«Condenamos el asesinato de José Agustín Silvestre de los Santos y pedimos a las autoridades que identifiquen a los responsables. Las autoridades deben privilegiar la pista profesional en la investigación que acaba de abrirse por la muerte del periodista, conocido por sus investigaciones sobre la delincuencia y los presuntos nexos de policías y autoridades judiciales con narcotraficantes”, declaró Reporteros sin Fronteras.

Según información de los periódicos locales, a alrededor de las 8:00 horas cuatro desconocidos habrían obligado al periodista, de 59 años de edad, a subir a un vehículo. Testigos señalaron haber presenciado el rapto y escuchar disparos.

José Agustín Silvestre de los Santos habría señalado que fue víctima de persecuciones poco tiempo antes. Según el periódico Diario Libre, el periodista se habría visto obligado a dejar la ciudad de La Romana tras haber revelado en un programa, transmitido el 30 de julio de 2011, información concerniente a un asesinato (http://diariolibre.com.do/noticias_det.php?id=300301).

Ese mismo día, el Procurador General de la República, Radhamés Jiménez, creó una comisión especial de investigación. El presidente de la República, Leonel Fernández, pidió al Jefe de la Policía Nacional, José Armando Polanco Gómez, que se hiciera cargo de la investigación personalmente. Siete personas son investigadas por la policía y deben rendir testimonio en los próximos días. Aún no se ha identificado al autor intelectual o material del crimen.

José Agustín Silvestre de los Santos era juzgado por “difamación” e “injuria” por la Cámara Penal del Distrito Judicial de La Romana, pues en uno de sus programas acusó al procurador fiscal de la ciudad, José Polanco Ramírez, de supuestos nexos con el narcotráfico. Poco después, desconocidos abrieron fuego contra el domicilio del periodista. Tras permanecer seis días en detención preventiva, fue puesto en libertad con el pago de una fianza de 100.000 pesos (alrededor de 2.600 euros) (http://es.rsf.org/republica-dominicana-envian-a-prision-a-un-periodista-30-05-2011,40377.html).

Un acto de tal gravedad en un país donde la situación de la libertad de prensa es relativamente satisfactoria, exige toda la atención de las autoridades dominicanas.