Pressenza Pressenza International Press Agency Buenos Aires, 9/2/10 A través de un decreto que lleva la firma de la Presidenta, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y el ministro de Justicia, Julio Alak, el Gobierno nacional oficializó la decisión de presentar ante la Justicia el informe “Papel Prensa, la verdad”.

Distintos actores políticos brindaron ayer un fuerte respaldo a la iniciativa del Gobierno sobre la regulación de la producción de papel de diario considerando que hay derechos constitucionales que tienen que ser garantizados.

La presidenta Cristina Fernández formalizó la decisión de presentar una denuncia judicial por irregularidades en la compra de acciones de Papel Prensa, en 1976, por parte de Clarín, La Nación y La Razón, mediante un decreto publicado el domingo en el Boletín Oficial. No obstante, fuentes de la Procuración del Tesoro aseguraron que la semana que viene tendrán novedades más concretas para informar. “El caso aún está a estudio y todavía no hay nada que decir sobre ese tema”, explicaron.

Así como se ha regularizado todo lo que tiene que ver con radio y televisión a través de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, hay un soporte más que es el papel y que es un insumo básico que utilizan los medios escritos.

El texto difundido ayer se basa en los considerandos del informe “Papel Prensa, la verdad” que la Secretaría de Comercio Interior realizó a partir de las denuncias sobre la apropiación de la empresa.

Algunas empresas, que son empresas periodísticas, pero son empresas comerciales también y a veces fundamentalmente comerciales, tienen un paquete accionario sobre la materia prima, es decir que tienen una cualidad diferenciadora que los privilegia frente al resto del mercado.

“Instrúyese a la Secretaría de Derechos Humanos y a la Procuración del Tesoro de la Nación para que intervengan y efectúen las denuncias y reclamos que correspondan en las causas relacionadas con la firma Papel Prensa S.A.”, sentencia el decreto 1.210 que lleva las firmas de la Presidenta, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y el ministro de Justicia, Julio Alak.

Ya pasó la etapa del debate y es momento de la regulación. Existe una cuestión de interés público que está manifiesta, hay derechos constitucionales que tienen que ser garantizados.