Internacional de la Mujer de Beijing de 1995, el Ecuador se comprometió al tratamiento de los derechos humanos desde una perspectiva de género.

 

En estas observaciones bajo pedido, Hernández sostiene que el uso del condón no es seguro para prevenir enfermedades de transmisión sexual o embarazos. Según ella la fórmula ideal para esto es ABC: Abstinence (abstinencia), Be Faithful (ser fiel) y Condoms (condones, al último). Como si el ejercicio de una vida sexual placentera e informada no fuera un derecho humano de los jóvenes. Sus sugerencias en el documento, sin embargo, no son mi única preocupación. El testimonio de un joven que trabajó  para la ENIPLA y para la Dirección Nacional de Juventud del MIES dice mucho de la visión de la asesora presidencial respecto a las diversidades sexo genéricas. Según el afectado, Hernández habría rechazado su liderazgo en los talleres sobre sexualidad y género en el marco de unos encuentros del Gobierno con jóvenes porque es gay. Ella temía que por su empatía y don de gentes convirtiera a los talleristas en gays (!) Y es que, según dicen quienes la conocen, para ella las personas de condición sexo genérica distinta de la heterosexual tienen derechos y deben ser respetadas pero no se deben considerar normales ni naturales (pues, por lo visto, son enfermos contagiosos).

 

El problema no es que Hernández sea del Opus Dei. Tampoco se está juzgando anticipadamente su gestión. El problema es que sus críticas de la ENIPLA coinciden con los postulados y estrategias de acción de una de las facciones religiosas más retrógradas en temas de sexualidad y autonomía, y el hecho de que que no esté claro por qué un programa de salud pública deja de ser una estrategia intersectorial que involucraba al Ministerio de Salud, al de Inclusión Social y Económica, al de Educación, y al Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, y se lo pone bajo la jusridicción de una sola oficina del Ejecutivo. Esto da fundamento a la hipótesis de que el futuro de lo que ha sido una iniciativa positiva enmarcada en los postulados de organismos internacionales de la materia está en grave riesgo.