CELS, Centro de Estudios Legales y Sociales

Este jueves 1 de diciembre acompañaremos a la comunidad Nam Qom a una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por los hechos ocurridos el 16 y 17 de agosto de 2002 y la falta de toda respuesta del Estado argentino.

Desde la tarde del 16 de agosto, cerca de 100 efectivos de la policía formoseña sitiaron por más de 40 horas a la comunidad Nam Qom. Bajo el pretexto de investigar la muerte de un integrante de esa fuerza, dispararon con balas de plomo, detuvieron de forma arbitraria a más de 80 personas entre ellos, ancianos y niños, y ocuparon por horas varias de sus casas. Muchos fueron amenazados, golpeados y sometidos a sesiones de torturas mientras les gritaban “indios de mierda». En los traslados a las comisarías además de los golpes, les dejaron sus cabezas fuera del camión cuando atravesaban una zona de vegetación alta. Sus rostros fueron desfigurados por completo. Las víctimas permanecieron incomunicadas, privadas de libertad y sin atención médica.

Durante el operativo ilegal estuvieron presentes el juez de la investigación Héctor Ricardo Suhr y el Procurador General de la provincia Carlos A. Ontiveros quienes avalaron el accionar de las fuerzas de seguridad y participaron de las graves violaciones a los derechos humanos.

Estos hechos quedaron en la impunidad por falta de respuesta política y judicial. Por este motivo, en 2005, la comunidad debió recurrir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos con el acompañamiento del CELS. En 2011 se realizó una audiencia ante la CIDH para la admisibilidad del caso. Dos años después, la Comisión dio curso al pedido y solicitó a las partes alegar sobre las violaciones de derechos humanos. Hasta el día de la fecha el estado argentino no respondió a los argumentos que dio el CELS en 2013 durante la etapa de alegatos escritos. La audiencia de mañana contará con el testimonio de Israel Alegre, vocero de la Comunidad, y se desarrollarán los argumentos de fondo, como paso previo al dictado del informe final de la CIDH.

El violento operativo y la falta de toda respuesta estatal no fueron hechos aislados. Por el contrario, fueron una expresión de patrones estructurales de discriminación y violencia institucional contra las pueblos indígenas en Formosa que se desarrollan en un contexto de total impunidad.