Por Pilar Paricio

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictado una sentencia que afirma que la ley española de desahucios vulnera las normas de la Unión Europea, ya que no protege a los ciudadanos de posibles cláusulas abusivas que los bancos hayan incluido en las hipotecas.

Concretamente la normativa española impide a los jueces suspender un desahucio en el caso de que consideren abusivas las cláusulas de una hipoteca. El Tribunal europeo declara que la normativa española, en este punto, es contaría al Derecho de la Unión.

Si hacemos una revisión sobre el acceso a la vivienda en estos últimos años, veremos como a partir del 2001, la especulación inmobiliaria y la facilidad para acceder a créditos baratos, generaron un alza desmesurada del precio de la vivienda en España. La vivienda pasó de ser un derecho básico de los ciudadanos a ser un refugio de capitales especulativos y dinero negro.

Cuando una familia española quería crear una nueva unidad familiar, tenia que pedir un préstamo hipotecario, en muchos casos, casi por la totalidad de sus ingresos y durante un plazo mayor al de su vida laboral, para adquirir una vivienda. Banqueros, medios de comunicación, políticos y otros entendidos en la materia, repetían a la población que se trataba de una inversión segura, que
si en un futuro no pudiesen seguir pagando las cuotas de la hipoteca, siempre podrían vender la vivienda y recuperar lo invertido e incluso tener beneficios.
Las entidades financieras animaban encarecidamente a las familias a contraer créditos, prescindiendo de si las familias podrían devolver esos créditos.

A partir del 2008 se produjo una crisis inmobiliaria y el precio de la vivienda se desplomó. Paralelamente se generó una fuerte crisis económica que ha dejado a la cuarta parte de la población activa española en el paro. Muchas familias que adquirieron viviendas con préstamos hipotecarios, en este momento y debido a la crisis económica, se encuentran en la coyuntura de no poder seguir pagando esas hipotecas. Desde el comienzo de la crisis se han ejecutado en España más de 400.000 desahucios, la situación vital para muchas familias ha pasado a ser desesperante.

Ese fue el caso del Sr. Aziz, que en julio de 2007 suscribió con el banco Catalunyacaixa una hipoteca de 138.000 euros para adquirir su vivienda familiar. A partir de junio de 2008 no pudo seguir pagando las cuotas. Tras requerirle el pago, el banco inició un procedimiento de desahucio. Se celebró la subasta pública del inmueble sin que se presentara ninguna oferta, de modo que, con arreglo a la normativa española, la vivienda se adjudicó al banco por el 50 % de su valor. El 20 de enero de 2011 el Sr. Aziz fue expulsado de su vivienda. Aziz, había presentando una demanda solicitando que se anulara una cláusula del contrato de préstamo hipotecario por su carácter abusivo y, por lo tanto, que se declarara nulo el procedimiento de desahucio.

En este contexto, el Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Barcelona, decidió preguntar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la conformidad del Derecho español a las normas europeas.

El 14 de marzo del 2013, el Tribunal de Justicia declara que la normativa española no se ajusta a la Directiva de la Unión europea sobre las cláusulas abusivas.

Este es un primer triunfo de la ciudadanía ante las condiciones abusivas del poder financiero y político. Numerosos colectivos, plataformas, asociaciones y vecinos han luchado todos estos años contra los desahucios, contra las deudas de por vida después de perder la vivienda, contra las condiciones abusivas para acceder a la vivienda.

Existen ejemplos como el de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, que ha conseguido promover una Iniciativa Legislativa Popular apoyada por casi un 1.500.000 de firmas. Esta propuesta de ley, plantea que en caso de que un ciudadano no pueda pagar la hipoteca, tenga la posibilidad de entregar la vivienda al banco y quedar libre de la deuda, además de tener derecho a seguir residiendo en la vivienda por un período de 5 años, pagando un alquiler social. Ejemplos como el de muchas asambleas de barrio del 15M que han frenado numerosos desahucios. Ejemplos como el de vecinos y plataformas que han okupado edificios de viviendas vacíos en propiedad de los bancos.

La decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea obliga al gobierno español a reformar la ley hipotecaria. Hace años que parece urgente un debate profundo en el Parlamento sobre la legislación hipotecaria, la Iniciativa Legislativa Popular presentada por los ciudadanos y en definitiva sobre como hacer efectivo un derecho muy mermado actualmente en España, el derecho a una vivienda digna.