Por Santiago Mayor – @SantiMayor para Notas.org.ar

El 3 de mayo comenzó en Asunción, capital de Paraguay, un movimiento que ha cobrado una magnitud inesperada. Estudiantes secundarios, que reclaman reformas integrales del sistema educativo nacional, se encuentran ocupando 130 colegios en todo el país. Ya provocaron la renunciara la ministra de Educación y se mantienen en estado de alerta y movilización.

La protesta es impulsada por la Organización Nacional Estudiantil (ONE), la Federación Nacional de Estudiantes Secundarios (FENAES) y la Unidad Nacional de Centros de Estudiantes del Paraguay (UNEPY) y han anunciado que estarán de paro por tiempo indefinido hasta ser recibidos por el presidente Horacio Cartes.

En concreto exigen tres puntos: 1. la derogación de la resolución 4613 que reglamenta la conformación de Centros de Estudiantes y la aprobación de la propuesta presentada por las organizaciones estudiantiles el 23 de octubre del 2015; 2. declarar la emergencia nacional en el ámbito de infraestructura a las instituciones educativas en estado crítico; y 3. creación de una Mesa de Trabajo con implicancia resolutiva conformada por los miembros de la comunidad educativa: estudiantes secundarios y universitarios, padres, docentes y directivos; así también los presidentes de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados y Senadores, el ministro de Hacienda y el Ministro de Educación.

Respecto al primer punto, y según explicó la UNEPY en un comunicado, “la Resolución 4613 asume atribuciones que no puede tener, imponiéndonos modelos de organización de centros de estudiantes que extralimitan lo que establece tanto la Ley 3488 de 2008 como los códigos Civil y Electoral”.

De acuerdo a la información difundida por los estudiantes esta medida gubernamental limita la libertad de reunión y asociación (garantizada en el artículo 32 de la Constitución de Paraguay); busca incidir sobre el contenido de los estatutos de los centros de estudiantes estableciendo principios y funciones lo cual va en contra de lo establecido por la ley 3488 de 2008 que garantiza la “total autonomía”; e impone que las asambleas de los centros de estudiantes sean “monitoreadas” y “acompañadas” por un docente designado por la dirección de la institución educativa, violando nuevamente la autonomía.

También quita la representatividad del conjunto estudiantil al centro de estudiantes “poniéndolo al mismo nivel de un club deportivo o una academia literaria”, y abre el camino para que “el director digite la presencia estudiantil en el EGIE (Equipo de Gestión de la Institución Educativa) el órgano de gestión del colegio, poniendo allí al ‘representante estudiantil’ que más le agrade”.

Los otros puntos del reclamo estudiantil son la ya mencionada declaración de emergencia edilicia en el ámbito educativo así como también el aumento de la inversión en la educación, la mejora de formación docente, la reforma estructural del sistema educativo y del ministerio que lo regula y la inclusión del almuerzo escolar.

Estos últimos ítems son los que exigen sean abordados en la Mesa de Trabajo integrada por los distintos sectores de la comunidad educativa y las autoridades estatales.

Una ministra que se va, un ministro que llega con “300 espartanos”

El martes 3 de mayo comenzó este conflicto donde, además de las demandas planteadas, se exigía la renuncia de la entonces ministra de Educación, Marta Lafuente acusada de corrupción, mal manejo de la cartera educativa e incumplimientos de compromisos asumidos con el estudiantado.

A pesar de negar todas las acusaciones, apenas dos días después Lafuente presentó su renuncia al presidente Cartes. Al anunciarlo dijo que se retiraba “con el honor intacto” y tras haber “cumplido su misión”.

En su reemplazo fue designado a comienzos de esta semana Enrique Riera. El flamante funcionario afirmó que se reunirá con los estudiantes “cuando quieran y donde sea”. No obstante pidió que le “concedan un tiempo” y dejo en claro que su designación fue sorpresiva al señalar que le sugirió dos nombres a Cartes para ocupar el cargo. “Al final me terminó eligiendo a mí”, dijo.

Si bien aun no dio los nombres de su nuevo gabinete subrayó que tiene “300 espartanos” que lo seguirán en este desafío que es, según el propio Riera, “el más difícil” de su vida.

Finalmente el nuevo ministro consideró que “todos los reclamos estudiantiles son razonables, por lo que hay que sentarse a hablar con ellos”. “Voy a mirar los planes que se hicieron, corregir lo que me parezca oportuno”, concluyó.

Riera tiene el antecedente de haber sido intendente de Asunción durante la tragedia del centro comercial Ycuá Bolaños que se incendió en el año 2004 provocando la muerte de más de 400 personas. Cuando el fuego se comenzó a propagar los guardias de seguridad cerraron las puertas para evitar que las personas se fueran sin pagar. Esto incrementó el número de víctimas fatales.

El ex jefe comunal de la capital paraguaya no fue imputado en la causa judicial, sin embargo familiares de las víctimas lo acusan de no haber llevado adelante los controles necesarios lo cual derivo en la tragedia.

Abiertos al diálogo, pero en pie de lucha

Al conocerse el nombramiento del nuevo ministro las organizaciones estudiantiles manifestaron su rechazo “considerando los nefastos antecedentes de sus gestiones anteriores en donde mostró su total falta de responsabilidad y capacidad al estar al frente, pero sobre todo su falta de conocimiento en el ámbito educativo”.

De todas formas plantearon también su “predisposición y buena voluntad de subsanar parte de esta crisis”, aunque con la “condición indeclinable de que el presidente Horacio Cartes acceda a reunirse y firme el documento de compromiso con los tres puntos de carácter innegociable”.

Por este motivo mantendrán la toma de los 130 colegios por tiempo indefinido y sin dictado de clases hasta que el jefe de Estado -que aseguró que los recibirá esta semana- se siente a negociar.

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