Mientras en México el Partido Acción Nacional (PAN) busca poner candados en las manifestaciones sociales como en su tiempo lo hiciera Augusto Pinochet en Chile, en España se multará a quienes prohíban a las autoridades desahuciar hogares, se manifiesten encapuchados o realicen movilizaciones sin previo aviso a las autoridades, entre otras.
Bastará con la palabra del policía y se prescindirá de un juez para imponer una decisión administrativa a manifestantes que deseen hacer “concentraciones no comunicadas ante instituciones del Estado como el Congreso, el Senado, los Parlamentos autonómicos o los altos tribunales”.
El Gobierno español a cargo de Mariano Rajoy, aprobó el día de ayer el proyecto de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana que contempla multas de hasta 30 mil euros -equivalentes a casi medio millón de pesos- luego de que en el borrador presentado por el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, se contemplara multar con hasta 600 mil euros diferentes actos de protesta social. Ante el descontento generado en la población española, las sanciones debieron disminuir.
Entre las infracciones que se considerarán como “muy graves”, estarán: perturbación muy grave del orden en actos públicos, deportivos, culturales, espectáculos y oficios religiosos; así como deslumbrar con dispositivos tipo láser a pilotos y choferes de tren o autobús.
Mientras que en las acciones que se considerarán infracciones “graves” se encuentran las concentraciones no comunicadas ante instituciones del Estado como el Congreso, el Senado, los Parlamentos autonómicos o los altos tribunales, alterar el orden público encapuchado, realizar desórdenes graves en vía pública o provocar incendios que representen un peligro para personas o bienes; al igual que obstruir la autoridad en la ejecución de sus decisiones administrativas o judiciales como en los desahucios; desobedecer o resistirse a agentes de la autoridad, la negativa a identificarse y la perturbación del orden en campaña electoral, entre otras.
Sin embargo, la que más ha llamado la atención es el delito de “ofensas o ultrajes a España, por cualquier medio, a las comunidades autónomas y Ayuntamientos o a sus símbolos, himnos o emblemas”, ya que al ser cuestionado el ministro del Interior sobre el significado de una “ofensa a España”, éste comentó que “por ejemplo, una manifestación en la que haya consignas o pancartas claramente vejatorias contra España o una de sus comunidades, o sus símbolos, sus instituciones, la bandera de España, será considerada como una infracción grave”.
El pasado 27 de septiembre, Eduardo Madina Muñoz, secretario general del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso español, anunció que con el proyecto de ley se buscaba “hacer una ley contra la protesta, una ley de presión ciudadana”.
“Bastará que ustedes manden al Congreso de Ministros una ley que limite un milímetro las libertades que ahora tenemos para que haya una oleada de protesta social como nunca ha habido: no sé cuantas asociaciones civiles y ciudadanas saldrán, pero el PSOE [Partido Socialista de España] sí va a salir. Vamos a estar al lado de la sociedad frente a esta intentona democrática”, declaró Madina, por lo cual, no se desestima que la aprobación de la nueva Ley sea un detonante de nuevas protestas en este país.
