Hay un Proyecto argentino que, entre amagues y gambetas, quiere ser aprobado a pesar del repudio de muchos padres, el consentimiento de algunos, las dudas de otros y los aplausos de las obras sociales, únicas seguras beneficiarias con su entrada en vigencia. Es el que modifica a la Ley 24.901 en lo que afecta a la Escuela Especial, excluyéndola del sistema educativo. La modificación está en un adelantado -aunque se niega este estado- Proyecto de ley 4020-D-2014.

El bien social que dice proteger su autora, la diputada Adriana Puiggross, es la integración del alumnado del país en una misma escuela pública, sin distinción de aquellos casos en que la situación personal hace necesario un trato diferente. Nos apresuramos a aclarar que el objetivo no es una inclusión de clases sociales -en la actual escuela estatal argentina no existen tales diferencias- sino entre niños corrientes o “normales” y otros que tienen características especiales. La línea divisoria que traza este Proyecto es gruesa e ignora la gama de matices entre unos y otros, forzando situaciones regresivas para muchos. Estamos hablando de niños y jóvenes con autismo, con Asperger, con hipoacusia, con ceguera, con problemas motrices (de diversa índole), con problemas de aprendizaje, con hiperactividad, con dislexia, con trastornos de conducta, con desordenes psiquiátricos, entre otros. Son diferencias que requieren una consideración especial en cada caso.

Con el texto actual se estaría procurando que todos los pibes con discapacidad vayan a escuelas comunes junto a los chicos sin dificultades, alegando los supuestos beneficios de una integración en instituciones que no cuentan con infraestructura adecuada, no cuentan con personal capacitado -no se trata sólo de sumar maestras especiales sino de diseñar un sistema nuevo-, no cuentan con niños preparados para recibir a otros chicos diferente y, lo más extraordinario, ni siquiera hay cupos suficientes para sumarlos. Al hacer eso, se da de baja la educación especial, dejando sólo los Centros Educativos Terapéuticos (CETs) para los casos más profundos. “Ahora mismo -acotan algunos padres- los docentes y profesores que se están formando no tienen ni una materia relacionada con diversidades funcionales (discapacidad).”

Las redes sociales han servido de caja de resonancia de la queja por la generalidad del proyecto y una madre escribió en Facebook: “Debe quedar de manifiesto explícitamente que los padres tenemos el derecho de optar para la educación de nuestros hijos no sólo por los Centros Educativos Terapéuticos, sino también por las escuelas especiales públicas y privadas y que las mismas deben seguir siendo cubiertas por las obras sociales. El Estado tiene que asegurar a los niños que pueden y quieren asistir a la escuela común este derecho, sin perjudicar a aquellos que, por razones fundadas en su salud y desarrollo psicofísico, optan por la educación especial”

Nadie objeta a la educación inclusiva, pero esto no significa que se termine con la educación especial; más bien, comparten esa aspiración como fruto de un proceso donde cada uno de los involucrados sea escuchado y respetado. Entre otras, hay que dar respuesta a estas inquietantes preguntas de los padres: “¿Qué pasa si un niño que está en condiciones de ir a una escuela común con integración fracasa 1, 3, 5 veces? ¿Por qué, en nombre de una supuesta inclusión, obligar a un chico a permanecer en establecimientos comunes? ¿De qué inclusión hablamos si no tenemos en cuenta las necesidades y condiciones de cada niño en su particularidad? ¿Cómo se manejará la violencia que se descarga sobre los diferentes?”

“La inclusión -afirma María Guillermina Noro en facebook- bajo ningún punto de vista debe implicar cerrar puertas. Ni la escuela especial, ni la escuela común deben ser planteadas desde un deber ser, como una obligación. Ambas tienen que apuntar a la excelencia, a trabajar en conjunto y a fusionarse cuando sea posible. La decisión de elegir tal o cual posibilidad nos corresponde a los padres conjuntamente con los profesionales, teniendo al bienestar de los pibes como eje y valor mayor”.

La noticia ha corrido ya como si hubiese un acuerdo previo para beneficiar a las Obras Sociales, siempre bien dispuestas a ahorrar en las prestaciones, un “gasto” en su concepción mercantilista de la salud. Pero en este caso se trata deque la futura ley aporte herramientas que nos permitan seguir teniendo en cuenta determinadas condiciones para favorecer el desarrollo y el bienestar integral de las personas. Porque la verdadera inclusión es a la vida.