Por: Natalia Antezana Bosques

Diferentes organizaciones de la sociedad civil (OSC) defensoras de los derechos humanos piden, mediante un comunicado de prensa, que el Gobierno del Distrito Federal (GDF) acepte la recomendación 7/2013 que emitió la Comisión de Derechos Humanos del DF, respecto a lo sucedido en las protestas del 1DMx. La recomendación pide también que se deje de criminalizar la protesta social, ya que es un derecho legítimo de las y los ciudadanos.

Las OSC demandan que “las autoridades involucradas acepten su responsabilidad mediante un acto público de reconocimiento” y que “el GDF, el Gobierno Federal, y gobiernos locales se abstengan de emitir normativas violatorias de derechos humanos y se apeguen a los instrumentos internacionales de protección de los derechos de las personas que habitan o transitan por sus jurisdicciones”.

En este sentido, las OSC iniciaron la campaña “Protestar es un Derecho, Reprimir es un Delito”, que tiene la intención de “denunciar y evidenciar la grave criminalización de la protesta social tanto en el Distrito Federal como en el resto de la República” a consecuencia de los existentes “obstáculos que impiden el ejercicio de los derechos humanos de todas las personas y grupos que se organizan para defender su dignidad, manifestar y expresar libremente sus ideas”.

Señalan que los derechos, en este sentido, no sólo fueron violentados en el operativo del 1 de diciembre pasado, sino que se ha constatado la sistemática criminalización de la protesta, la cual es “un ejercicio político por excelencia”. Expresan que los gobiernos deben “respetar, proteger, promover y garantizar los derechos humanos” y por lo tanto no se aceptará un retroceso en las garantías de los derechos.

Para las OSC, con la reforma de derechos humanos aprobada el año 2011 la protesta social alcanza nivel de inmunidad en el artículo 1 constitucional. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos considera que “en una sociedad democrática el espacio urbano no es sólo un ámbito de circulación, sino también un espacio de participación”.

La declaración sobre defensoras y defensores de los derechos humanos, que emite la Organización de las Naciones Unidas (ONU), expresa textualmente en su “artículo 5º, inciso a),  el derecho a la manifestación social, es decir, a la protesta. Este derecho se basa en el reconocimiento y protección de una serie de derechos, e incluye las libertades de expresión y opinión, así como la libertad de asociación, y la libertad de reunión pacífica, tal como se menciona en los informes sobre Defensores y Defensoras de Derechos Humanos que la ONU ha presentado (A/62/225, párr. 12).

Las ONG también informan que el fotografiar o filmar es parte del derecho a la libertad de expresión que está reconocido en el “artículo 19 de la Declaración de Derechos humanos, los artículos 6 y 7 de la Constitución y por tratados internacionales de los que México es parte, como lo señaló la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Fontevecchia y D’Amico párrafo 67”. Indican que cuando un funcionario público interfiere en el derecho a filmar y fotografiar, alcanza un estándar más alto de gravedad, y más aún cuando se trata de asuntos de interés público. Y estas dos acciones se llevaron a cabo el 1DMx, a pesar que el derecho a filmar y fotografiar debe ser protegido.

Con Información del Comunicado de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos.