Por Heisenberg Domínguez

Francisco Flores, expresidente de El Salvador, acusado de malversación de fondos públicos y enriquecimiento ilícito fue trasladado de su residencia en una exclusiva zona de San Salvador a una bartolina de la División Anti Narcóticos de la Policía Nacional Civil en la misma capital. Esto sucedió después que los Magistrados de la Cámara Primero de lo Penal de San Salvador resolvieran dejar sin efecto el arresto domiciliario que impuso el juez a cargo del caso, Levis Italmir Orellana, quien argumentó que con esa medida se buscaba proteger la integridad del ex mandatario.

Los argumentos del juez Italmir Orellana fueron considerados como “no razonables” por los Magistrados de la Cámara, luego que la Fiscalía General de la República (FGR) y organizaciones sociales querellantes en el caso acudieran a esa instancia judicial.

Flores fue sacado esposado y bajo un fuerte dispositivos de seguridad, abandonando así el privilegiado arresto domiciliario otorgado por el juez Orellana, medida que fue fuertemente criticadas por amplios sectores de la clase política, funcionarios públicos y organizaciones sociales quienes frecuentemente manifestaron su inconformidad con dicha medida, convocando a manifestaciones de repudio en las afueras del centro judicial que lleva el caso, así como en las afueras de la residencia del exmandatario.

Flores quien es aún miembro de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) se mantuvo prófugo de la justicia por más de cuatro meses hasta que de manera “voluntaria” se presentó a inicios de este mes al juzgado que lleva su proceso judicial, lo que algunos consideraron como un arreglo “extrajudicial” entre el juez, fiscalía e imputado.

Las especulaciones de un proceso imparcial y justo para algunos quedan en entredicho por la participación del juez Italmir Orellana quien ha sido fuertemente cuestionado por polémicas resoluciones vinculadas al narcotráfico, corrupción, malversación de fondos entre otros, lo que le ha costado la apertura de cinco expedientes disciplinarios en el Departamento de Investigación Judicial de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

El vínculo Flores – Chen Shui-bian

El caso vio luz pública luego que el expresidente Mauricio Funes hiciera público un Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) que emitió El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos al comprobar que cheques por más de 10 millones de dólares a nombre del ex gobernante y emitidos por Taiwán fueran movidos de cuenta a cuenta de manera sospechosa.

El expresidente Flores, que entre 1999 y 2004 gobernó el país centroamericano, ante la comisión especial de la Asamblea Legislativa que investigó esa millonaria donación, aceptó y dijo claramente que su relación con Chen Shui-bian era de carácter “personal” y en reiteradas ocasiones el ex gobernante taiwanés le entregó dinero sin ningún tipo de control o protocolo entre ambas naciones. “Aquí le manda el presidente”, le decía el embajador de Taiwán en El Salvador en aquel entonces.

Y es que ante esa comisión Flores aceptó que su relación con el gobierno de Chen Shui-bian era privilegiada pues El Salvador gestionaba ante foros internacionales para que Taiwán fuera incluido en la ONU. Además el exmandatario confirmó que los más de 10 millones de dólares fue una petición personal al gobierno de Taiwán para ayudar a las víctimas de los terremotos que azotaron este país en el año 2001, dinero que no llegó a las víctimas y del cual Flores no supo justificar su paradero.

Ahora  Chen Shui-bian cumple una condena de 20 años por apropiación de fondos públicos, soborno y lavado de dinero en Taiwán, y Francisco Flores, uno de sus más leales lobbyista ante la ONU se encuentra recluido en una bartolina a la espera de iniciar su juicio en noviembre próximo, en un país donde la justicia tiene un ojo cerrado y el otro abierto, o como dijera Monseñor Oscar Arnulfo Romero un país donde “La ley, es como una culebra, sólo pica a los que andamos descalzos”.