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Chile: juicio al golpe

Por Eduardo Contreras

Nada dijo la prensa escrita nacional. Los demás medios de comunicación del país, salvo
honrosas excepciones, tampoco informaron en Chile que el 14 de diciembre pasado
las más importantes organizaciones nacionales de derechos humanos, la AFDD y
la AFEP, que agrupan a los familiares de detenidos desaparecidos y de ejecutados
políticos respectivamente, presentaron una querella criminal en contra de quienes
aparezcan responsables de la perpetración del delito que implica el golpe de Estado
de 1973. La patrocinamos junto al abogado y académico Alfonso Insunza.

La prensa internacional en cambio, incluidos medios conservadores como el ABC
de España, informaron fluidamente. De hecho, en su breve paso por nuestro país,
el ex juez español Baltasar Garzón destacó su mérito jurídico e hizo expresa su
solidaridad con esa acción penal.

La figura criminal tipificada en nuestro Código Penal es el alzamiento armado contra
un gobierno constitucional para impedir la continuidad de sus funciones y la de otros
órganos del Estado, como el Parlamento. Es decir, exactamente lo ocurrido en Chile.

De lo que se trata es de investigar y establecer quienes participaron en la
preparación, organización, instigación, apoyo material y político y posterior
materialización del golpe y, si hay prueba suficiente, aplicar las penas
correspondientes que oscilan entre los 5 y los 20 años de cárcel efectiva.

¿Puede haber algo más legítimo y más necesario que instar al indispensable
esclarecimiento de la verdad y el castigo a los culpables habida cuenta del
genocidio llevado a cabo a partir del mismo 11 de septiembre? No hay tragedia
mayor en nuestra historia y el solo intento de acallarla o de esconder los nombres de
los autores materiales o intelectuales, de los instigadores y autores mediatos, nos
haría cómplices o encubridores de esos abominables actos de terrorismo de Estado.

Cegado por su odio a la Revolución Cubana y con torcidos propósitos, el diputado
Coloma de la UDI dijo que en los tiempos modernos no es aceptable que un
Estado ampare el terrorismo y a los terroristas. En este caso el político pinochetista
pretendía con falsedades implicar a Cuba como refugio de quienes hace años dieron
muerte en Chile a Jaime Guzmán, ideólogo de la dictadura. Sin embargo, ese mismo
parlamentario, que fue figura destacada en el pasado reciente cuando el homenaje
de corte hitleriano a Pinochet en Chacarillas, no ha movido un dedo para aportar a la
investigación de los crímenes de la dictadura que con tanto entusiasmo apoyó.

Volvamos a la querella. Se encuentra hoy en manos del juez Mario Carroza.
Digamos que es de su cometido porque fue designado expresamente hace años
por auto acordado de la Corte Suprema para conocer de los delitos que importen
violaciones a los derechos humanos ; de allí emana su competencia judicial.

Sin embargo la querella extrañamente tardó más de un mes en llegar desde la
Corte de Apelaciones de Santiago, que es en donde debía ingresarse, hasta las
oficinas del magistrado ubicada a un par de cuadras del lugar. Algo sucedió en el
intertanto que no sucede con las otras querellas. Todo indica que se trató de las
curiosas singularidades que ocurren en este país cuando algo puede alterar la
paz de los que Andrés Allamand, hoy candidato presidencial de RN, llamó en su
momento “los poderes fácticos”.

Hagamos un poco de historia para situar la pertinencia de la querella: Por decreto
ley nº 5 del 12 de septiembre de 1973, es decir al día siguiente del golpe, Pinochet
decretó el estado de guerra interno en todo el país e hizo aplicable la legislación
de tiempos de guerra. Esta medida, copiada de igual resolución de la dictadura
uruguaya de pocos meses antes, fue adoptada – como en el caso original – para
justificar los fusilamientos sin juicio bajo la fachada de supuestos consejos de
guerra que la mayoría de las veces ni siquiera se llevaban a cabo o se hacían con
posterioridad a la ejecución de las víctimas.

Pero, para lo que nos interesa explicar, el punto es que, al hacer aplicable la
legislación de tiempos de guerra la dictadura hizo aplicables los Convenios de
Ginebra, que eran ya hacía tiempo ley chilena tras su ratificación y aprobación a
comienzos de la década de los años 50 del pasado siglo y cuyo artículo 3º, común
a los 4 Convenios, establece la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad.
Es precisamente lo que ha hecho posible los procesos en curso hoy en Chile por las
violaciones específicas, caso a caso, de los derechos humanos.

De tal suerte que aunque en nuestro país lo que sucedió a partir del golpe fue
una masacre, una matanza, un genocidio contra un pueblo desarmado y no una
guerra, sin embargo desde el punto de vista jurídico y en mérito del DL citado,
sí hubo, legalmente, estado de guerra y por consiguiente los prisioneros fueron,
técnicamente, todos ellos prisioneros de guerra. Así lo ratificaron además diversos
fallos de la mismísima Corte Suprema de aquellos años que, avalando la acción de
la dictadura, sostenían invariablemente que en Chile estábamos en guerra.

Los asesores de Pinochet no tuvieron suficientemente en cuenta el alcance jurídico
futuro de la implantación forzada de ese decreto ley, o tal vez pensaron que el
fascismo criollo sería eterno.

Y bien, los Convenios de Ginebra se refieren a “prisioneros de guerra” y los
nuestros, conforme lo explicado, tuvieron esa calidad por lo que el asunto está
definido y sancionado hace años. De consiguiente, estos delitos y las respectivas
acciones penales no prescriben. El Estado no puede eludir sus responsabilidades, el
juez es competente y la acción no ha prescrito.

En cuanto a los ilícitos tipificados en la ley penal, cabe recordar que los conjurados
del 73 produjeron efectivamente el quiebre constitucional, impidieron la continuidad
del mandato del presidente constitucional y de los demás órganos del Estado.

Sabemos además que no lo hicieron solicitándolo respetuosamente, sino con
brutal violencia, entre otros actos bombardeando el palacio de La Moneda. A este
respecto, es preciso advertir que oficiales de la FACH, dispuestos a declarar en el
juicio, nos hacen saber que el bombardeo a La Moneda no fue un acto casual, ni
improvisado. Fue preparado minuciosamente con varios meses de anticipación. En
su momento, saltarán a la luz interesantes nombres de personajes vinculados a ese
operativo que es parte de los ilícitos denunciados en la querella del 14 de diciembre
pasado.

En cuanto al Parlamento, del que el autor de esta nota formaba parte, no sólo se
clausuró y cerró el Congreso sino que además se ordenó “disolverlo”.

Son de sobra conocidos además los delitos que los conjurados perpetraron con
anterioridad, pero encaminados al objetivo golpista. Algunos incluso juzgados en
tribunales, como el asesinato del general Schneider y la actividad criminal del grupo
terrorista “Patria y Libertad” entre cuyos fundadores figura el ideólogo de la dictadura
Jaime Guzmán y que, paradojalmente, tuvo como líder al actual Decano de Derecho
de una Universidad, el abogado Pablo Rodríguez. No por nada este individuo se
asiló en la embajada ecuatoriana a mediados del 73 cuando el frustrado golpe
denominado “el tancazo” del que su grupo era parte.

La querella no se dirige contra ninguna persona en particular, pero aporta
antecedentes calificados que han de servir al juez para sus determinaciones. Se cita
investigaciones periodísticas valiosas por su rigurosidad y seriedad como es el caso
del libro “La Conjura, los mil y un días del golpe” de la periodista Mónica González,
entre otros.

Pero la principal fuente es sin duda el llamado “Informe Church” del Senado
norteamericano, que es resultado de la comisión investigadora presidida por el
senador republicano por Idaho Franck Church dado a conocer el 18 de diciembre de
1975 y que investigó la participación de la Casa Blanca, la CIA, las Corporaciones
Multinacionales y el Pentágono en las acciones encubiertas realizadas en Chile
entre 1963 y 1973. Se trata de documentos, testimonios y declaraciones indubitables
y es larga la lista de personajes chilenos involucrados, entre militares, civiles,
empresarios, políticos y periodistas.

Por cierto Agustin Edwards, de El Mercurio, la CIA y la Coca Cola, el citado Pablo
Rodríguez, Onofre Jarpa, y diversos líderes del sector más reaccionario de la
Democracia Cristiana entre ellos los ex presidentes Eduardo Frei Montalva y Patricio
Aylwin.

¿Es posible imaginar que a 40 años desde el golpe se pueda juzgar legalmente
tanto tiempo después a quienes lo fraguaron y ejecutaron? La respuesta es que el tiempo no es una excusa que salve a los culpables cuando
se trata de delitos de lesa humanidad. Un ejemplo acaba de llegarnos desde
España.

La Audiencia Provincial de Barcelona aceptó a trámite la semana pasada una
querella presentada por el jurista italiano Newton Bozzi y el abogado catalán Jaume
Asens para que se castigue a los 21 pilotos de guerra fascistas italianos que entre
el 16 y el 18 de marzo de 1938, hace 75 años, bombardearon la bella ciudad de
Barcelona causando un elevado número de víctimas.

¿Es posible considerar el alzamiento armado contra un gobierno constitucional
como delito de lesa humanidad y por tanto imprescriptible? Por supuesto que sí,
perfectamente, y es más: hay un importante precedente. Se trata de la sentencia
de la juez Mariana Mota dictada en Montevideo con fecha 9 de febrero de 2010
que condena al ex dictador uruguayo Juan María Bordaberry a 30 años de presidio
efectivo por el golpe en su país el mismo año 1973.

Se trata de situaciones similares y con fundamentos que igualmente existen en el
caso chileno, por lo que podemos sostener sin equivocarnos que es procedente
en nuestro caso que se juzgue a quienes resulten responsables. La querella es
perfectamente viable, además de necesaria.

En la medida que se desarrolle el proceso se irá rompiendo además el muro del
silencio levantado por aquellos a quienes no les conviene que se sancione en
tribunales una verdad conocida y que afecta directamente los intereses de los
sectores hasta ahora dominantes de la sociedad chilena.

Corresponde esperar que nada ni nadie perturbe el avance de esta iniciativa
procesal de los familiares de las víctimas. ¿Seremos capaces los chilenos de llegar
hasta el final? No será por falta de empeño de los demócratas auténticos.

Publicado por Barómetro Internacional   

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