Por Lourdes Cuéllar y Víctor Manuel Sánchez.-

La situación:

La desaparición forzada y la matanza de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa del pasado 26 de septiembre no es un tema coyuntural, tiene antecedentes concretos y es una manifestación extrema de la violencia que se viene fortaleciendo y empoderando desde hace mucho tiempo.

La intención de desaparecer las normales rurales no es un tema nuevo. Elba Esther Gordillo ex-dirigente del sindicato magisterial, el 6 de agosto de 2010, afirmaba que “la crisis está en las normales. Ahí es donde necesitamos una reforma de fondo. Hay entidades que tienen 40 y hasta 45 de estas instituciones, y el estado de México es un ejemplo, de normales de las que egresan un montón de jóvenes que no saben qué es ser maestro”, y agregaba: “Hemos planteado muchas veces a las autoridades que si se cierran algunas de las normales rurales va haber mucho alboroto de los jóvenes. No se olviden que las normales rurales han sido semilleros de guerrilleros, pero si no hacemos esto van a seguir con lo mismo”. Desde entonces no sólo se han cerrado varias normales, sino que se les ha cortado el presupuesto y se les ha atacado sistemáticamente. Sin embargo, es de estas normales rurales que salen los profesores que atienden la mayoría de las escuelas rurales del país, a donde no les interesa ir a los normalistas egresados de otras universidades.

Pero eso no es lo único que está pasando en el país. Con la guerra declarada contra el narco del presidente anterior y la guerra no declarada del actual, los índices de violencia han crecido aceleradamente. Es de todos sabido que tanto el gobierno, en sus diferentes niveles, como los estados, tienen tratos con diferentes cárteles del crimen organizado. Cada vez que hay un cambio de gobierno, se viven las consecuencias de los ajustes territoriales entre cárteles y rutas de la droga, se ataca a unos y se empodera a otros, mientras las poblaciones sufren las consecuencias y viven el temor constante de verse involucradas en los diferentes bandos, a veces de manera forzada y a veces también como el mecanismo de defensa y protección que proporciona pertenecer a un grupo.

Los mismos normalistas rurales, provenientes de familias campesinas pobres, se han formado entre plantíos de amapola y son testigos cotidianos de los vínculos entre el ejército y la marina con los cárteles de la droga.

Muchos de ellos ven en las normales rurales una posibilidad de cambiar el rumbo de sus vidas y de sus familias, logrando una profesión digna que los lleve a otras formas de vida.

El nivel de violencia e impunidad lograda por el narco ha generado que grupos de civiles, hartos de vivir sus atropellos, se armen para defenderse, formando grupos de los llamados “autodefensas”. ¿Dónde empieza la violencia de unos para dar paso a la de los otros? ¿En dónde terminará esta historia?

El gobierno, por su parte, sigue promoviendo la imagen de luchar contra la inseguridad y que sirve de pretexto para llenar de patrullas las ciudades y generar un clima de mayor inseguridad, pues la población no confía en que las autoridades velen por su seguridad. Se vive un sentimiento ambivalente de miedo a la delincuencia y miedo a las autoridades. La impotencia, la irritación, el malestar es creciente.

Las pasadas elecciones de 2012 mostraron nuevamente el fraude, ahora perpetrado a través de la compra del voto y la manipulación mediática. No se puede decir que los medios estén al servicio de las clases dominantes, sino al revés, parece que las clases políticas dominantes sirven a los intereses económicos de los grandes y monopólicos consorcios televisivos.

Hay pruebas de la “inversión” de muchas empresas para lograr que Peña Nieto quedara en el poder como pieza clave para impulsar las reformas que se necesitaban para consolidar el sistema neoliberal. Los medios han jugado un papel fundamental en la manipulación de la población, manipulando la información de los conflictos nacionales, fabricando noticias La reforma educativa busca menos educación y mayor control de los docentes con miras a la privatización. Esto incluye el reciente conflicto por la imposición de un nuevo plan de estudios en una de las dos instituciones educativas más importantes del país: el Instituto Politécnico Nacional. La reacción de los jóvenes politécnicos a tal imposición generó la destitución de su directora y tiene detenidas las labores en este centro de estudios.

La reforma energética pone el petróleo a disposición del mejor postor, echando por la borda al principal sostén de la economía nacional. La Suprema Corte de Justicia en estos días ha negado el derecho a someter dicha reforma a una consulta popular.

La reforma laboral beneficia particularmente a los empresarios, quienes ahora, por ejemplo, pueden contratar a los trabajadores por hora, a un costo de $7.00 pesos (0.50 cts de dólar), y sin que este tipo de contratos genere, por supuesto, ningún derecho para el trabajador. Esta reforma aprobada en 2012 no ha cumplido con las expectativas anunciadas en cuanto a la generación de empleo, y sí, en cambio, ha generado mayor depreciación del salario de los trabajadores.

La reacción:

La situación de Ayotzinapa llegó al extremo, al exceso, a la barbarie. Se salió de control y está generando reacciones inesperadas para el gobierno. Las reacciones de intelectuales, artistas y sociedad civil, pero sobre todo de los jóvenes estudiantes ha rebasado la capacidad de control y manipulación de los aparatos de poder. La información ha circulado dentro y fuera del país y esto ha generado una fuerte presión por parte de organismos y ciudadanos de otras partes del mundo. Las redes sociales circulan mucha información, videos, entrevistas y, por supuesto, manifestaciones de repudio ante semejantes atrocidades.

Al interior del país, los jóvenes están dando muestra de un nivel de organización muy interesante y, sobre todo, con una gran madurez. Han cuidado sus filas de infiltrados y han creado mecanismos de defensa para los miembros activos de cada grupo. No han cedido a las provocaciones, pero tampoco han dejado de manifestar su apoyo y solidaridad con los afectados y su repudio a las autoridades que han permitido estos hechos violentos, han impulsado paros de labores y han tomado pacíficamente las instalaciones de sus respectivos centros educativos, han organizado asambleas masivas para decidir en conjunto la situación de cada escuela o facultad y las acciones a tomar.

Las autoridades, a pesar de la detención del alcalde de Iguala, Guerrero y su esposa, la renuncia del gobernador de Guerrero y un anunciado “pacto nacional por la seguridad” por parte del presidente, no atinan a dar una respuesta que satisfaga a la gente. El sistema se desmorona pero va jalando a su paso todo lo que puede, va dejando su huella de dolor y sufrimiento.

Esperemos que no logre recomponerse y que logremos que se vayan todos.