Después del desalojo violento que acabó con la muerte de policías y campesinos en 2012 tras la cesión de una empresa con vínculos políticos, los campesinos esperan la entrega de un territorio que consideran suyo
En Paraguay el 80% de la tierra está en manos de un 2% de propietarios, según Oxfam Intermón
«Seguimos luchando porque allí murió mi hermano. Por eso no dejé de luchar, porque lo que pasó allí no se puede olvidar»
Por Miguel Ángel Moreno Ramos para eldiario.es
Doscientas familias que siguen esperando a tener su «pedacito de tierra», una empresa con vínculos políticos que consigue una sentencia que muchos tachan de inexplicable, una decisión gubernamental que nunca llega y un desalojo violento que dejó 17 muertos (once campesinos y seis policías) en junio de 2012, provocando la caída del gobierno paraguayo de izquierdas encabezado por Fernando Lugo. Es la fotografía de un conflicto que refleja la realidad de un país en el que la desigualdad en el reparto de la tierra es abismal: en Paraguay el 80% de la tierra está en manos de un 2% de propietarios.
Marina Cué es un terreno de unas 2.000 hectáreas situado cerca de Curuguaty, la ciudad más poblada del departamento de Canindeyú, en la frontera con Brasil. Este terreno, propiedad de la empresa La Industrial Paraguaya, fue donado en 1967 por esta compañía al estado paraguayo, que lo destinó para uso de la Armada. En 1999 la fuerza naval desocupa el terreno por problemas logísticos y a partir de 2004 las tierras son destinadas a la reforma agraria, con intención de ponerlas en manos de agricultores. En ese momento, un grupo de unas 200 familias campesinas comienza el procedimiento administrativo para reclamar ese terreno.
«En 2004, cuando sale el decreto que destina estas tierras a la reforma agraria, este grupo de campesinos hace los trámites habituales en estos casos: formar una comisión sin tierra, censar a las familias que quieren la tierra y presentarla ante el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT). Esta institución es la que reconoce a esta comisión e inicia los trámites para identificar la tierra, mensurarla y distribuirla. Así, estos campesinos obtienen los reconocimientos del INDERT y la promesa de que se les va a entregar esa tierra», explica a eldiario.es Óscar López, director de Oxfam en Paraguay.
El avance de la plantación de productos destinados a la exportación masiva como la soja, que requieren de miles de hectáreas, está expulsando a los campesinos de sus tierras, empujándolos a emigrar a las ciudades o a otros países./ Pablo Tosco/ Oxfam Intermón
Mientras avanza el proceso administrativo, la empresa Campos Morombi, propiedad del político del Partido Colorado (conservador) Blas N. Riquelme –fallecido en septiembre de 2012– logra en 2005 en un juzgado local una sentencia que le reconoce la propiedad de esta tierra a través de un mecanismo legal denominado ‘juicio de usurpación’, que habitualmente utilizaban los pequeños propietarios para que les reconocieran aquellos terrenos en los que hubieran trabajado durante más de 20 años. Con esta sentencia, la empresa Campos Morombi suma Marina Cué a las 70.000 hectáreas que ya tenía en la zona.
«Increíblemente, este juez les concede la tierra a través de ese procedimiento, a una empresa que tiene 70.000 hectáreas en la zona y que además de ninguna manera pudo ocupar esa tierra desde hace 20 años, dado que hasta 2004 la Marina lo había ocupado desde 1967. Es un procedimiento absolutamente irregular», declara Óscar López.
A partir de entonces, la lucha de las familias que aspiraban a la propiedad de Marina Cué pasó por las ocupaciones pacíficas de terreno y los desalojos recurrentes durante casi una década.
Un desalojo que terminó en crisis de Gobierno
El 15 de junio de 2012, un grupo de campesinos llevaba cerca de un mes en la finca de Marina Cué realizando una ocupación para reclamar la tierra y pedir una solución al conflicto por parte del INDERT. El desalojo policial terminó en una masacre en la que perdieron la vida once campesinos y seis policías, en un hecho que provocó un ‘juicio político’ al presidente paraguayo Fernando Lugo, que tuvo que salir del Gobierno al perder el apoyo de algunos de los partidos de la coalición de izquierdas que le había llevado al poder.
«Yo sé bien que ellos luchaban por algo justo, y es injusto lo que les pasó. Ellos murieron por tener una vida digna y mejor, dejaron esposa, dejaron hijos. Hoy están abandonados, sin padre», clama la campesina Martina Paredes.
En un país fundamentalmente agrícola, la reivindicación de la tierra es foco de conflicto en varias partes del país/ Pablo Tosco/ Oxfam Intermón
Rodolfo Castro, otro campesino, no renuncia a sus recuerdos. No se rinde. «Seguimos luchando porque allí murió mi hermano; otra persona está en prisión domiciliaria ahora. Por eso no dejé de luchar, porque lo que pasó allí no se puede olvidar», indica a eldiario.es desde Paraguay.
Actualmente, de los cinco campesinos detenidos por la crisis, cuatro están en arresto domiciliario y uno, Rubén Villalba, sigue en prisión por otro caso anterior de ocupación de tierras.
«El problema es que la acusación principal que hacen contra ellos es invasión de propiedad privada, y esta acusación no tendría ningún sentido si la tierra es pública, por lo tanto la defensa de los campesinos procesados es que este juicio debiera suspenderse hasta definir la propiedad de la tierra. Hay suficiente documentación para probar que esta tierra es del Estado», aporta Óscar López.
Una lucha que prosigue
El pasado mes de mayo, el instituto agrario estatal paraguayo (INDERT) reconoció la titularidad pública de las tierras de Marina Cué pero el proceso legal continúa debido a los recursos de la empresa Campos Morombí.
Los campesinos ven el futuro con esperanza, mientras mantienen una acampada en el borde de los límites de la finca de Marina Cué para que la protesta siga estando presente. En ella permanecen aquellos que no han sido imputados judicialmente por la ocupación del terreno, al tiempo que organizados en la Articulación Curuguaty, una amalgama de organizaciones y grupos campesinos que está entrando en negociaciones con el Gobierno.
Reunión del grupo de familiares en el campamento de Curuguaty en lucha por la liberación de doce campesinos imputados por las 17 muertes ocurridas durante un desalojo policial de los sin tierra, que ocupaban una hacienda cuya propiedad se disputaban el empresario Blas Riquelme y el Estado paraguayo./ Pablo Tosco/Oxfam Intermón
«Estamos al borde de solucionar algunas cositas. Tenemos conversaciones con las autoridades. Hay acciones por todos lados, en Paraguay, en España…», afirma Martina Paredes.
Desde Oxfam esperan que el apoyo internacional, canalizado a través de una campaña de firmas que han organizado en su página web, sirva para hacer la presión necesaria para que el Gobierno se apremie a reconocer a los agricultores la propiedad de sus tierras.
«Si están empezando a manifestar interés en negociar es porque están sintiendo la presión interna, porque aquí logramos que muchos sectores apoyen la causa, y la solidaridad internacional. Paraguay es un país un poco aislado, pero un Gobierno que quiere ofrecer una imagen del país como un lugar para la inversión, necesita mostrar que tiene buena imagen y que resuelve estos problemas. Por eso va a ser clave el apoyo desde fuera», explica Óscar López.
El futuro de la tierra en Paraguay
Rodolfo Castro, campesino afectado: “Seguimos luchando porque allí murió mi hermano, y otro está en prisión domiciliaria ahora”/ Pablo Castro/Oxfam Intermón
Martina confía en alcanzar la propiedad de una parte de Marina Cué para establecer en ella un «asentamiento modelo», en el que cultivar maíz, mandioca, guisantes o frutas.
«La tierra nos da vida, la tierra nos da de todo: salud, de comer, para vestirnos. Sacamos todo de la tierra. Recuperar la tierra de Marina Cué nos dejaría sin palabras de felicidad. Eso es lo que estamos esperando. La tierra es nuestra vida», explica Martina, enumerando las razones que refuerzan su perseverancia.
Para el director de Oxfam en Paraguay, el futuro éxito de los campesinos de Marina Cué y el de tantos otros campesinos en otros casos del país también supondrá que el estado paraguayo tome partido en la pugna entre el modelo de agricultura intensiva de la soja transgénica con grandes terrenos ocupados y uso de pesticidas; frente a un modelo de agricultura familiar campesina y natural.
Un debate que va más allá: el modelo de agricultura
«El modelo actual produce una contradicción terrible: en el 2013 se cuenta con orgullo que Paraguay produjo soja y otros granos para alimentar a 70 millones de personas. Pero en el país, con una población de 7 millones, hay 1.300.000 personas que no satisfacen sus necesidades de alimentación básicas. Y contradictoriamente la gente más pobre que está en esta situación está en el campo», señala.
«Creemos que es una oportunidad de que el Estado asuma compromisos realmente, de distribuir tierras, pero también de dar apoyo al modelo productivo de la agricultura familiar, para que sea más eficiente, para que sea más productiva, y nos garantice realmente la alimentación», agrega Óscar López, que explica cómo el país ya es líder en producción de azúcar orgánica, con experiencias de cooperativas que realizan «a pulmón» entre las ONG y los campesinos.
Con esta esperanza, campesinos como Martina Paredes esperan la noticia de obtener la tierra de Marina Cué en propiedad, un derecho que «inolvidable e innegociable». »
«Queremos esa tierra y no queremos otra. Allí se derramó mucha sangre, de nuestros compañeros, de nuestros vecinos. Allí se perdieron muchas vidas», zanja con rotundidad desde Curuguaty.
