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Ecuador: balance de logros y desafíos en el campo de los derechos humanos

Pablo de la Vega, CIDH - Comisión Interamiericana de Derechos Humanos
Walker Vizcarra

En un par de semanas se inicia un nuevo período de gobierno de Rafael Correa. Con el afán de entregar a nuestros lectores más elementos del contexto del país les hemos ofrecido días atrás la entrevista con María Augusta Calle, asambleísta de Alianza PAIS. Hoy les entregamos otra mirada, esta vez desde la sociedad civil. Pablo de la Vega, ecuatoriano y actual coordinador regional de la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos –PIDDH – , nos ofrece su valoración de avances y desafíos de la Revolución Ciudadana, en el terreno de los derechos humanos.

Luces y sombras en el pasado reciente

Pressenza: Pablo, ¿cuáles son, desde tu perspectiva y conocimiento, los avances y los pendientes más significativos del gobierno de la Revolución Ciudadana en el período que está por terminar?

Pablo: la base que nos permite desarrollar una reflexión sobre el papel del Estado ecuatoriano y su gobierno en la promoción y protección de derechos humanos es la norma constitucional y los desafíos que la constitución del 2008 plantea para todos los ecuatorianos y en particular para las organizaciones de derechos humanos. La norma constitucional caracteriza al Estado ecuatoriano en los siguientes términos: “El Ecuador se reconoce como un Estado constitucional de derechos y justicia”.

Este es el argumento desde el cual las organizaciones de derechos humanos demandamos que el Estado cumpla con sus obligaciones en tres ámbitos muy concretos: respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Estas son las obligaciones del Estado tanto de cara a la comunidad ecuatoriana como a la comunidad internacional.

El Estado progresiva y tímidamente ha ido implementado un primer desafío marcado por la Constitución: construir la institucionalidad responsable de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. El actual gobierno se encuentra con una herencia de la democracia tradicional y de la partidocracia. Construir una nueva institucionalidad estatal desde una perspectiva integral lleva tiempo. En ese proceso se han cometido algunos errores y omisiones.

Noventa y cuatro artículos de la constitución están dedicados a hablar de derechos y garantías. Sin embargo, institucionalmente solo tenemos a la Defensoría del Pueblo como la encargada de los derechos humanos. Lo razonable, claro,  sería que todas las instituciones del Estado se ocupen de los derechos humanos.

Hemos presenciado entonces, en la primera etapa del gobierno de la Revolución Ciudadana, el desafío de construir una nueva institucionalidad, pero también la colisión con la normativa todavía vigente que recoge todavía antigüos y perversos vicios que desafortunadamente en algunos casos se mantienen.

Otro aspecto clave que se ha abordado, también con cierta timidez, es el tema de la recuperación de la memoria. La creación de la Comisión de la Verdad, que forma parte de esta nueva institucionalidad y  busca recuperar la memoria de las víctimas de un pasado oprobioso, fue un avance notable. Sin embargo, dejó la deuda frente a las víctimas y sus familiares, porque más allá de la indemnización simbólica que pueden haber recibido, no encuentran respuesta a su aspiración de esclarecer la verdad o de obetener  del Estado garantías de no repetición.

Pressenza: ¿qué pasó con el informe entregado por la Comisión de la Verdad?

Pablo: La Comisión de la Verdad presentó su informe y entregó todos aquellos casos que ameritaban una investigación bajo responsabilidad del Estado a través de la Fiscalía, De los casos entregados, más de cien, vemos que no más de doce casos han avanzado. Esto nos pone frente al papel del Estado y de este gobierno de cara a la impunidad. Hemos tenido la oportunidad de hablar en más de una ocasión con fiscales de la unidad responsable y nos atrevemos a sostener que en muchos casos disponen información fehaciente sobre quiénes son los responsables de violaciones recogidas en el informe. La pregunta es en qué momento se lleva al tribunal a las personas implicadas en esas violaciones.

Pressenza: ¿un ejemplo?

Pablo:  la Comisión de la Verdad tiene identificados a todos los miembros de la fuerza pública que están implicados en la ejecución extrajudicial de Fausto Basantes. La pregunta es: ¿qué espera la fiscalía para ponerla en conocimiento de los tribunales y someterlos a la justicia? No hemos encontrado respuesta a esta pregunta.  Sucede entonces que avances sustantivos se detienen, tal vez por factores políticos que desconocemos.

Pressenza: ¿y en relación con la implementación de política pública para garantizar derechos de los sectores más vulnerables?

 Pablo:  hemos visto con mucho interés cómo desde los sectores más tecnócratas del gobierno se ha incluido el enfoque de derechos humanos como el paradigma para la planificación nacional y territorial. Después de siete años de gestión gubernamental, los resultados son incipientes. La iniciativa de trabajar las políticas públicas con este enfoque y sectorialmente, tiene cuellos de botella nuevamente en la institucionalidad.

Pressenza: ¿podrías ilustrar con un caso?

Pablo: sí. Tras la desaparición del Consejo Nacional de la Mujer, debieron crearse los Consejos de Igualdad, para trabajar política pública no solamente referida a los derechos de las mujeres, sino de la niñez, de las personas migrantes, en fin, de los sectores más vulnerables. No ha sido posible y tampoco se entiende por qué. No parece que sea por falta de recursos, ni de normativa, ni de voluntad. A la luz de la información disponible, no hay explicación.

Pressenza: un tema priorizado en el período que termina es la justicia. ¿Cuáles son, desde tu perspectiva, los avances y retrocesos en este aspecto?

 Pablo: este ha sido un tema sujeto a una fuerte presión política. Un balance en síntesis sería el siguiente: ha habido una fuerte inversión en infraestructura y capacidad operativa pero no vemos cómo los operados de justicia logran realmente combatir la impunidad o la inseguridad y sobre todo no logran enviar signos claros de independencia y autonomía frente a las otras funciones del Estado. Las recomendaciones de la veeduría internacional no fueron recibidas de buen grado por el propio gobierno que la contrató.

 El sistema de justicia requiere de manera urgente y decidida ajustarse a las normas constitucionales y a los estándares de derechos humanos. Para eso, es necesaria una profunda reforma a la policía nacional, en todos los niveles. Una reforma al sistema penitenciario en el que el actual gobierno ha hecho enormes inversiones pero que sigue un patrón que no nos conducirá. Me explico: exigimos y demandamos que estas cárceles oprobiosas en las que se violan múltiples derechos humanos, cambien. Pero construir más cárceles no parece el patrón más adecuado, a la mirada de expertos criminológicos y penitenciarios. Finalmente está el nuevo código penal en torno al cual el debate el muy fuerte porque, desde la perspectiva de los organismos de derechos humanos, hay una ventana a través de la que se podría filtran una serie de propuestas atentatorias a la esencia misma de la Constitución. Así, reforma policial, del sistema judicial, de la policía y de la normativa son cuatro patas de una misma mesa: la del sistema de justicia en nuestro país. Todas tienen que alinearse a la esencia de la Constitución y a los estándares más altos de derechos humanos.

Pressenza: hablemos del derecho a la resistencia y a la protesta ciudadana ¿hay una tendencia a criminalizar la protesta social en Ecuador?

Pablo: en nuestro Código Penal vigente, persisten figuras anacrónicas que han sido reactivadas e invocadas en los últimos años en momentos de conflictividad social, dando margen a una interpretación discrecional por parte de los operadores de justicia. Así, se dejan de lado conductas como obstrucción de vías o daño a la propiedad privada, que pueden ser sancionadas con cuantías a ser pagadas y se invocan figuras penales como terrorismo, sabotaje, atentado a la seguridad del Estado, que no corresponden a las presuntas infracciones cometidas. La justicia penal se puede utilizar como instrumento de control político y por supuesto, es una gran preocupación de los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales. Nos preocupa que en el período que se inicia, la Asamblea Nacional no abra la participación ciudadana en el debate sobre la nueva norma penal.

 

En suma, la reforma a la justicia tiene aún deudas y sobre todo, hay señales de que la dirección que sigue, no está alineada con la norma constitucional.

Desafíos: miradas hacia adentro y hacia afuera

Pressenza: aunque los pendientes que has mencionado, ya son desafíos ¿cuáles serían desde tu punto de vista los tres mayores desafíos de la próxima gestión de la Revolución Ciudadana en el campo de los derechos humanos?

Pablo:   el mayor desafío que aparece explícitamente como demanda desde todos los sectores es la construcción de mecanismos de diálogo entre la ciudadanía y la institucionalidad del Estado. No solamente no existen estos mecanismos sino que, los pocos que existían han sido desvalorizados, desmontados o suspendidos para dar paso a una suerte de arremetida de desarticulación de las organizaciones existentes y la promoción de espacios organizados desde la perspectiva estatal y gubernamental afectando, indudablemente, el derecho a la libre asociación.  Construir mecanismos de diálogo evitará que a mediano plazo podamos tener escenarios de polarización que no contribuyen a la democracia.

Un segundo reto, vinculado al anterior, tiene que ver con la creación de la nueva matriz productiva, desafío número uno del próximo período, según hemos podido escuchar en las últimas semana. El Estado está promoviendo una nueva matriz productiva sin la participación de todos los sectores sociales y más aún, de los sectores más vulnerables frente a ese cambio. ¿hacia dónde va ese cambio? ¿Estamos hablando de un cambio de estructuras, de un Ecuador postpetrolero, de abrir las puertas a las industrias extractivas con las consecuencias que tiene para personas y medio ambiente? La presencia de empresas y capitales de origen ruso o chino comienzan a preocupar, no porque Ecuador no tenga que tener inversión extranjera sino porque los países y empresas que están llegando no son precisamente los más reconocidos por los estándares de calidad con los que trabajan fuera de su territorio.

Finalmente, el reto de equilibrar el esfuerzo que se ha hecho en el campo de los derechos económicos, sociales, culturales de la población y el detrimento en torno a derechos civiles y políticos. Hay desequilibrio en la comprensión que el poder político tiene de determinados derechos políticos y civiles. Un ejemplo de ello es la libertad de expresión. Compartimos la preocupación del Estado y el gobierno en torno a los medios privados y sus propietarios, pero nos inquieta cómo en esa legítima actuación del Estado puede verse afectado de otras maneras el derecho a la libertad de expresión, a la libertad de información, etc.

Pressenza: es inevitable preguntarte sobre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y la posición abiertamente crítica del gobierno ecuatoriano y otros gobiernos frente al mismo. ¿Cuál es tu análisis?

 Pablo: el Sistema, sin duda, tiene deficiencia. No responde con la eficacia y eficiencia que las víctimas necesitan. Pueden pasar ocho o diez años hasta que el Sistema logre que el Estado responsable indemnice y repare a las víctimas. Hay problemas de procedimientos y también de recursos. De hecho, hay defensorías y procuradurías nacionales que cuentan con cinco veces más recursos al año que la Corte Interamericana o la Comisión, por mencionar un dato. Esto nos remite a la voluntad política de los Estados del hemisferio de financiar el sistema interamericano. El otro tema sensible es el tema de la universalidad de los derechos humanos y compartimos esa preocupación de algunos Estados de la región. El sistema tiene que hacer una reflexión y un esfuerzo claro para promover esa universalidad.

Ahora bien, en ese contexto aparece el malestar del gobierno ecuatoriano y otros gobiernos frente a las relatorías. Las relatorías son mecanismos de trabajo, son procedimientos especiales para vigilar y defender los derechos humanos. Evidentemente nos llama la atención que una relatoría como la de libertad de expresión tenga más recursos que otras relatorías, como la de trabajadores migratorios, por ejemplo. Es evidente que la Comisión tiene que hacer un esfuerzo de distribución equitativa de los recursos entre todas las relatorías y sería ideal, en el caso de la de libertad de expresión que esté bajo la responsabilidad de un comisionado y no de una experta o un experto contratado. Hay que pensar una fórmula para esa relatoría esté bajo las mismas condiciones y mandatos que las demás. Curiosamente hay otros países interesados en sostener esa relatoría y son sobre todo países nórdicos. En  todo caso, la Asamblea General de la OEA puede agradecer el apoyo que han dado Dinamarca, Estados Unidos, Noruega, España , entre otros, y exigir a los Estados de la región a que coticen. Es, nuevamente, un tema de corresponsabilidad de los Estados miembros.

Y en cuanto al lugar donde funciona la Comisión, es sencillo:   si hay un país que garantice una infraestructura adecuada, altísimas garantías de seguridad para el personal que investiga las violaciones de derechos humanos y altísimas garantías de seguridad para los millones de documentos que se conservan de miles de casos de violaciones a derechos humanos de todo el continente, la Comisión Interamericana puede ir a cualquier país del hemisferio.

Lo que demandamos las organizaciones es que haya los  estándares de seguridad indispensables para el personal y para la información altísimamente confidencial que compromete a Estados, a Fuerzas Armadas, a actores que todavía tienen posibilidad de actuar,  porque hasta este momento existen actores que jugaron papeles claves en las guerras en nuestros países. Si hay un país que garantice todo esto, bienvenido. La comisión puede estar en cualquier país.

Las organizaciones de derechos humanos saludamos y damos la bienvenida al interés de otros organismos de integración, como la UNASUR,  para contar con sistema de monitoreo de los derechos humanos que sea autónomo y no sujeto a la voluntad política de ningún gobierno y que le hará bien a nuestros ciudadanos.  Si la CELAC está en capacidad de hacer algo similar, excelente. No nos opondremos a que los propios Estados se comprometan a vigilar  y a rendir cuentas sobre el cumplimiento de los derechos humanos en la región. Quizás en diez o quince años estos otros sistemas cobren fuerza y el Sistema Interamericano no sea necesario. Por ahora es lo que tenemos y es necesario fortalecerlo, reformarlo y que todo se haga pensando en las víctimas, ese tiene que ser el eje del accionar en el trabajo de promoción y defensa de los derechos humanos.

Pressenza: para terminar y con mirada regional, ¿cuál es el desafío?

Pablo: América latina goza de democracias y eso es bueno para todos y todas. Sin embargo, nos encontramos con circunstancias similares en muchos países: la inexistencia de canales de diálogo, institucionalidades que tienen que ser fortalecidas, cartas constitucionales de avanzada que tienen que se respetadas, polarizaciones riesgosas que tienen que ser evitadas. Las organizaciones de derechos humanos están, en algunos de estos países, en una situación riesgosa. Algunas han tenido que enfrentar la arremetida de sus gobiernos en una suerte de demostración de intolerancia, es el caso de organizaciones de la PIDDH en Venezuela, Nicaragua o Bolivia. Son señales desconcertantes.

Un desafío regional, en este contexto, es que todos estos cambios con los que en esencia coincidimos se hagan en diálogo con las organizaciones y movimientos sociales. Si no creamos una cultura de participación ciudadana y diálogo el escenario puede tornarse bastante complejo a nivel regional.

 

Acerca del autor

Nelsy Lizarazo, colombiana, vive en Quito, Ecuador. Con formación profesional en Filosofía, Literatura, Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales.

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