Por Tamara Juarros Antón.- El Canal de Isabel II, en manos de la Comunidad de Madrid (España) y de 111 Ayuntamientos de la zona, coquetea nuevamente con los mercados para financiar su deuda, que ya se encuentra en 1.168 millones de euros. Por ello, se ha convocado para el miércoles 3 de diciembre una Junta General Extraordinaria, donde se aprobará, entre otros puntos, una emisión de bonos para conseguir dicha financiación necesaria, a cambio de devolver la misma cuantía más los intereses a los compradores de los bonos, los posibles compradores potenciales de esta empresa pública. Esto ha puesto en alerta a los detractores de la privatización: «Los posibles compradores son los mismos que más adelante podrían hacerse con las acciones para quedarse con el Canal».

Se ha organizado una manifestación convocada por la Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II para el domingo 30 de noviembre en la Puerta del Sol, denunciando la opacidad del proceso y la falta de información del mismo. Por todos estos motivos se está tratando de llegar a un acuerdo político y social para hacer de esta empresa pública una gestión transparente y participativa, con la colaboración de los partidos opositores del gobierno. De momento sólo se sabe que en una primera convocatoria se emitirán en dichos bonos 600 millones de euros.

Esta no es la primera vez que se habla de la privatización de esta empresa pública, podemos remontarnos al año 2004, cuando Miguel Blesa proponía una privatización «no convencional». Además en 2008, la nueva Ley de Medidas Fiscales y Administrativas posibilitaba el acceso privado al 49% de las acciones de la futura sociedad anónima, aprobando a los pocos meses un decreto que haría posible esta privatización. Pero por otra parte, gracias al empuje de la ciudadanía, se creó la Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II, lo que paralizó la salida a bolsa de la empresa, al menos, momentáneamente.

Actualmente la empresa obtiene unos beneficios de 210 millones de euros, que han sido repartidos entre los accionistas, en lugar de utilizar estos dividendos para reducir la deuda o realizar inversiones, aunque debido a la opacidad que presenta la empresa, los datos varían entre la Plataforma y la dirección del Canal. Pese a ello, las empresas de suministro de agua sostienen que el servicio es deficitario y piden más inversiones de las administraciones, solicitando un incremento de la aportación de los usuarios en sus tarifas de consumo – que ya se ha subido un 26 % en las principales ciudades de España, y hasta un 65% en el caso de capitales como Barcelona – para financiar parte de infraestructuras pendientes.

También se justifican determinando que la tarifa actual «es de las más bajas en la Unión Europea», en un documento presentado por la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamientos (AEAS) junto a la Asociación de Gestores de Servicios de Agua a Poblaciones (AGA), y dicen que se paga poco «siendo uno de los países con mayor escasez de recursos hídricos» sin cubrir los «gastos operativos» de llevar el líquido hasta los grifos de las casas. Además cuentan que «el gasto del agua en los presupuestos familiares supone un 0,8%» y «Lo que omiten es que hace cuatro años estaba en 0,5%».

Esto deja a cientos de miles de familias sin agua por no poder pagar. Ellos calculan que al año hay 500.000 avisos de cortes y que 9.200.000 personas «tienen dificultades para garantizarse este bien». El presidente del grupo Agbar, ha admitido que «cada mes se hacen 12.000 cortes» solo en su corporación.

En el ciclo integral del agua que va desde el almacenamiento en los embalses hasta el consumo final, hay mucho dinero, tanto en el pago del servicio como en las infraestructuras que mantienen ese ciclo. Sólo en 2014, según contaba el exministro de Agricultura Miguel Arias Cañete, «se han comprometido 156 millones de euros para depuradoras y otros 1.400 para los planes hidrológicos». Pero los empresarios quieren más, y pretenden que esas infraestructuras se paguen a través de la tarifa de los consumidores. Según sus cálculos las pérdidas reales de agua son un 10% de lo que se capta, mientras que un 14% corresponde al consumo no autorizado.

 

Próximas movilizaciones en contra de la privatización del Canal de Isabel II en Madrid:

ACTO INFORMATIVO

Miércoles 26 de noviembre a las 17:30 en las instalaciones deportivas del Canal, Av/ Islas Filipinas, 54 esquina Bravo Murillo.

CONCENTRACIÓN

Domingo 30 de noviembre a las 12:00h en la Puerta del Sol.

CONCENTRACIÓN

Miércoles 3 de diciembre a las 12:30h junto a la sede del Canal de Isabel II, C/ Santa Engracia, 125.