**Perú: Cinco muertos en protesta anti minera**

El número de muertos por las protestas contra el proyecto minero Conga (de la firma estadounidense Newmont) ascendió ayer a cinco, al fallecer un campesino de 29 años que había resultado herido el martes de un balazo en la boca durante choques con la policía en la provincia de Celendín (departamento de Cajamarca). Ya el martes habían muerto en Celendín otros tres hombres de 40, 35 y 17 años. Un día más tarde, en la provincia de Hualgayoc, falleció uno de 29, y la policía argumenta que usó armas de fuego ante la agresividad de los manifestantes. Las protestas ocurren en el

La organización Human Rights Watch (HRW) reclamó hoy a las autoridades del Perú una investigación «rápida, profunda e imparcial» ante esta situación. «El Estado tiene la responsabilidad de proteger a la gente de la violencia y de juzgar a cualquier civil que haga uso de ella», dijo el director para las Américas de la organización defensora de derechos humanos, José Miguel Vivanco, en un comunicado citado por DPA.

Al respecto, HRW recordó que los Principios Básicos de Naciones Unidas sobre el Uso de la Fuerza y Armas de Fuego por parte de agentes de la ley requiere que éstos «en el ejercicio de sus deberes, cuando sea posible, apliquen fuerza no letal antes de recurrir a las armas de fuego en protestas violentas».

Además, HRW exigió hoy además que se investiguen las circunstancias del arresto y condiciones de detención del sacerdote suspendido Marco Arana, líder del partido de izquierda ecologista Tierra y Libertad (TyL) detenido el miércoles en Cajamarca y liberado un día después. Su abogada, Mirtha Vásquez, ha denuciado que Arana fue golpeado por los policías dentro de la comisaría, algo que ya había sido afirmado por el propio cura a través de twitter. «Incluso bajo un estado de emergencia debe haber fundamentos legales para realizar un arresto y la prohibición de maltrato a detenidos sigue primando», recordó Vivanco al respecto.

**Bolivia: indígenas buscan la expulsión de empresa minera canadiense**

Tras el fallecimiento de un comunario por la explosión accidental de dinamita, y con cuatro heridos de bala en los incidentes de ayer en el conflicto por la mina Mallku Khota, el gobierno de Bolivia busca hoy la forma de reanudar el diálogo con los indígenas que reclaman la liberación de uno de sus dirigentes y la expulsión de la empresa de capitales canadienses que explota la mina.

Los indígenas mantienen como rehenes a cinco miembros de la minera Mallku Khota, subsidiaria de la canadiense South American Silver, y a un policía, mientras poblaciones quechuas vecinas a esa región del norte de Potosí denuncian que hay grupos radicales y violentos de su misma etnia que complican la negociación.

El ministro de Trabajo, Daniel Santalla, que preside la misión del gobierno que negocia con los dirigentes indígenas de Mallku Khota, espera reanudar hoy el diálogo, suspendido ayer tras graves incidentes. El funcionario aseguró a los comunarios que no serán procesados y ofreció el repliegue de los efectivos policiales, a cambio de la liberación de todos los rehenes, informó el diario paceño La Razón y la agencia noticiosa DPA.

Por su parte, el ministro de Gobierno Carlos Romero confirmó hoy la muerte del comunario Juan Mamani Mamani de 45 años, de Mallku Khota, y aclaró que el deceso fue producto de la explosión de la dinamita que llevaba la víctima en el cuerpo, quien además se encontraba en estado de ebriedad, y que se activó por un accidente. En contactos telefónicos con canales de televisión, recogidos por la agencia estatal ABI, Romero descartó que esa muerte haya sido producto de un enfrentamiento entre policías y comunarios de la zona, puesto que los uniformados -quienes se hallan en las zonas adyacentes a Mallku Kotha- no portan armas de fuego, aseguró. Reconoció, sin embargo, que cuando la policía estaba instalando retenes, fue agredida por comunarios en incidentes que dejaron un uniformado desaparecido, que luego se comprobó fue tomado como rehén, y otros nueve heridos.

«Hemos planteado que se siga con el diálogo y hay predisposición» sostuvo Santalla, mientras que el líder de la Federación de Ayllus (comunas) del Norte de Potosí, Jaime Fernández, respondió que no liberarán a los seis rehenes hasta que se firme un acuerdo para la salida de la zona de la minera Mallku Khota y la libertad del dirigente indígena Cancio Rojas, acusado de torturar a dos policías y provocar enfrentamientos.

Fernández afirmó que la decisión de los comunarios «es resguardar la salud de los rehenes; y no los soltaremos hasta que no se firme un acuerdo». Por su parte, el médico Esteban Cruz, del Hospital Madre Obrera de Llallagua, citado por el diario cochabambino Los tiempos, informó que en ese nosocomio fueron atendidos ayer cuatro comunarios heridos de bala durante los graves incidentes en el sector de la mina Mallku Khota, mientras otros seis policías con heridas de golpes y contusiones fueron trasladados a Cochabamba. Los comunarios afectados son Nelson Choque Condori, Clemente Colque Flores, Alfonso Llave Tarque yEloy Canaviri, éste último de mayor gravedad, ya que deberá ser sometido a una operación por complicaciones ocasionadas por un arma de fuego, precisó.

Por otra parte, una delegación de dirigentes indígenas de poblaciones quechuas vecinas al cerro Mallku Khota, llegó hoy a La Paz y denunció la «embestida» de un grupo de comunarios «radicales y avasalladores de minas» que desataron una campaña de persecución y amenazas de muerte en la región.

«Son de 200 a 300 personas, están armados con dinamitas. Hace dos semanas están haciendo sonar dinamitas, manejando fusiles Mauser, escopetas. Ellos están bien armados», indicó el líder indígena de la comunidad Takawara, Segundino Mamani. Los representantes de 45 comunidades quechuas llegados a La Paz, que respaldan la exploración minera de la firma canadiense, responsabilizaron a los dirigentes de los ayllus de Calachaca y Carikari de la violencia que impera en Mallku Khota, un yacimiento rico en plata, indio y oro.

«Ellos se han unido con gente de otros lugares y avasalladores de minas; quieren aprovecharse (de esa riqueza). A nuestras familias vienen a amenazar; nuestras chacras y ganado quieren saquear, estamos saliendo a los cerros por miedo», dijo el dirigente Enrique Sonco.

En tanto, la compañía minera afirmó hoy en un comunicado que su deseo es continuar las operaciones de exploración y prospección en la zona de Mallku Khota. «Pensamos que tenemos que concluir nuestra labor de exploración hasta el 2015, en ningún momento hemos pensado en retirarnos, en dejar las operaciones. Estamos dispuestos a continuar trabajando», declaró el asesor de prensa de esa compañía, Gonzalo Gutiérrez.

Señaló, además, que los dirigentes de los ayllus Calachaca y Carikari, acusados de explotar oro de forma ilegal, promovieron desde abril último una serie de acciones contra las operaciones de South American Silver que, en contrapartida, dijo tener el respaldo de 45 comunidades quechuas de esa región. En ese marco, el portavoz de la minera canadiense recalcó que esperan que «se pueda lograr una pacificación de la zona» que «les permita continuar con la labor de exploración».

[Leer el original](http://www.traducirargentina.com.ar/global/mineria-sudamerica.html)